WASHINGTON - Por si no se había percatado, nadie ha escogido a Grover Norquist para ocupar ningún puesto. Aún así, él se perfila como un importante obstáculo para que el Congreso alcance un acuerdo de reducción de la deuda imprescindible para elevar el techo federal de endeudamiento. Norquist encabeza el colectivo Estadounidenses por la Reforma Tributaria, un grupo que ha persuadido a 41 senadores y 236 congresistas (todos Republicanos menos tres) de adherirse a su "Compromiso de Protección del Contribuyente" contrario a cualquier subida tributaria. Si el Congreso elimina de golpe las ventajas fiscales de los grupos de interés, el compromiso exige que su eliminación "se acompañe de bajadas de los tipos impositivos por un importe equivalente".

Para Norquist, una subida tributaria no es buena ni siquiera si facilita un acuerdo que evita la reestructuración de la deuda federal. Norquist expresa incesantemente su entusiasmo por el gobierno limitado. "Podemos reducir el tamaño y el alcance de la administración pública a todos los niveles para hacer que los estadounidenses sean más libres, más ricos y más independientes", escribía en su libro de 2008 "Que nos dejen en paz". Pero lo revelador del apasionado acitivismo de Norquist es que prácticamente se salta las causas principales de un estado más intervencionista: la seguridad social y el programa Medicare de los ancianos.

Defender una administración pública más limitada sin avenirse a estos colosales programas públicos es igual que jugar al baloncesto sin pelota. Es una quimera. El testimonio de Norquist el pasado año ante la Comisión Bowles-Simpson de disciplina fiscal -- la instancia bipartidista de disciplina presupuestaria y reducción del déficit -- no contenía casi nada acerca de estos programas. Las 360 páginas de "Que nos dejen en paz" los mencionan sólo brevemente. Una columna reciente publicada en USA Today no hace ni eso.

¿Así de engañoso es? Bueno, todos los programas de los ancianos (incluyendo gran parte del Medicaid - la cobertura sanitaria de los pobres -- y el resto de programas de jubilación) representan casi la mitad del gasto federal primario: alrededor de 1,6 billones de dólares en 2010 de 3,3 billones. Además, los integrantes de la generación de los 60 que van envejeciendo y el creciente gasto sanitario suponen el mayor factor de crecimiento del gasto público. Sin ellos, tendríamos el gobierno más limitado que tanto ansía Norquist.

Pero seamos justos. El engaño es bipartidista. Los grupos de izquierdas a menudo restan importancia engañosamente al extremo al que el emergente gasto público en la tercera edad plantea la amenaza de impuestos más altos o de profundos recortes en otros programas. No se puede comprender cómo acabamos en la tesitura presupuestaria sin prestar atención a las huidas paralelas de la realidad por parte de izquierda y derecha.

Un buen ejemplo es el colectivo Centro de Prioridades Legislativas y Presupuestarias. Tiene 25 expertos en los presupuestos federales y es una fuente ampliamente respetada de análisis, aunque también es abiertamente de izquierdas a la hora de defender el gasto público social de los pobres y los ancianos. Pero el colectivo -- a pesar del nombre -- nunca ha presentado unos presupuestos verdaderamente equilibrados para ilustrar la forma en que se puede elegir entre los intereses rivales.

Preguntado por esto, Bob Greenstein, veterano responsable del colectivo, dice en un correo electrónico que viene siendo "reacio a desarrollar planes presupuestarios integrales", aduciendo que "carecemos de información relativa a cada uno de los capítulos de los presupuestos" -- la defensa, por ejemplo. No es convincente; nadie tiene conocimientos de todos los capítulos de los presupuestos. La verdadera razón es la conveniencia política. La seguridad social y el programa Medicare de los ancianos son demasiado populares para ser objeto de ataque. Al evitar el ejercicio de equilibrio presupuestario, Greenstein se ahorra tener que realizar importantes recortes en la seguridad social o el Medicare, o apoyar las fuertes subidas tributarias que hacen falta para financiarlos.

Tanto Norquist como Greenstein practican la evasión. Hacer frente al enorme gasto de la seguridad social y el Medicare obligaría a Norquist a admitir que el gobierno más limitado precisa de recortes brutales (e inverosímiles) de las pensiones. Greenstein tendría que reconocer que el gasto público en la tercera edad compite frontalmente con el gasto social de los pobres, y que apoyar las dos cosas exigiría considerables subidas tributarias mucho más allá del tipo impositivo máximo. Por ejemplo: derogar las deducciones fiscales Bush de los estadounidenses de renta alta (las parejas con ingresos superiores a los 250.000 dólares; 200.000 dólares en el caso de los solteros) recaudaría alrededor de 700.000 millones de dólares del ejercicio 2011 al 2020; el déficit proyectado de esos ejercicios en total roza los 10 billones.

Nos llegan informaciones ahora relativas a un gran acuerdo: los Demócratas aceptan parte de los recortes en la seguridad social y el Medicare; y los Republicanos convienen en algunos impuestos más elevados. Vale, si el acuerdo llega a materializarse (observe: teniendo en cuenta la débil economía, los cambios se podrían implantar de forma gradual). El resultado dependería en parte de que las dos partes sepan ir más allá de las estrechas miras de sus yugos ideológicos.

Colectivos como el de Norquist o el de Greenstein hacen las veces de guardianes intelectuales y políticos. Ayudan a decidir las ideas y la retórica aceptables entre los suyos. Las panorámicas planteadas a sus electores son satisfactorias -- pero también selectivas, simplistas y, en última instancia, artificiales. Esta es la razón de que los debates presupuestarios vengan siendo tan inútiles, y de que el país esté flirteando ya con un fracaso potencialmente catastrófico a la hora de elevar el umbral de endeudamiento.

Gobernar es elegir, y en el seno del debate presupuestario no hay elecciones populares. Pero la realidad que las está marcando a todas es una sociedad que envejece en la que los programas destinados a los ancianos generan presiones presupuestarias hasta imponer crecientes desequilibrios. Hasta que los custodios políticos reconozcan esto -- entendiendo que la izquierda reconozca la necesidad de recortes genuinos de las pensiones y que la derecha acepte unos impuestos más altos -- la interpretación de la opinión pública y el acuerdo político seguirán siendo rehenes de los cuentos partidistas. Es hora de hacer frente a los hechos reales.