Por delante vaya mi condición no de demócrata, sino de deontócrata. Y ahora, presentada mi tarjeta de identificación, quiero descollar que el mayor problema que le aflige a la propia constitución del Estado Democrático en que aparentemente se encuadra España es su desorientación, la falta de claridad y de funcionalidad en la definición de sus Instituciones y, consecuentemente, en los valores que defienden individualmente cada una de ellas y la totalidad del conjunto en cuanto a las aspiraciones del Estado soberano. Tan es así, que quizás su mayor y a la vez más peligroso caos lo tiene instalado en el mismo corazón de la nación, en el corpus legislativo, especialmente en el Congreso.

Son tantas las voces que exigen un reforma del sistema electoral en España que salvo excepciones se puede considerar que es la totalidad de la población con capacidad de reflexión la que lo hace. Sin embargo, lo que no es tan claro de este clamor es cuál debe ser la fórmula que regule la manera de selección de los representantes de los ciudadanos. Por una parte, hay quienes arguyen –como esos movimientos organizados por el PSOE a trasmano para procurarse una reedición de sí mismos: el Movimiento 15M, la #spanishrevolution y todos ésos- que esta reforma de la Ley Electoral debe eliminar el criterio de D´Hont para facilitar el acceso todos los grupúsculos políticos que concurran a las elecciones, cualquiera que sea la cantidad de votos que reciban en las urnas. Y eso está muy bien… especialmente para los vivos y mucho más para los muy, pero que muy vivos. Por experiencia sabemos que las minorías parlamentarias son, grosso modo, extorsionadores profesionales que ponen sus votos al servicio de los partidos mayoritarios… por la pasta, por la ventaja personal o de grupo, o aun por ventajas nacionalistas (separatistas) que les distancien del conjunto de los españoles y de la nación española, en acciones que mucho o todo tienen de chantaje y poco o nada de conseguir sus objetivos por la vía de representatividad electoral. Una trampa, en fin. Sobrada experiencia tenemos ya en esto con el funcionamiento que llevamos vivido con las minorías parlamentarias y multiplicar esto sería elevar a la enésima potencia el problema, haciendo al país ingobernable. Éramos pocos, en fin, y de hacerse esto, pariría la abuela.

España es un país que no se acepta a sí mismo (especialmente por las llamadas izquierdas, vaya usted a saber por qué), y la lógica dicta que al menos desde sus instituciones debería hacer algo para evitarlo y favorecer la unidad nacional, por más que éste sea un término que también está en disputa entre los españolistas (nacionalistas del conjunto) y los regionalistas (nacionalistas separatistas). El camino para lograrlo parece sencillo, y éste estriba en simplemente unificar los símbolos e Historia nacionales (españolistas) y relegar a lo estrictamente doméstico el nacionalismo independentista o regionalista. Demasiado poder tienen estos últimos, precisamente por lo expuesto en el punto anterior, de modo que los más activos entre los nacionalismos separatistas (PNV, CIU, Esquerra Republicana, BNG, CC, etc.), han encontrado acomodo no en la Cámara Regional que es el Senado, sino en el Congreso, donde ejercen de chantajistas del poder de turno, enfrentando a los partidos nacionales (españolistas), a quienes venden a precio de oro sus votos para que las leyes de éste o aquél (tanto les da) salgan adelante y conseguir de esta manera unas ventajas para su región o su nación que de otro modo jamás conseguirían, de modo que así pueden inventarse su Historia Nacional (y lo hacen sin ningún rubor), disponen de la fuerza suficiente para ignorar al Estado Central (a los españolistas) y hasta obligando a que el mismo Estado Central al que dividen desde dentro les proporcione todos los elementos institucionales y la organización jurídica de un Estado independiente.

La reforma electoral tan necesaria debe eliminar, efectivamente, el desvarío de D´Hont y regirse no sólo por una ley de proporcionalidad absoluta a la hora de adjudicar cargos electos cuando se recuenten los votos emitidos, sino que también debe acompañarse esta reforma con la imposición de las listas abiertas y con la exigencia de que todo partido o postulante que se presente como diputado al Congreso debe ser imperiosamente nacionalista (españolista) y, en consecuencia, así ser manifestado en los estatutos de su partido y tener presencia política en la totalidad de las provincias españolas con el volumen de respaldo social que sea oportunamente preceptivo. De este modo, los nacionalistas (regionalistas o separatistas) quedarían circunscritos al Senado, que es su cámara natural, y el Parlamento o el Congreso podría dedicarse sin los obstáculos o intereses encubiertos o declarados de los separatistas al desarrollo y legislación necesariamente imprescindible del Estado español.

Si tal reforma se llevara a cabo, sería en menos de dos o tres años que las tensiones nacionalistas (separatistas) desaparecerían del panorama social por muerte natural, podría haber un sola lengua oficial a nivel nacional (españolista) sin que ello supusiera ningún trauma -el conflicto regional es promovido y creado artificiosamente por los separatistas-, una sola Historia a nivel nacional (españolista), una sola geografía y una sola escala de valores inculcada en las escuelas para todos los niños de España, a diferencia de este momento en que los nacionalismos separatistas inculcan el odio entre los ciudadanos españoles, según su origen, dividen a la población inventándose una Historia que es falsa y cada generación es más distante que las precedentes de las del resto de España, consagrando el fin último del nacionalismo regionalista o separatista: su disgregación de España.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y hay un clamor social que exige una reforma de la Ley Electoral. Es la hora te tomar el toro por los cuernos y poner las cosas en su sitio.