En la jornada del martes, poco más de dos horas fueron suficientes para aprobar los 208 artículos de esta histórica norma, una de las más importantes realizadas en las últimas décadas en el Parlamento colombiano. Según los primeros cálculos, con esta ley más de cuatro millones de personas recibirán reparación de daños.

La LV se centra en 2 grandes puntos: tratamiento y reconocimiento legal a las víctimas del conflicto armado entre el Ejército y las guerrillas (conflicto que hasta esta ley tampoco estaba reconocido como tal), y restitución de tierras para quienes fueron despojados de ellas por los grupos militares.

El Presidente del Senado, Armando Benedetti, quien puso mucho de su parte para la rápida aprobación, se mostraba exultante: “Cumplimos la agenda legislativa como nunca antes” declaró, ante la alegría de los sectores leales al presidente Juan Manuel Santos.

Segundos después, el Ministro del Interior Germán Vargas tomaba la palabra: “Este paso es un reto enorme para el Gobierno y se constituye en el mejor mensaje que podemos enviar ante la comunidad internacional” – y finalizaba – “Hoy es un día francamente histórico”.

En el lado opuesto, el Polo Democrático fue la única fuerza que se opuso al acuerdo, por considerar que deja fuera a algunas víctimas, que quedan sin reconocimiento.

El sector afín al expresidente Uribe acabó aceptando la ley, aunque renegaba de algunos de sus artículos, entre ellos el que reconocía la existencia de conflicto armado.

Puntos clave de la LV
Con respecto al tratamiento de las víctimas:

1. Reparación: el Gobierno reconoce el conflicto armado y se remite a los acuerdos internacionales de Derechos Humanos para que las víctimas sean reparadas de forma integral. Dado que se hará por vía administrativa y será el Estado quien los indemnice, no será necesario esperar un proceso judicial.

2. Condición de víctima: serán reparadas por su condición de víctimas, independientemente de si el agresor haya sido paramilitar, guerrillero o miembro del Ejército.

3. Creación de organismos especiales: se conformará el Departamento para la Reparación e Inclusión y la Unidad de Atención a Víctimas, y se crearán el Centro de Memoria Histórica y El Registro Único de Víctimas.

Y en cuanto a la restitución de tierras:

1. Se invierte la presunción: basado en el principio de buena fe, el Estado confiará en las denuncias de las víctimas, por lo que los denunciados deberán demostrar derechos sobre las tierras que les son requeridas. Si bien, para evitar fraudes, se creará una segunda instancia en la Corte Suprema para reclamaciones.

2. Procesos rápidos: las restituciones se llevarán a cabo mediante procesos con una máxima duración de cuatro meses, para lo que se creará una jurisdicción de tierras, cuya responsabilidad recaerá en jueces penales.