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Etiquetas:   Economía   -   Sección:   Economía

Propuesta de nacionalización de Caja Madrid-Bankia

Llamada a la creación de una “Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros”
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
lunes, 23 de mayo de 2011, 12:09 h (CET)



Un colectivo de personas, integrado por ex-consejeros del Consejo de Administración de Caja Madrid y miembros de la Presidencia Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, y el movimiento ciudadano ATTAC-Madrid han llamado a la creación de una “Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros” con la propuesta concreta de plantear la nacionalización de Caja Madrid-Bankia.

Los promotores de esta propuesta, señalan que las “Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA”— entre los principales responsables de la crisis que atravesamos— quienes con este proceso podrían hacerse con el control de unas entidades que suponen casi el 50% del sistema financiero español, lo que ocasionaría un grave perjuicio a la mayoría de los ciudadanos.

Además de exigir “la derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados”, los autores de la propuesta exigen que “el dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse”, sino “convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto”. Señalan que Bankia, la entidad conformada por Caja Madrid con otras seis cajas, ya ha recibido ayudas públicas por importe de 4.465 millones de euros y que eso implica que el Estado debería ser propietario de más del 40% de sus acciones.

También reclaman el “fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas”. Por otra parte, plantean la necesidad de detener la “destrucción de puestos de trabajo” y preservar la Obra Social, así como que se ponga “fin a la política de desahucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda” y la puesta “a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda”.

Finalmente, piden que “la actuación de las Cajas forme parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales”, así como la “prohibición de la actividad especulativa y la apertura de cuentas en los paraísos fiscales por parte de las Cajas y de las empresas en la que tengan participaciones”.

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