El modelo actual de democracia se basa en la representación como mecanismo principal y casi único de participación del pueblo en política. Todo el entramado de partidos y de instituciones conforman este sistema donde los representantes son los actores principales en la toma de decisiones, de manera que se configura una especie de pirámide de representadxs en la que según se asciende se toman decisiones en representación de todos los que hay debajo, siendo el presidente (o el secretario general) el representante último, que toma las decisiones en nombre de todos.

Representar tiene varias acepciones. Dejando de lado la más teatral, en la que la farsa está aceptada, todas las demás requieren de veracidad: me representas en algo si defiendes mis intereses, lo haces con el mismo interés (y tal vez mayor acierto) que si fuera yo. Eso es lo que hacen los representantes de actores, músicos o deportistas: actúan en nombre de ellos, defendiendo los intereses de sus representados.

Sin embargo nuestra actual democracia representativa ha ido progresivamente cayendo en una dinámica en la cual se van perdiendo sus dos naturalezas: el gobierno del pueblo, y las actuaciones en defensa de los intereses de todxs. Y aunque esta situación aparenta ser una crisis de la democracia, es en realidad una crisis de la representación.

Las democracias contemporáneas nacen como respuesta burguesa al poder absoluto de los monarcas. El sistema de leyes y derechos que las regulan, ha ido apareciendo como compensador de las desigualdades y como garante de los derechos de la totalidad de lxs ciudadanxs. Por eso solemos usar como sinónimo de democracia la expresión ‘Estado de derecho‘.

Así pues, este edificio de derechos, instituciones, partidos y organizaciones (lo que podríamos llamar ‘el sistema‘) aparece como el defensor de los intereses de todxs, y además como algo que nos es propio, puesto que todo el mundo puede participar en él, mediante los mecanismos de representación, ya sea proponiéndose como representante, o participando en la elección de los representantes.

Pero… ¿Qué garantía tenemos lxs representadxs de que nuestros representantes van a hacer su labor correctamente? ¿Que mecanismos legales y/o institucionales tenemos para verificar que la representación se está realizando de forma correcta en defensa de nuestros intereses y, en caso de no ser así, anular esta representación para elegir otra?

Pues, de forma general y efectiva, ninguna. No la podemos verificar, comprobar, supervisar, ni por supuesto, anular.

Y es ahí, en esa falta de supervisión, donde aparecen intereses mucho más poderosos que socavan de manera imparable el funcionamiento de nuestra democracia, vaciándola de su contenido nominal. Estos intereses, fáciles de rastrear entre los poderes fácticos clásicos (la banca, la iglesia) y otros más contemporáneos (las grandes corporaciones, la oligarquía capitalista mundial, mal llamada ‘los mercados‘), disponen de la capacidad de impedir a los representantes populares que cumplan con su encargo, mediante dinero, cargos, privilegios y prebendas que les son otorgados de manera interesada.

Esa es la situación que nos lleva al estado actual, en el que los representantes (nominales) del pueblo, lo son realmente de los intereses contrarios al pueblo. Rescates bancarios, relajación en la vigilancia del cumplimiento de las normas de unas empresas, legislaciones que protegen el funcionamiento irregular y dañino de otras… En resumen, el sistema como defensor de los poderosos, y como agresor del pueblo en general, y de lxs más desfavorecidxs en particular.

Quedan completamente justificados los cánticos del 15M “¡Que no, que no, que no nos representan!”. Efectivamente, están representando a los que quieren su beneficio particular a costa del perjuicio común.