Vale que en la SGAE se les ha ido la codicia de las manos, han recaudado como una familia en toda regla, siempre con amenazas de jueces y juzgados como si fueran suyos o estuvieran a sus órdenes –eso lo vamos a comprobar muy prontito-, y todo eso: pero ¿y la ministro de Cultura, qué?... ¿Acaso ella es inocente de estos presuntos delitos, cuando tenía la obligación de auditar las cuentas de esa sociedad y no lo ha hecho a pesar de ser insistida públicamente por distintas organizaciones?...

Como ello es que, según parece, no las audito ni tuvo intención alguna de hacerlo, incumpliendo así sus obligaciones como ministro y su juramento como tal de cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿eso la convierte en cómplice necesario del delito al no evitarlo, según debía, o goza, quizás, de un particular estatus de impunidad?... Bueno, pues esto también vamos a comprobarlo enseguidita, al tiempo que la independencia de la Justicia.

La verdad es que muy poquitas cosas de esta señora huelen demasiado bien, desde sus subvenciones mucho más que cuestionables a las empresas de un sector en el que ella ha sido arte y parte, a ese repugnante tic dictatorial tan suyo, reinstaurando la censura por el artículo 33 en España, y a lo que todo sentido común dicta como delito de lesa humanidad, que es el caso de considerar que la totalidad de los ciudadanos y empresas de un país son delincuentes al aprobar el establecimiento del canon audiovisual y todo eso, merced al cual, a cada ciudadano y a cada empresa se les han guindado, por la vía del impuesto –revolucionario o mafioso, tanto da- una parte sustancial de sus haberes en concepto de un delito que iban a cometer con la cosa comprada. Esta barbarie legal, si quedara impune, no sólo merecería por sí misma la extinción del PSOE como partido político –ya no es que se le vea el plumero, sino que todo él es plumero-, sino que también habría que plantearse para qué valen los tribunales o el mismo TC, ése que tanto se preocupa por los derechos ciudadanos de los terroristas y que parece que los derecho civiles de los ciudadanos, por la vía directa, le importan un huevo.

Digo que el acceder a un puesto de ministro de lo que sea, además de conllevar asimilado la percepción de un salario estupendo, la obtención de ventajas de dictador bananero y el estatus de un valido del reino que puede hacer lo que se le cante, debería llevar aparejado también alguna clase de obligaciones, como ser honrado, por ejemplo, cumplir con sus obligaciones del cargo, verbigracia, o aún ser en algún grado justo, siquiera sea no acusando sin pruebas a la población en general de chorizos, mangantes y delincuentes potenciales. A lo mejor lo hacía por experiencia propia, pero ni en ese caso debiera ser permisible. Sin embargo, y por lo se comprueba cada día en este nuestro atípico país donde la democracia parece estar secuestrada por elementos con más fe en las técnicas dictatoriales del decreto-ley que en el respeto al ciudadano y a los derechos civiles, parece ser que ser ministro es una especie de patente de turco para perpetrar cualquier dolo que le venga en gana. Ejemplos sobran por todas partes en esta absurda, torcida y tramposa etapa del PSOE, y van dos ya, que aquí no se aprende y somos como esas criaturas que tropiezan dos veces o más en la misma piedra.

Como no debe ser así, aunque los indignados callen y no digan esta boca es mía –ellos sabrán si obedeciendo a la voz de su amo y formador-, los otros indignados sin filiación, los simples ciudadanos, creemos que estas conductas de los inferiores –la SGAE- son compartidas por los superiores –la ministro-, por incumplimiento de deberes al tener la obligación de auditarlos y no haberlo hecho, convirtiéndose asó en el socio necesario en la comisión del delito, razón por la cual debe llevar aparejada la misma suerte que corran los de la SGAE. Si ellos son acusados de un delito, en grado de colaboración lo ha de estar la otra, y como de conductas sospechosas se trata, lo que se debe hacer sin mayor dilación es abrir una investigación a fondo de su gestión íntegra, incluidas las famosas subvenciones, que de ahí vana salir sapos y culebras, como en esos muchos casos de películas y obras subvencionadas que ni siquiera llegaron a estrenarse.

Parece que la SGAE representaba a muchos, pero que se quedaban la muchísima pasta recaudada entre unos poquitos, los cuales están que trinan, como es natural, y a buena parte de los cuales no les entra un pelo por el culo. Malo sería que a las ministros que se lo han consentido por dejación, sí que se sintieran a salvo… y, lo que es peor, que sepan que están a salvo. Debemos limpiar esta casa del atraco permanente que ha soportado durante estos años y de los atracadores que la han tenido secuestrada, y este es un buen punto de comienzo. Ya dije en cientos de ocasiones que aquí sólo faltaba un Ministerio de la Corrupción para regular esta práctica tan habitual, y, dado que parece que por fin lejos de crearlo se va a demoler incluso el proyecto, bueno es comenzar por este caso sentando precedentes. Precedentes que deben llegar a todos los demás ministerios (Sanidad, Igualdad, Trabajo, etc.), y que no deben dejar de lado ni a las autonomías, con especial hincapié en las de Andalucía, Valencia y Cataluña por los números escándalos habidos en los últimos años, ni, por supuesto, en todos y cada uno de los ayuntamientos de España, que como bien saben los ciudadanos (de los arquitectos, ni hablamos, aunque se puede) las licencias, las recalificaciones, los impuestos y tal, se han conseguido como se han conseguido.

Y no sería malo que los inspectores de Hacienda, en vez de perseguir con tal saña a los ya superperseguidos autónomos, se dieran una vueltecita por las incontables urbanizaciones de lujo de España, y que fueran contrastando ingresos con haberes de los propietarios de esas mansiones. Se iban a quedar de piedra (formalmente, claro, porque todo el mundo sabe de qué va la cosa), y ahí sí que iban a recaudar en firme, especialmente si cobraran por lo sisado o si expropiaran los bienes no justificados.

Porque deben pagar si son culpables. Todos deben hacerlo. Los ciudadanos queremos, exigimos, que la SGAE y el ministerio de Cultura (o su ministro) nos devuelvan lo que nos quitaron acusándonos injustamente y sin pruebas de delincuentes. Y si les tienen que expropiar todos sus haberes personales para contribuir a reunir lo necesario para la devolución con los intereses de lo arrebatado, ya están tardando.