Después de más de 10 años de conflicto y billones de dólares gastados en ayuda humanitaria tanto las Fuerzas de la Coalición como las Organizaciones Internacionales no han conseguido estabilizar el país política o económicamente.

La ONG especializada en el estudio y la prevención de conflictos, Internacional Crisis Group (ICG), ha hecho público un informe en el que hace evidente que la intervención en Afganistán ha sido un desastre tanto desde el punto de vista militar como en el de la ayuda a la población civil para crear y estabilizar un sistema democrático en el país.

Según el estudio “a pesar de que la Comunidad Internacional ha gastado miles de millones en ayuda humanitaria, las instituciones estatales siguen siendo víctimas de la corrupción, frágiles e incapaces de garantizar gobernabilidad, seguridad y los servicios más básicos para la población afgana”.

Es más, ICG asegura que después de más de 10 años de conflicto, incontables bajas civiles, militares e Internacionales, la Insurgencia se encuentra ahora en áreas que habían sido declaradas seguras, “mientras los políticos en Washington y demás capitales occidentales buscan salir como sea de una guerra impopular”.

Y es que según los especialistas de esta ONG “la Comunidad Internacional no tiene una política coherente para reforzar al estado Afgano”.

Un estado que, por otro lado, cada día hace más evidente la imposibilidad para garantizar no sólo la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la de sus líderes estatales y provinciales, muchos de los cuales están siendo asesinados a una velocidad pasmosa.

Sólo en la campaña de primavera y verano de este año los máximos representantes en el sur y el norte del país han sido asesinados.

Fuerzas de Seguridad Afganas incapaces

Entre los años 2002 y 2010 los países de la Coalición han financiado las diferentes Fuerzas de Seguridad Afganas con aproximadamente 29 billones de dólares, pero a día de hoy “tanto el Ejército Nacional Afgano como la Policía son incapaces de garantizar la ley, vencer a la Insurgencia o incluso asegurar las siete regiones que han pasado a su control” como parte del proceso de transición que acabará en 2014. Entre estas regiones destacan los centros neurálgicos del norte, este y oeste del país como son la capital, Kabul, la norteña ciudad de Mazar-i-Sharif, y en el oeste la ciudad de Herat.

Además, las Fuerzas de Seguridad Afganas siguen siendo consideradas por muchos afganos como el paradigma de la corrupción en el país, y han sido acusadas en diversas ocasiones por diversas Organizaciones Internacionales, como la ONG Oxfam Internacional o las Naciones Unidas, de no respetar los derechos humanos, impunidad ante la ley, asesinatos y torturas.

Prueba de ello son los servicios de la Policía Secreta Afgana que, en todo el país, actúan sin observar ningún requerimiento legal y, según diversos especialistas en seguridad, casi como una entidad criminal.

Por ello, ICG ha asegurado que “el incremento de ayuda Internacional para las Fuerzas de Seguridad Afganas no conseguirá estabilizar el país en los próximos tres años si no se llevan a cabo grandes cambios en estrategia, prioridades y programas” para el gobierno de Afganistán.

Por otro lado, ICG también asegura que la actual tendencia mostrada tanto por el gobierno de Karzai como por la administración del presidente norteamericano, Barack Obama, de buscar una salida al conflicto negociando con los Talibán “podría amenazar todo los avances en educación, salud y derechos de las mujeres”.

Ayuda Humanitaria

Desde la caída del régimen Talibán en 2001 la ayuda humanitaria proporcionada por la Comunidad Internacional ha ascendido a un total de 57 billones de dólares. Pero según ICG todo este dinero destinado a la reconstrucción de Afganistán “no ha cumplido sus objetivos y ha fallado en su misión para ayudar a la población Afgana”.

Esto se debe a que los proyectos de reconstrucción han sido víctimas de “una planificación muy pobre que ha afectado a la efectividad de los mismos haciéndolos casi insostenibles, así como por la cantidad excesiva de subcontratistas e intermediarios en los proyectos”.

Asimismo, ICG denuncia que debido a la corrupción y sobornos, mucha de la ayuda humanitaria se pierde por el camino.

Pero la acusación más alarmante es la de que en algunos de los proyectos de reconstrucción tanto el Gobierno de Afganistán como los actores Internacionales “han pagado sobornos a los grupos de Insurgentes para asegurar la seguridad en varios proyectos”.

Finalmente, ICG hace hincapié en el hecho de que casi toda la ayuda humanitaria, así como el dinero para los proyectos de reconstrucción, ha sido centralizado y distribuido desde la capital, Kabul, tanto por el Gobierno Afgano como por las Fuerzas Internacionales.

El resultado de esto ha sido “una falta de recursos en las provincias, con una muy poca participación de los líderes de las mismas”, por lo que los avances en las mismas han sido mínimos.

La estrategia de EUA no funciona

La ONG también ha sido extremadamente crítica con la estrategia para la ayuda humanitaria que los Estados Unidos y sus aliados están empleando en Afganistán, según la cual “la ayuda humanitaria debe respaldar a los éxitos en los objetivos militares”, calificándola de “contra productiva y un gran error”.

Esta estrategia se basa en la implementación inmediata de ayuda y reconstrucción al liberar una zona de guerrilleros Talibán, lo que quizás a llevado a las fuerzas de seguridad Internacionales a no tener en cuenta a la población civil.

Motivo por le que ICG asegura que estos proyectos no sólo han fallado sino que “han aumentado la desconfianza por parte de la población hacia el gobierno de Afganistán”.

Además, el hecho de que la ayuda esté supeditada a los éxitos militares entra en contradicción con los mandatos de las diferentes ONGs y Organismos Internacionales operando en Afganistán cuyo objetivo es ayudar a toda la población afgana, y no sólo a los que están al lado de la Coalición y el Gobierno afgano.

Por todo esto, Internacional Crisis Group afirma que para cuando llegue la la Transición de Poderes en 2014 “muchos de los objetivos principales no serán cumplidos”, dejando en jaque así a los pocos avances conseguidos en materia social durante un conflicto que ya sobrepasa la década y en el que se han invertido billones de dólares para reforzar un democracia que sigue en peligro de extinción.