Los embates de la crisis económica han llegado al país transalpino, pues una característica de esta crisis en plena economía globalizada es que no respeta fronteras; pero su gobierno ha reaccionado con agilidad y contundencia adoptando una serie de medidas de recorte de gasto público que le hacen digno de encomio por la valentía política demostrada dado que dichas medidas contienen supresión de ayuntamientos y provincias, en un intento de disminuir la burocracia pública.

Aún así, en términos cuantitativos (supondrá un ahorro de unos 45.000 millones de euros) quizá no sea determinante para atajar de raíz el problema de la crisis económica en Italia, y probablemente habrá de completarse con más medidas complementarias de tipo económico estructural. Pero para los españoles, no deja de ser una respuesta a tener en cuenta, dada la analogía de la distribución del poder político administrativo territorial, y sobre todo porque señala con decisión un ámbito donde cortar fuentes de gasto corriente, la mayoría de las veces de forma ociosa.

En España no tiene sentido tener varios escalones de Administración (estatal, autonómica, provincial y local), que a veces solapan competencias con la consiguiente descoordinación e ineficacia. De hecho, la actual crisis económica que ha dejado a la mayoría de estas Administraciones en “números rojos”, ha puesto de manifiesto, además, cómo han trabajado “de espaldas” en la sustentación de los servicios públicos, duplicando partidas de gasto, generando gastos corrientes innecesarios, y dispersando los focos de decisión política. Así, tampoco tiene sentido la existencia de varios cuerpos de policías (estatales, autonómicos y locales) con su descoordinación subsiguiente. Otro caso sería, ¿si la educación está transferida a las Comunidades Autónomas, qué hacen los ayuntamientos metidos en la administración de este servicio público –a través de los conserjes, la limpieza o locales escolares-?. Y así sucesivamente.

Ya empiezan a clamar voces entre los políticos del PP y del PSOE en la adopción de esta medida de recorte, si bien de forma “ladina” no hablan de supresión, sino de mancumunar servicios públicos locales –mecanismo que ya existe el mantenimiento de servicios públicos locales de ámbito comarcal o provincial, con resultados desiguales-. Aunque la diferencia entre la solución italiana y la que señalan estos tiene palmarias diferencias, pues la mancomunidad de servicios no conlleva la supresión del órgano político administrativo (ayuntamiento o diputación), con lo que ya se supone que la intención apunta a salvarse entre la clase política –conservando los puestos de alcaldes, concejales y diputados provinciales, prescindibles en caso de supresión o reagrupación-. ¡Está claro, sálvese quien pueda….!

Entre tanto, ni una palabra de entes públicos de invención política, ni de las televisiones autonómicas, y aún locales, de las numerosísimas emisoras de radio de fm municipal, de empresas públicas ruinosas, gastos de protocolo, asesores políticos, coches oficiales, sueldazos y dietas de cargos políticos de ese nivel.

Por consiguiente, primero hay que tener voluntad política para la adopción de decisiones drásticas, que nos afectarían a todos, pues la alternativa sería la utopía de cambiar el sistema o salirse del mismo; lo que está claro es que con este sistema no se puede seguir así.

Pero además de este tipo de medidas de ahorro económico interno, habrá que abordar medidas reguladoras de los mercados financieros a nivel internacional, pues se han revelado las perversidades del sistema, especialmente de especuladores internacionales sin escrúpulos que como nuevos “corsarios” se han aprovechado de los fallos de estos mercados para esquilmarlos. De forma que la Comunidad Internacional no puede estar expuesta a este tipo de turbulencias financieras con efectos tan perversos como injustos en las economías nacionales; y mucho menos que la agenda política la marquen las devastadoras acciones de estos. Pues si los gobiernos no reaccionan y defienden a sus ciudadanos de estas acciones, acabarán por mostrar su inutilidad, concluyendo en una crisis política y social de imprevisibles resultados.