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Opinión
Etiquetas:   Carta al director  

Mutilados por la Administración

José Francisco Sánchez (Valencia)
Redacción
sábado, 26 de febrero de 2005, 05:17 h (CET)
A la consellera de Bienestar Social de la Comunidad VAlenciana, Alicia de Miguel, le ocurre lo que a buena parte del común de los mortales: que aborda el verbo con mucha más facilidad que las tremendas empresas que exige su elevada dignidad. Convertida ahora en portavoz del Consell nos anuncia a bombo y platillo la pretensión oficial de liderar políticas sociales con la próxima instauración una nueva Ley de Protección Integral del Menor y la correspondiente figura del Defensor del Menor, con el fin declarado de salvaguardar los derechos de este colectivo expuesto a tantas arbitrariedades.

Después de hablar largo y tendido sobre los novedosos aspectos de la iniciativa, presentada como pionera en España, el camaleónicos discurso informativo olvidó especialmente mencionar en la correspondiente rueda de prensa un par de cuestiones de diferente interés: primero, que la institución del Defensor llegará a Valencia, como mínimo, con unos diez años de retraso con respecto a Madrid y Andalucía; segundo y fundamental, que, en determinados asuntos, aparte de crear una nueva camada de burócratas, sirve para bien poco. En efecto, ni con Carta de Derechos del Menor ni sin ella, el gobierno no está dispuesto a mover un dedo para garantizar la integridad genital de los cientos de niños que son mutilados ritualmente en nuestra Comunidad por capricho de los padres o para obligarles a profesar determinadas religiones, y menos todavía por los inmigrantes. Ármense de paciencia y acudan, como personalmente hice, para entrevistarse con la Directora General de Inmigración, Lina Insa. Comprueben como dice ni siquiera tener constancia de que tal aberración exista. Esta espantosa situación de desinformación y desamparo subsiguiente, basta para poner en evidencia la ridícula ineficacia de cualquier política de bienestar que se plantee.

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