Porque una cosa es que el Tribunal de Justicia europeo critique el encadenamiento de contratos eventuales en el sector público y otra muy diferente es que no se creen plazas suficientes de empleo para que disminuya, significativamente, el personal eventual en las administraciones públicas.

En el ámbito de la enseñanza, si no se enmienda el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que reduce los contratos a los interinos y eventuales a un máximo de tres años se provocará un desastre terrible a más de cien mil personas en todo el territorio español. Los partidos políticos y especialmente el Partido Popular tienen la obligación ética y jurídica de eliminar la duración máxima de 36 meses en la contratación de profesores interinos y otros empleados públicos eventuales.

Esta propuesta del Gobierno volatiliza o destruye de golpe la estabilidad laboral de los funcionarios interinos. Que lo son porque salen pocas plazas a lo largo de los años y por otras causas que sería muy complejo explicarlas en unas líneas.

Se sabe que, de momento, el ejecutivo no ha explicado cómo llevará a cabo la limitación de tres años. Pero es un absurdo total y una completa barbaridad que esta medida se aplique. Debe ser suprimida totalmente de La Ley de Presupuestos Generales. Ya que supondría, sin duda, que se echaría a la calle a más de cien mil docentes interinos que aportan su trabajo, experiencia y saber al Estado de forma ejemplar. En muchos casos durante décadas.

La rotación de los empleos ya está garantizada con las jubilaciones y el acceso al trabajo en Educación y en otros sectores de lo público y es perfectamente posible con las oposiciones. Tanto con la consecución de plaza definitiva como con el logro de puesto de trabajo interino. El Gobierno no puede precarizar la situación de miles de personas junto con sus familias en toda España.

En Asturias, si se aprobara lo que quiere aprobar el gobierno central de Madrid, podría ser que se despidiera a una parte considerable de un total de 3.000 profesores interinos, algo que nadie desea. Ya que la tasa de docentes interinos es en el Principado de Asturias de algo más del 30% del profesorado que imparte clases. Y realizan una labor decisiva y muy importante, puesto que aportan sus conocimientos y aumentan la calidad del sistema educativo. Además, aportan estabilidad al proceso de enseñanza.

Es lógico que Suatea y otros sindicatos de la enseñanza estén en contra de esta medida claramente injusta, inequitativa, discriminatoria y contraria a derecho, ya que es algo absolutamente intolerable y que pulveriza los derechos de los profesores interinos. En la Comunidad de Murcia también se están movilizando los profesores interinos y los sindicatos.

Si a esto se añade que los docentes que superan los 55 años y que ya llevan trabajando en la enseñanza más de 20 años pueden verse literalmente también en la calle, con la medida de los 3 años, la situación es surrealista y propia de una película de los hermanos Marx.

Respecto a esto conviene poner de manifiesto que en el País Vasco y en Canarias los profesores interinos que llevan un cierto número de años impartiendo enseñanza han logrado que sus contratos laborales se enlacen o se prorroguen en los años que les quedan para jubilarse. Es de sentido común. Y esto no se hace en todas las Comunidades Autónomas que sería lo lógico, aunque ha sido reiteradamente solicitado por los sindicatos de la enseñanza. Y esto último lo digo con todo el respeto para las autoridades educativas, ya que es la expresión de mi derecho a opinar y de mi libertad de expresión.