Como soy de la opinión de que en política no hay delito menor y sí de que debe haber tolerancia cero con cualquier clase de conducta indecorosa o sospechosa de ser delictiva, aplaudo con cauta fe la decisión del tribunal correspondiente que ha decidido sentar en el banquillo al señor Camps y a algunos de sus más allegados colaboradores con motivo de esos carísimos trajes presumiblemente obtenidos por cohecho impropio. Bien por el juez, bien por el fiscal, bien por la acción que, con la debida cautela, entiendo dirigida al esclarecimiento de toda esta repugnante situación de corrupción generalizada que asola España. Ni un traje, ni un cigarrillo siquiera, puede ser regalado a un cargo político –el que sea, de donde sea y del partido que sea- sin que haya consecuencias severas o severísimas. Así debe estar la cosa, y, si hacen falta más cárceles, se construyen.

Mi cautela al aplaudir esto no viene de la decisión de los tribunales de juzgar a Camps, sino justamente de que esto pueda ser una torcida maniobra política de unos contra otros, o nada más que de cara a la galería, en un país en que a los peces gordos nunca, nunca les pasa nada (salvo a esas víctimas propiciatorias más sacrificadas por sus propios partidos que por los tribunales), y donde las decisiones de estos son, cuando menos, mucho más que cuestionables. Aquí, salvo para mostrar una muy condenable sevicia y pasarse miles de pueblos (quién sabe si delictivamente) contra infelices que no han matado en su vida a una mosca, como Miguel Montes Neiro, quien ya lleva cumplidos cuarenta y cinco años por el desvarío de sus señorías y toda la trama ésa que también debería ser juzgada por esto con al menos la misma sevicia para que obtuvieran semejante condena, francamente, dejan mucho que desear. Por una parte, ya se ve que su especialidad es condenar infelices (quién sabe si inocentes) para justificar cifras, números o argumentos políticos, pero los grandes tiburones ahí están, incluso los que han pagado alguna pena pero no han devuelto nada o casi nada de su cabal latrocinio.

Me refiero, claro, a los miles y miles de casos de indeseables y corruptos que, tras quedarse con millonadas que no eran suyas, pasaron una temporadita en la cárcel (o no), y, ¡hala!, ahí les tienen en la Riviera, en lo más alto de la sociedad e incluso en la televisión, dando clases de honestidad. Si todos estos pillos hubieran devuelto lo que robaron, aun con los patrimonios presentes y futuros propios y de sus allegados, presumibles testaferros, otro gallo nos cantaría, y ya habríamos pagado mil crisis como la que sufrimos. Pero la justicia es la que es, las sentencias son las que son y, claro está, tenemos el país que tenemos, que incluso los terroristas, o los socios políticos de los terroristas, ya controlan ayuntamientos (con sus presupuestos e información), diputaciones (con sus presupuestos e información) y Comunidades (con sus presupuestos e información). Por lo tanto, doy un voto de confianza a esta decisión de procesar a Camps, pero con cautela, con mucha, con muchísima, con una exageración, con una barbaridad cósmica de cautela. Me juego un céntimo de euro a que no pasa nada, vaya.

Lo correcto es que Camps tenga ahora todas las oportunidades para defenderse, y que resulte lo que tenga que resultar según los hechos que sean realmente probados (no basta con que la sentencia diga, como siempre, “queda probado…” cuando no se ha probado un carajo). La cuestión es que para que esto no sea un linchamiento político (ni lo parezca), sino una vocación de la ley de perseguir al delito, ahora hay verdadera urgencia porque estos mismos tribunales sienten en los banquillos no sólo a quienes han recibido presuntamente regalos de trajes o bolsos, sino a toda esa recua que ha arruinado ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas, endeudándolos presumiblemente de forma extraordinariamente tramposa con miles de millones de euros, además de colocar como funcionarios mediante trampas a decenas de miles de colegas, amigos, parientes o lo que sea.

No importa que haya construir más cárceles: se hace. Pero todos estos probables delincuentes deben, en cualquier caso, al menos sentarse ante los tribunales y, al igual que el señor Camps, en un juicio justo y con todas las garantías demostrar su inocencia, que es lo que se le pide a este señor que no tiene facturas de sus trajes. Es más, estoy seguro de que bastará, en la mayoría de los casos, con que se comparen las propiedades y bienes de todos estos presumibles choris con los posibles legales obtenidos en razón de sus ingresos.

Es una obligación ineludible de los tribunales, así las cosas, y espero que todos los que han aplaudido el procesamiento de Camps (cosa que también he hecho), presionen con todas sus fuerzas para que todos los cargos salientes de todos los ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas que presumiblemente han quebrado a intención sus respectivas instituciones, presumiblemente se han enriquecido ilícitamente, presumiblemente han derrochado como nuevos ricos lo que no era suyo, presumiblemente han beneficiado a amigos, parientes y colegas con sus decisiones de adjudicación, compra o aprovisionamiento, presumiblemente se han enriquecido a sí mismos regalándose trajes, comilonas, coches y hasta el disfrute sexual con quienes comercian con su carne en bacanales propias de los romanos, o con quienes han convertido sus instituciones en mafias que reparten los dineros públicos entre los soldados o capos, colocan a su tropa con cargo a las instituciones, ayudan a hijitos o hijitas o a ambos, subvencionan a trasmano, etcétera, sean no sólo sentados en el banquillo de los acusados de los tribunales (aunque tengan que ser corridos o celebrarse macrojuicios), sino juzgados con total transparencia, públicamente y con todas las garantías legales.

Lo que es igual, ya se sabe, no es trampa. Además, no está de sobra el que acciones como éstas pongan un punto final a la corrupción que nos asola, especialmente desde la impune época del anterior periodo socialista hacia acá.

Sentar a Camps en el banquillo de los acusados por unos trajes que no puede justificar está muy bien, pero sería desde todo punto de vista injusto (si es que no ilegal) y un linchamiento, que no se procesara también y en la misma medida a todos los cargos políticos que, según hemos visto en televisión, con toda impunidad han destruido pruebas documentales de sus presumibles latrocinios, y existen auditorías y datos sobrados para saber que durante sus mandatos usaron sus cargos para beneficio de los suyos, el de su partido y, muy particularmente, el de su propia carne y su propio bolsillo. Es la hora: estamos esperando las demás órdenes de procesamiento, y son muchas, muchísimas, pero ningún delito político y ninguna corruptela debe quedar impune, porque si cuatro trajes que suponen 3000 euros tienen este costo de alarma nacional y de ríos de tinta que han supuesto, ¿qué no merecerán los cerca de 45000 millones de euros que, según algunas fuentes, suponen el desfalco acontecido en el conjunto de los ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas?... Son muchas, muchísimas las órdenes de procesamiento que estamos esperando, las de casi todos los cargos de los ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas salientes (o todavía en activo), y, por supuesto, la de algunos miembros del Gobierno de la nación por cuestiones que están en la mente de todos. La hora del fin de la impunidad, por fin, ha llegado…, o quién sabe si , de no extenderse la justicia a todos los cargos políticos sospechosos de manguncia, se consagrará para siempre la impunidad de los choris.