No es ético y mucho menos justo que las Administraciones públicas españolas contraigan un volumen tan elevado de deuda con los trabajadores autónomos. Si son ciertos los datos que ha aportado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), entonces estamos ante un problema serio y ante un abuso que no se debe consentir. Y no hablamos de media docena de euros sino de 14.983 millones de ellos. Posiblemente para la camada de políticos mediocres que no ha tocado conocer en nuestro tiempo no sea mucho pero sí lo es para los autónomos. Quede claro que se libran muy pocas comunidades autónomas y ayuntamientos.
A nadie debe sorprender que las oficinas de farmacia se pongan en huelga o que las industrias farmacéuticas fijen plazos a alguna comunidad autónoma para que pague, con la amenaza de no servir medicamentos ni útiles sanitarios a los hospitales. Ahí tienen el escándalo reciente en Castilla La Mancha y los avisos de las farmacéuticas a la Junta de Castilla y León. Pagan o suspenden servicios. Debería suponer un alto grado de vergüenza para las administraciones públicas el hecho de que estén siendo financiadas por los autónomos y los pequeños empresarios, precisamente aquellos a quienes más daño se ha hecho durante esta larga crisis desde esas instancias.
Es curioso cómo en Castilla y León algunos hospitales han concentrado enfermos en pocas plantas sanitarias para no tener que efectuar contratos de personal durante el verano, a lo que hay que unir el hecho de que determinados servicios – como los de lavandería— se van a privatizar en breve. Recientemente nos pedían en un centro sanitario público que, si era posible y no nos servía de molestia, llevásemos nuestras propias toallas. Como lo leen: para echarse a temblar.
Hace días tuvimos acceso al informe difundido por la federación antes referida. La misma que hoy difunde los datos en varios medios de comunicación y las comunidades autónomas no se libran. Mientras que Cataluña casi debe 3.000 millones de euros, Andalucía alcanza los 2.500 y Madrid o Valencia rozan los 2.000. No se queda atrás Castilla y León que casi llega a los 1.000 millones de deuda retrasada. No sorprende que todas o casi todas hagan las cuentas del Gran capitán. Lo que no es de recibo es que sigan pensando que los tiempos no han cambiado.
No solo se deben ingentes cantidades de dinero a los microempresarios sino que también los centros educativos de algunas comunidades han recibido recientes recortes que van a dar que hablar en los próximos meses. Eso sí, a algún consejero se le llena la boca cuando habla de calidad y de excelencia; no se da cuenta que tiene menos credibilidad que el candidato del PSOE a las próximas generales. Tomen nota: Castilla y León ha rebajado el presupuesto educativo de los centros hasta en un 41,14%. Se conoce que no tienen que volver a un centro educativo; tal vez, como en el chiste, dediquen más dinero a los centros penitenciarios, por si acaso. Lo que está claro es que la diferencia entre lo sutil y lo vulgar no está más que en la ignorancia de cada uno. Y de esa en las comunidades de segunda hay mucha y muy repartida.
