De eso nada. Donde la señá Sinde debe explicarse es el juzgado, en el mismo precisamente en el que los demás miembros de la trama de la SGAE han sido interrogados. De eso nada, no. Y ¿por qué el Gobierno se plantea la anulación del canon digital si era legal, protegía los intereses de los artistas y estaba bien instrumentado?..., ¿por causa de las detenciones clamorosas de esos presuntos chorizos que incluso habían usurpado las funciones recaudatorias propias y exclusivas del Estado?..., ¿o tal vez por causa de que buena parte de los miembros de su Gobierno, y quién sabe si del mismo partido, tienen las manos… poco limpias, digamos, y conviene detener la ira popular antes de que les estallen mil conflictos más en la cara?... Pues a eso apestan, precisamente, ambas decisiones, y a un querer detener ahí la ola de investigaciones sobre la gestión sociata, que bien que queda claro que debería seguir sin detenerse en este o aquel ministerio, hocicando en las subvenciones, contratos, licitaciones y decisiones pecuniarias del tal vez el primer o segundo Gobierno más turbio –léase poco o nada claro y presumiblemente bastante tramposo, a tenor de lo que se va sabiendo de Cultura, Andalucía y los EREs y todo eso-, en una clara competencia con el del infausto Felipe González, quien se fue de najas por los pelos, escurriéndose entre los dedos de la ley a pesar de las X, de los Filesa, Times Sport y todos aquellos chanchullos que nos infectaron a todos del hedor de la corrupción que había institucionalizado.

Si la ministro Sinde quiere declarar en el Congreso, que lo haga, que es su derecho, pero que también la reclame el juzgado y que sea él el que la formule las cuestiones sobre las que quiere que cante, aunque no pague canon por ello, sino que se la cobre. Su insulto, su ofensa, su tropelía legal –y la de su partido-, ha sido considerar a la totalidad de los ciudadanos presuntos delincuentes al establecer el canon digital, suponiendo de facto que el ciudadano iba a usar la cosa que compraba para perpetrar un delito. Y, no contenta con esta barbarie, concedió licencias –prohibidas por Estrasburgo- para que empresas privadas cobraran impuestos, cuando sólo puede y debe hacerlo Hacienda, regaló dineros públicos –según una afamada socialista de muy escaso talento, el dinero público no es de nadie- a la troupè de su asquito de cine, incluso por películas que ni llegaron a estrenarse siquiera, y en el delirium tremens de su desvarío de dictadora bananera, pretendió, y de hecho ha dado todos los pasos necesarios para materializarlo, imponernos la censura, valiéndose de una camarilla de personajes que no merecen mejor suerte que el exilio… de la cultura y la civilidad.

¿A qué suprimir el canon digital precisamente ahora?... Pues, ni más menos que a cuento de evitar que la ola de revisiones e investigaciones siga, que los ciudadanos podamos saber qué se hicieron con nuestros dineros, a que tramposos se benefició o que ardides usaron para que algunos amasaran tan copiosas fortunas como han acumulado. Quieren, como los gobiernos de Felipe González, calafatear las grietas de su casco, porque su nave se va al fondo y Zapatero y su troupè de festivaleros ministros sin cualificación (algunos sin estudios siquiera, buen ejemplo donde los haya) van a arrastrar al mismo partido a las simas de la probable desaparición, confiemos en que antes de ello respondiendo ante los tribunales de todos los atropellos que incesantemente han cometido. Quieren gozar de sus jubilaciones inmerecidas, antes de que alguien se las quite, quieren vivir de los réditos de unas acciones que ya veremos cómo se desarrollan en el futuro, pero que es más que probable que les procuren enjundiosos ingresos. No, nada de eso. Que se explique la señá Sinde, que se expliquen todos en el Congreso si quieren, pero en el juzgado, también.

Me gustaría saber dónde están ahora todos los defensores del canon digital y de los llamados derechos de autor (de aquella manera era tan imposible determinar por qué se cobraba como a quién le retribuían lo cobrado), que muchos, incluidos los autores –y yo lo soy-, advertimos que aquello era poco menos o poco más que un impuesto mafioso en toda regla, una regalía del Gobierno exclusivamente a los de la ceja, en la fútil creencia de que así se apropiaban del mundillo de la cultura. Y a cierta parte de la llamada cultura la puso de su lado, aunque no a ningún intelectual capaz y mucho menos independiente. Y, bueno, en cualquier caso, ¿dónde están ahora los de los anuncios cejilleros, todos esos que sí, seguro, que sí han cobrado de la SGAE?... Quisiéramos escucharles nuevamente justificar, más allá de la presunción de la inocencia de estos detenidos y de quienes todavía no lo han sido pero que esperamos que sí que lo sean, el canon digital y el cobro de los derechos de autor por parte de quienes legalmente no pueden cobrarlos. Aquí hay mucho, pero mucho que explicar, y no sólo en el Congreso. Por lo pronto, que se revisen las subvenciones, contratos y toda acción de los poderes sociatas que hayan costado algún dinero, porque me temo que nos vamos a llevar más sorpresas que en la Casa del Terror, palabra. ¡Ánimo!: sin aflojar manija, hasta que no quede más sangre.