Todo comenzó el 12 de junio en el complejo penitenciario El Rodeo, cuando se produjo un enfrentamiento entre bandas rivales con el resultado de 22 reclusos muertos y 58 heridos, tras lo que los internos se amotinaron. El Gobierno lanzó entonces un operativo de 5.000 efectivos policiales para recuperar el control de El Rodeo I en el que, según las fuentes oficiales venezolanas, fallecieron dos soldados y un preso, además de 20 efectivos heridos de la Guardia Nacional (GNB), la policía militarizada.

Lejos de solucionarse, el motín se extendió al Rodeo II, considerada una de las cárceles más violentas de Venezuela, donde un grupo de reclusos conocido como “El Carro”, ha tomado el control del centro. Según las palabras de un reo liberado por la GNB, el grupo amotinado funciona a las órdenes de dos líderes: “El Yofre” y “Oriente”, que “son los encargados de dirigir la cárcel, poner las normativas de comportamiento y ejecutar a quienes no sean favorables al sostenimiento de su gobierno”. De hecho, este recluso asegura que tuvo que huir del penal en medio de un tiroteo, cuando otro grupo de internos intentó, sin éxito, arrebatarle al “Carro” el control del motín.

El preso, ya trasladado a otro centro, continuaba relatando la grave situación en el Rodeo II, declarando que los amotinados “tienen cantidades de pistolas de todas las marcas, de todos los calibres, granadas, cartuchos, R15… Es un ejército armado”
Y confirmaría las precarias condiciones en los penales venezolanos: “Estamos en un caos: no hay agua, no hay electricidad, nada que se pueda comer. Estamos a la expectativa de que nos auxilien”

En este marco se encuadra el operativo iniciado el día 24 por el Ministerio Público, cuando se ordenó la detención de siete funcionarios del Ministerio del Interior y la GNB, por presunta entrega de armas a los presos. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmaría además la detención del director de El Rodeo II, Luis Rafael Aranguren, el subdirector de El Rodeo I, Rubén José González Heredia y el capitán de la GNB, Gamalier José Camargo Gómez, imputados por los delitos de “tráfico de sustancias psicotrópicas y tráfico de armas”.

El peor sistema penitenciario de América Latina
Los datos hablan por sí solos: según los datos recogidos por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el primer trimestre de este 2011 han muerto 124 personas en las cárceles de Venezuela. A lo largo de 2010 la cifra asciende a 476 presos asesinados y 958 heridos, y se estima que en los últimos 12 años son 4500 las víctimas mortales a causa de los enfrentamientos internos.

El OVP atribuye esta barbarie a la superpoblación de los centros penales y a la ineficiencia del sistema judicial. Hay actualmente 30 cárceles construidas para una capacidad de 8000 presos, en las que se hacinan 22000, 69 de ellos españoles.

El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, argumenta: “en un plazo muy corto vamos a tener verdaderas cárceles socialistas, donde los internos serán rehabilitados y reinsertados, tomando en cuenta a sus familiares como pilar fundamental del proceso”, remitiéndose al plan de inauguración, antes de fin de año, de cuatro centros penitenciarios en construcción desde 2004.

Por su parte, el director del OVP, Humberto Prado advierte que “las autoridades no han atendido los problemas de fondo”, y apuesta por medidas como la clasificación de los presos y la aplicación de las normas de seguridad, sanidad y alimentación.

Es clarificadora la conclusión a la que ha llegado la ONG Human Rights Watch sobre la situación en las cárceles de Venezuela: “El riesgo de morir violentamente es mayor dentro de prisión que fuera de ella”.