En realidad, lo que está ocurriendo en España con el llamado Poder Judicial no es algo que no se pudiera prever desde hace años, si es que se toma en cuenta lo que ha ido ocurriendo a través de las generaciones que siguieron a la implantación de la democracia en España ( 1977) y la masificación que, la incorporación de nuevos universitarios, que tuvo lugar como consecuencia del acceso a la universidad de los hijos de aquellos trabajadores que, con el esfuerzo de sus familias, pudieron acceder a lo que, anteriormente, casi era un milagro conseguirlo, la enseñanza superior para obtener la correspondiente licenciatura. Algo que coincidió con la incorporación de las mujeres, en virtud de la equiparación de sus derechos, consecuencia de la democracia y de las leyes dictadas para permitirles su incorporación a la enseñanza, en las mismas condiciones que el sexo contrario.

Al no establecerse un numerus clausus, que limitase el número de universitarios en cada disciplina, de acuerdo con las previsiones de las necesidades de la nación, para cubrir las vacantes de las bajas producidas y los nuevos puestos de trabajo previstos para cada ejercicio; esta masificación en la enseñanza superior provocó, necesariamente, excedentes que, como era de esperar, afectaron especialmente a aquellos que no pertenecían a familias de industriales, médicos, abogados etc. en las que era más fácil integrar al nuevo licenciado en el entorno laboral familiar. Evidentemente que, los estudiantes más brillantes eran buscados por bufetes, empresarios, instituciones etc. fueran descendientes de familias con posibles o de familias obreras, pero todos sabemos que, las eminencias, no suelen ser lo que más abundan por lo que, estudiantes de condiciones medianas, se veían enfrentados a buscar salidas que, normalmente, requerían acudir a oposiciones para empleos públicos u otras de mayor nivel para acceder a notarías, judicatura, catedráticos de universidad, forenses, médicos de la sanidad pública etc.

No obstante, los niveles de exigencia de algunas oposiciones hacían que, para muchos opositores, les resultasen casi prohibitivas, porque no estaba en sus manos permitirse estarse años opositando y precisaban encontrar una salida que les permitiera encontrar un empleo en un tiempo más corto. Y, dentro de esta franja, entre las oposiciones más a su alcance se encontraban las a la judicatura, funcionariado, profesores universitarios y catedráticos, médicos de la Seguridad Social (MIR), abogados del Estado y todas aquellas que generalmente comportaban entrar en las instituciones públicas como funcionarios del Estado.

La experiencia de los últimos años nos ha permitido comprobar que, dentro de las últimas generaciones de opositores a la administración de la Justicia, que han ido cubriendo plazas de jueces, magistrados y fiscales, pertenecen, en su mayoría, a clases humildes de la sociedad, personas generalmente de ideología de izquierdas y, en muchas ocasiones, formados por profesores que también pertenecieron a familias de tendencias izquierdistas que, en sus enseñanzas, han ido inculcando sus ideas revolucionarias en sus alumnos. Nunca hemos podido entender que, tanto en la judicatura como entre el colectivo de fiscales, se hayan creado asociaciones en las que se inscriben, según sus ideologías políticas, jueces, magistrados o fiscales, que tienen diversas opiniones sobre la forma de aplicar las leyes algo que, en puridad, debieran ser imposible si se aplicase un único criterio, de equidad y justicia, de acuerdo con la idea básica con la que se promulgaron por quienes las concibieron.

Desgraciadamente, en España, hemos tenido a los llamados “jueces estrella”, unos sujetos que no entendieron el verdadero sentido de la judicatura, consistente en efectuar su labor de aplicación de las leyes, como sucedía antes, en el anonimato, con prudencia, con equidad y aplicando la ley de acuerdo con el sentido que le quisieron dar los legisladores y nunca atendiendo al particular modo de pensar del juez, según fueren sus convicciones políticas. Uno de los más conocidos jueces estrella fue el juez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, aunque ello no obsta para que tenga, en la misma Audiencia Nacional, a otros jueces, amigos suyos, que no tienen empacho en seguir sus enseñanzas ya que, en realidad, todos pertenecen a este colectivo de jueces y fiscales que están convencidos de que es a ellos a quienes les corresponde impartir la justicia, no cómo lo especifican las leyes aplicables, sino de acuerdo con el sentido que ellos les quieran dar, aunque ello se aparte de lo que había establecido el legislador al promulgarlas.

Es evidente que jueces y magistrados, lo mismo que los fiscales, como poder independiente que debería ser el Judicial, no debieran depender para nada del Gobierno de turno; pero tampoco se puede hacer una reforma en la que sean los mismos jueces los que decidan sobre la aplicación de la Justicia si, previamente, no se ha hecho una purga en la que quede bien claro que no puede haber justicia sin un respeto a las leyes vigentes. Ni que decir tiene que el establecimiento, por cuestiones de falta de jueces, de un llamado “tercer turno”, formado por abogados de supuesta solvencia, juristas, o expertos que, sin haber opositado, se les ha reconocido como jueces, con facultades para administrar justicia, aunque, en realidad, muchos de los elegidos sólo pueden actuar en juzgados de familia por no tener la capacidad precisa para asumir todas las funciones de un juez de oposición; no ha contribuido en nada a que la justicia se haya beneficiado de ello. Un ejemplo de este tipo de jueces lo tenemos en la inefable alcaldesa de Madrid, la señora Manuela Carmena.

No podemos entender que, siendo evidente que las ideas políticas interfieran, a veces gravemente, en la sentencias de los jueces; teniendo la experiencia de cómo, en ocasiones, cada juez tiene sus propias teorías de como enfocar los expedientes penales que deba resolver, no pudiera existir un organismo que, de una manera rápida y eficiente, no siguiendo el largo y farragoso camino de los recursos ante el tribunal superior, ( una tarea que podría asumir perfectamente, el CGPJ, cuando fuera evidente que, un miembro de la judicatura pretendía erigirse, por su cuenta, en un reformador de la Ley) para evitar el daño que la política, infiltrada en quien tiene la misión de impartir Justicia, pudiera interferir de una manera decisiva, perjudicando, cuando fuera evidente que se ha prevaricado gravemente, contra los derechos del destinatario de la sentencia o la resolución correspondiente.

Hace años que esta reforma de la Justicia que se viene pidiendo, ya fuere por la falta de medios para poder desarrollar eficientemente sus funciones; ya para poder dotar al personal auxiliar de las últimas técnicas que permitiría reducir la plantilla de tribunales y juzgados o por la evidente necesidad de hacer, que tan importante institución, pueda recobrar la confianza que ha perdido ante la ciudadanía; debiera de haberse acometido como algo prioritario para cualquier gobierno que quiera asegurarse de la Justicia funciona, que lo hace con rapidez y que los imputados ( investigados) tengan el derecho a la presunción de inocencia, a ser tratados todos por igual y, especialmente, que de los juzgados no se produzca filtración alguna ( algo que hoy por hoy es imposible) del expediente que se encuentra bajo el secreto de sumario, hasta que el instructor decida levantarlo. Los perjuicios que estos fallos generan, respecto al incumplimiento de la obligación de mantener en secreto las actuaciones sumariales, es causa de que muchos que, todavía, no ha sido encausados se vean impotentes ante las acusaciones de los medios, las calumnias de quienes estén interesados en perjudicarles o la aparición de imágenes comprometidas que afecten gravemente el honor, la intimidad o el derecho a la imagen, de cualquier persona que se vea sometido a tal trato vejatorio.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, lo mismo que deseamos que no quede un solo caso de corrupción sin que intervenga la Justicia para sancionarlo; también declaramos que, los derechos de los ciudadanos, no deben ser pisoteados, simplemente porque desde el juzgado correspondiente salga un aviso o una filtración dando datos concretos a la prensa del lugar, la hora y las circunstancias en los que está prevista la correspondiente detención, por orden del juzgado; provocando que, este acto, que no tiene por qué ser público, se convierta en un circo mediático al que puede ser sometido el interesado, sin que se respeten sus derechos procesales básicos.