WASHINGTON - Hay en curso un ataque contra el derecho de sufragio que se extiende por todo el país a través de leyes diseñadas para dificultar progresivamente depositar un voto. Si esto estuviera teniendo lugar en una democracia emergente, lo condenaríamos como fraude electoral. Pero está sucediendo aquí, así que apenas se produce un gemido de queja.

Las leyes se están tramitando en nombre de impedir "el fraude del votante". Pero un estudio tras otro han demostrado que los actos de fraude cometidos por electores no son un problema importante -- y no es tan problema como la contundencia con la que muchos estados convierten en problema que la gente acuda a votar para empezar. Algunas de las nuevas leyes, como la que limita el número de jornadas de la votación anticipada, guardan escasa relación plausible con la lucha contra el fraude electoral.

Estos códigos no son neutrales. Su impacto más grave consistirá en reducir la participación entre los afroamericanos, los latinos y los jóvenes. No es casualidad que estos tres colectivos fueran clave en la victoria de Barack Obama en 2008 - ni que las leyes en cuestión se estén implantando en estados en donde los Republicanos controlan las instancias estatales.

De nuevo, piense en el aspecto que tendrá todo esto al observador neutral. Una formación gana unas elecciones, como hizo el Partido Republicano en 2010. A continuación cambia las leyes electorales de forma que salga beneficiada. En una democracia, se supone que el electorado elige a los políticos. Con estas leyes, los políticos están modelando a sus electorados.

Paradójicamente, el partidismo flagrante de estas medidas desalienta a los medios de informar abiertamente de lo que está sucediendo. La censura del elector beneficia tan claramente a los Republicanos que los medios informan de forma clásica a través de un prisma partidista, sabedores de que las crónicas que dejasen claro a quiénes privan de derechos estas leyes serían tildadas de parciales por la derecha. Pero los medios no deberían de temer decir la verdad ni defender los derechos de los pobres o los jóvenes.

Las leyes en cuestión incluyen obligar a que el votante se identifique en las urnas, limitar el tiempo de cada votación, poner fin a las altas en el censo la misma jornada de votación y poner obstáculos a que los colectivos registren votantes nuevos.

A veces el móvil partidista es tan claro que si el cómico Stephen Colbert se pusiera a informar de lo que sucede, su audiencia daría por sentado que se lo está inventando. En Texas, por ejemplo, la ley permite que los permisos para llevar un arma de fuego fuera de la vista sustituyan a la identificación, pero los carnets de estudiante no. ¿Y sabe qué? A nivel nacional los sondeos a pie de urna demuestran que John McCain fue ganador en los hogares en los que un miembro es titular de un arma de fuego por 25 puntos porcentuales, pero perdió votantes en los hogares en los que no hay un arma de fuego por 32 enteros.

Además de Texas, los estados que promulgaron leyes de identificación del votante este año incluyen Kansas, Wisconsin, Carolina del Sur y Tennessee. Indiana y Georgia ya contaban con tales requisitos. La Legislatura de Maine aprobó la suspensión del alta de votantes en el censo la jornada de votación. Florida parece decidida a volver al caos de las elecciones de 2000. Se acorta el margen de la votación anticipada, poniendo fin en la práctica a la posibilidad de que los votantes censados cambien su dirección en el mismo colegio electoral, y se imponen restricciones importantes a las iniciativas de registro de votantes encabezadas por colectivos.

En el año 2008, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ratificó por 6 a 3 el código de Indiana que obliga al votante a identificarse. De forma que pedir ayuda judicial puede ser difícil. No obstante, el Departamento de Justicia debería de cuestionar vigorosamente estas leyes, sobre todo en los estados aludidos por la Ley de Derechos Electorales de 1965. Y se debería de pedir al tribunal que vuelva a examinar la cuestión a la luz de las nuevas pruebas de que estas leyes tienen un impacto real a la hora de limitar los derechos de minorías electorales concretas.

"Este requisito es solamente un impuesto a las minorías con otro nombre", afirmaba la Senadora estatal Wendy Davis cuando Texas debatía a principios de este año su ley de identificación. En los malos tiempos, los impuestos a las personas, ilegalizados ya por la Vigésimo Cuarta Enmienda, se utilizaban para impedir participar a los afroamericanos. Incluso si el Tribunal Supremo no ve las cosas como ella, Davis tiene razón. Es la cuestión de derechos civiles de nuestro tiempo.

En parte a causa de un incremento de electores que no habían votado antes, Estados Unidos eligió a su primer presidente afroamericano en el año 2008. ¿Vamos ahora a ser testigos del sutil retorno de las leyes electorales de la segregación?

Tanto si estas leyes se pueden invertir como si no, su existencia debería de desencadenar una gran campaña civil comparable a las iniciativas de registro electoral de los años del movimiento de los derechos civiles. Los pobres, los jóvenes y las personas de color deberían de sacar su documentación, acudir en masa a las urnas e insistir en su derecho a votar en el año 2012.

Si llega a producirse la censura electoral, que suceda a la vista de todos. El mundo entero, que en el año 2008 nos miró con admiración y respeto, volverá a mirarnos.