Me refiero a la iniciativa de los cinco ediles madrileños de UPyD de renunciar a los coches oficiale. Decisión que ha pillado descolocados a unos políticos acostumbrados a vivir a todo trapo y no responder ante los ciudadanos.

Lástima que los de UPyD no hayan incluido en la renuncia otras prebendas como, entre otras, teléfonos móviles, tarjetas de crédito y asesores. Aunque esa es otra cuestión. Si bien los coches oficiales fueron necesarios por motivos de seguridad en tiempos pasados, cuando se detectaron seguimientos de ETA a ediles en plena etapa de secuestros y asesinatos, hoy en día representan un lujo al cual, con cinco millones de parados y la galopante deuda pública, hacía tiempo que tenían que haber renunciado de motu proprio. Hasta 134 vehículos con su respectivo personal (chófer y escolta), 5 millones de euros anuales, pagan los madrileños. Gallardón no está demasiado dispuesto a apretarse el cinturón. Como mucho, a ahorrarse los coches oficiales de los concejales de oposición. Es evidente que no entiende por qué ha bajado más de 120.000 votos…

Sí lo ha comprendido Mariano Rajoy, quien presentaba estos días un plan cargado de buenas intenciones que quiere hacer aplicar en cuanta Comunidad Autónoma y ayuntamiento gobierne su formación política. Plan que pasa por la congelación de impuestos, el apoyo a emprendedores y el ajuste del despilfarro y el gasto público. A falta de ver en qué se concretan las propuestas a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha comenzado su campaña electoral viajando en Falcon a costa de todos los españoles, la iniciativa de los populares le ha sentado como un tiro. ¡A ver si va a resultar que el tranquilo gallego pisa el acelerador y deja tirado en la cuneta al oscuro madrileño!

El plan de Mariano Rajoy, sin embargo, no parece haber recogido el sentir mayoritario de los indignados de la sociedad española, que no son los totalitarios que han okupado plazas españolas para montarse su particular “Sálvame”, sino la mayoría silenciosa que desde hace tiempo viene exigiendo medidas regeneradoras como la división de poderes o una mayor representatividad. Es ésta última una de las exigencias de la formación de Rosa Díez quien, sin embargo, pide reformar la LOREG para ahondar en la corrupción de la mano de la nefasta proporcionalidad. Proporcionalidad que no es otra cosa más que la dictadura de las minorías. Tiranía que en España venimos sufriendo desde 1978, cuando gracias al nefasto sistema del belga D´Hont y las listas cerradas y bloqueadas, se organizó la cosa para que, salvo contados casos de mayorías absolutas y ni aún así, las grandes formaciones políticas que representan a la inmensa mayoría fueran rehenes de pequeños partidos regionalistas o nacionalistas. Caso extremo pero harto esclarecedor ha sido el de Unión Mallorquina, formación organizada para trincar de quien han dependido gobiernos de PP y PSOE. Aunque la izquierda lo repita cual mantra, lo que España requiere no es un sistema de listas abiertas proporcional, que es más de lo mismo.

Lo que necesitamos es un sistema de listas abiertas mayoritario. A ver si de una vez tenemos gobiernos fuertes que ponen a nacionalistas, regionalistas, oportunistas y a los extremistas en su sitio. Y abordan, libres de ataduras y peajes, las reformas estructurales (económicas y políticas) que la nación tan urgentemente necesita.