Siglo XXI. Diario digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Tienda Siglo XXI Grupo Siglo XXI
21º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Opinión
Etiquetas | The Washington Post Writers Group
El presidente Obama, el Tribunal Internacional de Justicia y el gobierno mexicano querían la suspensión de la ejecución

La pena de muerte y la factura de una obsesión

|

WASHINGTON - La indecorosa aventura de ciertos políticos estadounidenses con la pena de muerte es mala para la justicia y mala para la posición de nuestro país en el mundo. Causa una mancha moral totalmente innecesaria a un país que predica con el ejemplo el estado de derecho entre todos los demás.

Aún más notable es la indiferencia que cinco magistrados del Supremo han manifestado hacia tales consideraciones.

Y luego está el Gobernador de Texas Rick Perry, que insistió en seguir adelante con la ejecución de Humberto Leal, un ciudadano mexicano condenado por la violación y el asesinato de una adolescente. Hasta el ex Presidente George W. Bush - que presidió 152 ejecuciones en calidad de predecesor de Perry - puso reparos al caso. Bush no se ha ablandado. Está legítimamente preocupado por el precio de que Estados Unidos se burle del gobierno de México y del mundo.

El presidente Obama, el Tribunal Internacional de Justicia y el gobierno mexicano, los tres querían la suspensión de la ejecución. Pero el secretario de prensa de Perry se mostraba indiferente. "Texas", decía Katherine Cesinger, "no está obligado a acatar el fallo de ningún tribunal extranjero".

Imagine que hay una vida estadounidense en juego y un secretario de prensa dice que Irán -- o que Rusia, o que Arabia Saudí o China -- no están "obligados a acatar el fallo de un tribunal extranjero".

Seamos claros: Este caso implicaba un crimen brutal, y Leal en persona pareció confesar su culpabilidad antes de morir. "Asumo la culpabilidad de todo", dijo. "Lamento lo que hice".

El resumen de los cargos presentados contra Leal recogidos por Associated Press deja clara la perversidad pura del delito. Implica "el asesinato en 1994 de Adria Sauceda, de 16 años de edad, cuyo cadáver desnudo con signos de violencia fue descubierto horas después de ser vista abandonando una fiesta en San Antonio en compañía de él. Fue golpeada con un trozo de asfalto".

Nadie discute que Leal mereciera ser castigado. Y aunque soy firmemente contrario a la pena de muerte, diría que si un estado elige contemplarla, este es el tipo de crimen para el que se inventó.

Pero el episodio dramatiza la forma en que estos casos de pena de muerte inevitablemente politizados -- Perry está considerando postularse a la candidatura Republicana -- parecen endurecernos y privarnos de nuestra razón.

El Tribunal Internacional dictaminó que los 51 reclusos oriundos de México encerrados por todo el país, Leal incluido, tenían derecho a un nuevo juicio en tribunales estadounidense para decidir si sus derechos consulares se habían visto vulnerados. El presidente Bush aceptó el fallo, pero el Supremo lo anuló en el año 2005.

Así que el Senador Pat Leahy, secretario del Comité Judicial, viene presionando -- infructuosamente hasta la fecha -- para cambiar el código estadounidense con el fin de supeditarlo a la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Sostiene que "miles de estadounidenses son detenidos en el extranjero mientras estudian, viajan, trabajan y realizan un servicio militar" y precisan de acceso a los funcionarios consulares que pueden "vigilar el trato que reciben, ayudarles a recibir asistencia jurídica y mantener su contacto con sus parientes".

La Convención de Viena, de la que Estados Unidos es firmante, ampara esos derechos, destacaba Leahy al volver a someter a votación su anteproyecto del mes pasado. "Pero sólo funciona eficazmente si cada país cumple sus obligaciones dentro del tratado -- incluyendo a Estados Unidos".

Los cuatro magistrados más de izquierdas en el Supremo pensaron que no se perdía nada aplazando la ejecución. Dando lectura al voto particular, el magistrado Stephen Breyer sostenía sensatamente que "es difícil ver la forma en que el interés del estado en ejecutar con carácter inmediato a un individuo condenado a la pena capital hace 16 años puede imponerse a consideraciones que sustentan el aplazamiento adicional, puede que solamente hasta el final del verano".

Pero la mayoría conservadora de cinco magistrados dejaba el jueves que la ejecución siguiera adelante. Restaba importancia a los temores del presidente por el impacto en el extranjero de la ejecución, al tratarse de "afirmaciones diversas de repercusiones de la política exterior" que no se acompañaban de "base jurídica convincente". Resulta desconcertante que la mayoría de nuestro Supremo parezca positivamente impaciente por continuar con estas ejecuciones.

Los contrarios a la pena capital o los que piensan que se impone con demasiada facilidad se encuentran intercediendo en casos que implican delitos verdaderamente atroces que merecen castigos importantes. Pero no se trata de absolver a los criminales. Hablamos de los valores fundamentales de nuestro país y de la forma de vernos que tiene el resto del mundo. En este caso, también se trata de proteger los derechos de los estadounidenses en el extranjero.

¿No sabemos como nación dejar que nuestra razón se imponga a nuestras pasiones, hasta cuando las pasiones son totalmente comprensibles cuando hablamos de la pena capital?

La pena de muerte y la factura de una obsesión

El presidente Obama, el Tribunal Internacional de Justicia y el gobierno mexicano querían la suspensión de la ejecución
E. J. Dionne
domingo, 10 de julio de 2011, 08:30 h (CET)
WASHINGTON - La indecorosa aventura de ciertos políticos estadounidenses con la pena de muerte es mala para la justicia y mala para la posición de nuestro país en el mundo. Causa una mancha moral totalmente innecesaria a un país que predica con el ejemplo el estado de derecho entre todos los demás.

Aún más notable es la indiferencia que cinco magistrados del Supremo han manifestado hacia tales consideraciones.

Y luego está el Gobernador de Texas Rick Perry, que insistió en seguir adelante con la ejecución de Humberto Leal, un ciudadano mexicano condenado por la violación y el asesinato de una adolescente. Hasta el ex Presidente George W. Bush - que presidió 152 ejecuciones en calidad de predecesor de Perry - puso reparos al caso. Bush no se ha ablandado. Está legítimamente preocupado por el precio de que Estados Unidos se burle del gobierno de México y del mundo.

El presidente Obama, el Tribunal Internacional de Justicia y el gobierno mexicano, los tres querían la suspensión de la ejecución. Pero el secretario de prensa de Perry se mostraba indiferente. "Texas", decía Katherine Cesinger, "no está obligado a acatar el fallo de ningún tribunal extranjero".

Imagine que hay una vida estadounidense en juego y un secretario de prensa dice que Irán -- o que Rusia, o que Arabia Saudí o China -- no están "obligados a acatar el fallo de un tribunal extranjero".

Seamos claros: Este caso implicaba un crimen brutal, y Leal en persona pareció confesar su culpabilidad antes de morir. "Asumo la culpabilidad de todo", dijo. "Lamento lo que hice".

El resumen de los cargos presentados contra Leal recogidos por Associated Press deja clara la perversidad pura del delito. Implica "el asesinato en 1994 de Adria Sauceda, de 16 años de edad, cuyo cadáver desnudo con signos de violencia fue descubierto horas después de ser vista abandonando una fiesta en San Antonio en compañía de él. Fue golpeada con un trozo de asfalto".

Nadie discute que Leal mereciera ser castigado. Y aunque soy firmemente contrario a la pena de muerte, diría que si un estado elige contemplarla, este es el tipo de crimen para el que se inventó.

Pero el episodio dramatiza la forma en que estos casos de pena de muerte inevitablemente politizados -- Perry está considerando postularse a la candidatura Republicana -- parecen endurecernos y privarnos de nuestra razón.

El Tribunal Internacional dictaminó que los 51 reclusos oriundos de México encerrados por todo el país, Leal incluido, tenían derecho a un nuevo juicio en tribunales estadounidense para decidir si sus derechos consulares se habían visto vulnerados. El presidente Bush aceptó el fallo, pero el Supremo lo anuló en el año 2005.

Así que el Senador Pat Leahy, secretario del Comité Judicial, viene presionando -- infructuosamente hasta la fecha -- para cambiar el código estadounidense con el fin de supeditarlo a la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Sostiene que "miles de estadounidenses son detenidos en el extranjero mientras estudian, viajan, trabajan y realizan un servicio militar" y precisan de acceso a los funcionarios consulares que pueden "vigilar el trato que reciben, ayudarles a recibir asistencia jurídica y mantener su contacto con sus parientes".

La Convención de Viena, de la que Estados Unidos es firmante, ampara esos derechos, destacaba Leahy al volver a someter a votación su anteproyecto del mes pasado. "Pero sólo funciona eficazmente si cada país cumple sus obligaciones dentro del tratado -- incluyendo a Estados Unidos".

Los cuatro magistrados más de izquierdas en el Supremo pensaron que no se perdía nada aplazando la ejecución. Dando lectura al voto particular, el magistrado Stephen Breyer sostenía sensatamente que "es difícil ver la forma en que el interés del estado en ejecutar con carácter inmediato a un individuo condenado a la pena capital hace 16 años puede imponerse a consideraciones que sustentan el aplazamiento adicional, puede que solamente hasta el final del verano".

Pero la mayoría conservadora de cinco magistrados dejaba el jueves que la ejecución siguiera adelante. Restaba importancia a los temores del presidente por el impacto en el extranjero de la ejecución, al tratarse de "afirmaciones diversas de repercusiones de la política exterior" que no se acompañaban de "base jurídica convincente". Resulta desconcertante que la mayoría de nuestro Supremo parezca positivamente impaciente por continuar con estas ejecuciones.

Los contrarios a la pena capital o los que piensan que se impone con demasiada facilidad se encuentran intercediendo en casos que implican delitos verdaderamente atroces que merecen castigos importantes. Pero no se trata de absolver a los criminales. Hablamos de los valores fundamentales de nuestro país y de la forma de vernos que tiene el resto del mundo. En este caso, también se trata de proteger los derechos de los estadounidenses en el extranjero.

¿No sabemos como nación dejar que nuestra razón se imponga a nuestras pasiones, hasta cuando las pasiones son totalmente comprensibles cuando hablamos de la pena capital?

Noticias relacionadas

Al fin, el sistema educativo (aunque fundamentalmente lo es, o habría de serlo, de enseñanza-aprendizaje) está dentro de una dinámica social y en su transcurrir diario forja futuros ciudadanos con base en unos valores imperantes de los que es complicado sustraerse. Desde el XIX hasta nuestros días dichos valores han estado muy influenciados por la evolución de la ética económico-laboral, a la que Jorge Dioni López se refería afinadamente en un artículo.

Acaba de fallecer Joe Lieberman, con 82 años, senador estadounidense por Connecticut durante cuatro mandatos antes de ser compañero de Al Gore en el año 2000. Desde que se retiró en 2013 retomó su desempeño en la abogacía en American Enterprise Institute y se encontraba estrechamente vinculado al grupo político No Label (https://www.nolabels.org/ ) y que se ha destacado por impulsar políticas independientes y centristas.

Me he criado en una familia religiosa, sin llegar a ser beata, que ha vivido muy de cerca la festividad del Jueves Santo desde siempre. Mis padres se casaron en Santo Domingo, hemos vivido en el pasillo del mismo nombre, pusimos nuestro matrimonio a los pies de la Virgen de la Esperanza, de la que soy hermano, y he llevado su trono durante 25 años.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto