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La Relación EPP – FARC, otra fábula de Lugo que llega a su fin

De cualquier manera, no existirían fábulas si no existieran mentes predispuestas a creerlas
Luis Agüero Wagner
@Dreyfusard
martes, 24 de mayo de 2011, 07:00 h (CET)
Dijo Napoleón Bonaparte que bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para mantener adormecidos a sus gobernados. De cualquier manera, no existirían fábulas si no existieran mentes predispuestas a creerlas, tales como las forjadas en un medio como el paraguayo, donde un cura con antecedentes de pederastia clerical e involucrado en feminicidios y secuestros puede presentarse como un mesiánico heredero de Gandhi y el Dalai Lama.

Todo ello fue posible para el obispo Fernando Lugo, apuntalado por el pensamiento mágico, la tradición autoritaria y el machismo ingénito de sus compatriotas.

El 1º de marzo del 2008 fue asesinado Raúl Reyes en un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Colombia a un campamento temporal de las FARC en territorio ecuatoriano. Las computadoras supuestamente incautadas luego de esa acción, al parecer a prueba de misiles, fueron una caja de Pandora desde la cual saltaron a la prensa mediática de la región un sinnúmero de “evidencias” contra dirigentes políticos de izquierda.

La decisión de los últimos días del Supremo Tribunal de Justicia de Colombia, que determina que las evidencias halladas en los computadores del abatido jefe guerrillero carecen de valor jurídico, han sacudido las esferas políticas de latinoamericano dejando sin andamiaje a varias fábulas de la ultraderecha y entre ellas, la de la relación entre el EPP (ejército popular paraguayo, grupo marxisto guerrillero que ha declarado la guerra al derechista y neoliberal gobierno de Fernando Lugo), y las FARC de Colombia.

En realida, el EPP es un grupo con antecedentes de una relación de vieja data con Fernando Lugo.

Al menos tres de los cabecillas del grupo, Manuel Cristaldo Mieres, Alcides Oviedo y Gilberto Setrini son ex seminaristas que comulgan con las ideas marxistas de la teología de la liberación, que según su dudosa propaganda proselitista, era profesada por el mismo Fernando Lugo. Lugo fue incluso maestro de ellos tres.

En repetidas ocasiones quienes hoy son miembros del EPP participaron de eventos tanto eclesiales como sociales junto al entonces obispo del departamento de San Pedro, y actual presidente de la república, existiendo una profusa documentación fotográfica y testimonial al respecto.

Mieres fue acusado por la Fiscalía y condenado por tener participación directa en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Alcides Oviedo habría sido el “comandante en jefe del grupo”.

Cuando un periodista pidió a Lugo su opinión respecto al secuestro de Cubas en tiempos en que ella todavía estaba con vida, el cura-presidente respondió: “No sé, hay cosas más importantes de las que me tengo que ocupar”, intentando minimizar el hecho criminal.

Sin embargo, luego de llegar a presidente, su visión de las cosas cambió. El primer viaje al extranjero de su ministro del interior Rafael Filizzola fue a Colombia, donde se aseguró el apoyo de Uribe para su propia “guerra contra el terrorismo”.

Más adelante, según filtró Wikileaks, imploró en la embajada norteamericana sofisticados equipos de espionaje para interceptar comunicaciones del grupo.

Los resultados no se hicieron esperar, y varios supuestos miembros del grupo de ex adeptos al luguismo fueron ejecutados extrajudicialmente en nebulosas acciones de la policía paraguaya, luego de ser salvajemente torturados, entre ellos Severiano Martínez y Nimio Cardozo.

Al mismo tiempo, arreciaron los atropellos a campesinos y apresamientos con pruebas similares a los datos supuestamente extraídos de la computadora de Reyes.

Las computadoras de Reyes

Aunque se dio a entender que durante su estadía en las dependencias militares uribistas los ordenadores fueron manipulados, el argumento de más peso en el cual se fundamentó el dictamen de la Sala Penal señala que los mensajes y los materiales de prueba localizados en las ‘laptop’ de ‘Reyes’, en el campamento de Angostura se obtuvieron “de manera ilícita”. La Corte igualmente sostiene que el material hallado no tiene valor jurídico bajo la jurisdicción colombiana, dado que se inobservaron los procedimientos legales, en particular los referentes a la cadena de custodia de las pruebas encontradas.

La opinión de juristas es tajante: “Los materiales hallados en el campamento de alias ‘Raúl Reyes’ no son prueba para procesar a nadie por presuntos vínculos con la guerrilla”.

Igualmente, considera que el parecer sienta un precedente que, por ejemplo, obligará a revisar el proceso que se siguió a Piedad Córdoba. En septiembre pasado, la ex senadora del Partido Liberal perdió su curul en el Congreso tras un dictamen del procurador Alejandro Ordóñez, que la acusó de colaborar con las FARC.

La sanción, que además implicó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años, precisamente se basó en los correos de ‘Reyes’ en los cuales aparecía el nombre y el alias de la ex negociadora en el proceso de liberación de cautivos de la guerrilla.

A través de su cuenta de Twitter, en su única reacción hasta ayer sobre el pronunciamiento judicial que apuntala su posible retorno al Congreso, la ex Senadora planteó una interrogante. ¿Se prevaricó al sancionarla con pruebas conseguidas de manera ilegal?

El fin de la fábula, según canciller venezolano

El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró la semana pasada desde Nicaragua que la “fábula envenenada que trataron de crear” tras el decomiso de las computadoras del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, “está llegando al final de su historia”. El líder de la guerrilla fue asesinado en el ataque del Ejército colombiano contra un campamento temporal de la guerrilla en Sucumbíos (noreste de Ecuador).

“Lo hemos dicho con insistencia, sencillamente esa fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores de Raúl Reyes, está llegando al final de su historia. Sencillamente esa fábula envenenada debe pasar al basurero del olvido como parte de todas esas campañas que han pretendido montar (...) para atacar a los gobiernos progresistas”, denunció Maduro.

La declaración de invalidez de las pruebas informáticas fue el argumento usado por los magistrados de la Corte para desestimar las actuaciones legales que se adelantaban en las acusaciones contra el ex representante a la Cámara del Congreso por el Polo Democrático

Alternativo, Wilson Borja, denunciado por mantener supuestos nexos con esa guerrilla.
Con esas “pruebas”, que hoy se sugieren “plantadas” por el gobierno de Uribe; se acusó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, de financiar a las FARC; el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue señalado de haber recibido financiamiento y apoyo político de la organización en su campaña de 2006.

En Paraguay, los derechistas que dominan el gobierno del cura Fernando Lugo lograron maniatar a la izquierda y convertirla en un peso muerto dentro de la administración, anulandole toda posibilidad de crítica y transformándola en un hato de abyectos y sumisos lacayos. Toda posible oposición de izquierda fue relegada al plano de la ilegalidad y la vinculación con el terrorismo.

La forzada relación EPP-FARC

Con una indisimulable influencia del estilo uribista en sus maniobras, el ministro del Interior paraguayo Rafael Filizzola y el aparato policial-judicial heredado de la dictadura neo-nazi de Alfredo Stroessner, han vinculado a numerosos activistas sociales con el grupo marxisto-guerrillero EPP, supuesto brazo paraguayo de las FARC.

La mayoría de ellos sigue en prisión, y sus derechos son vejados, merced a oscuras maniobras informáticas como las pruebas plantadas por Uribe y los suyos en las supuestas computadoras de Reyes.

De acuerdo a los activistas por los derechos humanos, con maniobras así “En Paraguay, se garantiza la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura stronista.

El Ministerio Público es el guardián de la impunidad de los terroristas de estado.

En el marco general de la represión estatal contra el campo popular diseñado en la embajada de EE.UU., los fiscales paraguayos, formados en el narco estado de Colombia, sometieron a malos tratos a sobrevivientes de la dictadura stronista”.

Esta permanente agresión tuvo como reciente consecuencia la muerte del histórico luchador antidictatorial Guillermo Weyer. Según las escuetas crónicas de la prensa empresarial paraguaya, “Había sufrido un infarto la semana pasada luego de declarar por varias horas ante la Fiscalía de DD.HH., para ratificar su denuncia contra torturadores”.

Según los activistas por derechos humanos, “El Ministerio Público, sometió a largas horas de acción psicológica a los compañeros querellantes bajo el nombre de “pericias psiquiátricas forenses. Denunciamos con claridad que esta muerte fue consecuencia del hostigamiento del Ministerio Público y sus fiscales defensores de la impunidad de los crímenes de esa humanidad”.

Todo ello sucedió, por supuesto, en las narices del gobierno del cura Fernando Lugo y su banda de neo-fascistas, al decir de un comunicado del proscripto partido Patria Libre enviado desde el exilio.

En Paraguay, varias comunicaciones de las computadoras de Reyes que fueron anuladas como pruebas son consideradas palabra mayor por los medios, la fiscalía y el gobierno de Fernando Lugo para mantener privadas de su libertad a un numeroso grupo de personas.
Algunos medios llegaron a publicar dossiers con los correos de la computadora de Reyes que supuestamente “probaban” la relación entre Patria Libre, EPP y FARC.

Un arduo trabajo espera a quienes deseen distinguir entre el trigo y la paja en las acusaciones de las fiscalías paraguayas, basadas en unas pruebas que hoy ya son consideradas nulas.

Como dijera Hermann Keyserling, ninguna prueba, ninguna rectificación ni desmentido puede anular el efecto de una publicidad bien hecha.

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