Hasta el diablo tiene devotos -y muchos más de lo que el hombre común imagina-, como también los tienen y los han tenido cuantos criminales o carniceros han alcanzado el poder, no importa cuán abyectos sean o hayan llegado a ser. Es más, los mismos libros de Historia están atiborrados de genocidas que, de una u otra forma, lejos de haber sido exiliados de la memoria social humana, están investidos de la pátina de los héroes, de los conquistadores o de los visionarios.

En la Historia en general, y especialmente en esta modernidad friki que vivimos, da la impresión de que son los imbéciles los que legislan cómo se deben conducir los sabios, que son los estúpidos y sus ocurrencias los que gobiernan y que son los majaderos los que hacen cumplir las leyes.

Para los gustos, claro, se inventaron los colores, aunque bien es cierto que hay gustos que merecen palos. A nadie le importa que este o aquel ciudadano le profese afecto o devoción a quien le plazca…, salvo que ése sea un criminal que pretende darle matarile a uno. O a sus principios, claro. Aliente usted a quien quiera, en fin, y hasta endiósele si lo desea, siempre que no se trate de un criminal de masas, alguien que pretenda imponer sus modos o maneras por cualquier vía, justa o injusta, o sus credos por la fuerza. Y digo esto en lo físico como en lo moral. Porque ésa es otra, la moralidad: ¿acaso un crimen, porque una ley lo dé cobertura de legalidad, deja de ser un crimen?... Mucho habría que heñir sobre esto, porque no son asuntos menores.

En realidad, en la política nunca hay asuntos menores. Las leyes y disposiciones que imponen los gobernantes afectan al bolsillo, sí, y a los modos y maneras en que nos conducimos como sociedad, pero también a los credos más íntimos y profundos, y aun a lo que cada cual en las tablas de la ley de su conciencia –verdadera y única regidora de cada existencia- considera delito. Pongamos por caso, sólo por poner un ejemplo, que un gobierno decide, que como no puede pagar pensiones porque la economía está muy débil y como los ancianos ya no son productivos y le resultan muy caros a la seguridad social, hacer una ley para exterminarlos y que esa ley cumple todos los requisitos, incluidos los constitucionales.

Siguiendo con el ejemplo, pongamos que ese gobierno en cuestión, que tiene mayoría absoluta, o su equivalente merced a los acuerdos tradicionales con los gorrillas nacionalistas de siempre, saca adelante la ley en el parlamento, se publica en el BOE y, a partir de ese momento, es legal no sólo fumigarse a los abueletes como a uno le dé la gana, sino que hasta podría ser considerado un deber patriótico. Bueno, este caso puede parecer extremo… o no. O no, porque casos similares con colectivos humanos sacrificados en masa ya se han repetido hasta la saciedad a lo largo de la Historia en diferentes regiones, épocas y culturas del planeta, ya fuera por cuestiones raciales, eugenésicas, de conveniencia económica o por simples caprichos del delirante de turno. Al final, sea cual sea el fin perseguido, siempre habrá al menos tantos o más argumentos para perpetrar cualquier atrocidad que para argumentar que no se cometa.

Este ejemplo puede parecer muy extremo, pero no lo es. De hecho, se está aplicando cada día en nuestra sociedad en muchos aspectos. No sólo es herida la llaga que sangra; hay heridas que no supuran ni necesitan puntos de sutura, y por ellas también se sufre y se muere. Las heridas psicológicas, por ejemplo, el estrés, etc. No sólo es crimen aquél que deja uno o varios cadáveres como testigos; también hay crímenes que no es necesario que comporten la muerte física de alguno o de muchos, porque hay cuestiones o planteamientos tan malos o peores que la misma muerte. Recordemos, por ejemplo, cuántos mártires a lo largo de la Historia han preferido entregar su vida a renunciar a sus ideas o a su fe. La fe y las ideas, pues, suelen ser para muchos más que la vida misma: un buen motivo para vivir y una excelente causa por la que morir. En consecuencia, también las leyes que afectan a la forma de entender la existencia pueden ser consideradas como criminales o incluso como genocidas, por más que a veces nos conformemos con desconsiderar a las que consideramos profundamente aberrantes, lesivas y ofensivas con epítetos políticamente correctos como inmorales, inconvenientes o excesivas.

No basta pues, con que algo sea legal o no, sino que es necesario que además sea justo y moralmente correcto. La letra de la ley, en definitiva, debe estar sometida al bien mayor que persigue, que es la justicia y la recta moralidad. En este sentido, como en el de los ancianos exterminados, no sé si será legal la ley del aborto, o la que faculta que criminales confesos y sanguinarios terroristas sean liberados antes de la resurrección de sus víctimas, o las que arrodillan a todo un país a los pies de una banda de asesinos y sienta a sus pistoleros en ayuntamientos y diputaciones (cuando no los permite encabezar comisiones de derechos humanos), o todavía la que mantiene en la cárcel, después de cuarenta y cinco años, a un hombre que no ha cometido ningún delito de sangre (Miguel Montes Neiro) sino sólo delitos menores; pero desde luego son profundamente injustas y de una moralidad repugnante, lo mismo que quienes las concibieron y aplican.

La cuestión, es si en conciencia, allá donde cada cual tiene escritas las tablas de la ley que verdaderamente valen, esas leyes deben ser obedecidas, porque de serlo, estaríamos obligados a acatar también cualquier atrocidad, incluso el exterminio de nuestros ancianos, o el de los nacidos con alguna enfermedad congénita o lo que al imbécil con poder legislativo se le ocurra. Porque al final, ya digo, son los imbéciles los que legislan cómo se deben conducir los sabios, son los estúpidos y sus ocurrencias los que gobiernan y son los majaderos los que hacen cumplir las leyes.