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Durante el pasado semestre 176 alumnos del TEC de Monterrey abandonaron el campus por miedo a ser tiroteados o secuestrados

La violencia alcanza a las universidades privadas

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Este éxodo de estudiantes constituye el desplazamiento más notable registrado en los centros privados de México. Todo comenzó el 19 de marzo de 2010, cuando los alumnos Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo cayeron abatidos durante un enfrentamiento entre militares y delincuentes organizados dentro del recinto del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC).

Los alumnos aseguraban, por su acento, que “el grupo enfrentado al ejército era de sinaloenses o sonorenses”, al tiempo que comenzaba a surgir la amenaza de secuestros.

Desde entonces, ser de Sinaloa o de Sonora supuso un problema en el TEC de Monterrey, por lo que 176 alumnos decidieron abandonar la ciudad y repartirse entre centros del mismo instituto en Sinaloa y Guadalajara.

Para las autoridades mexicanas, la movilidad forzada de universitarios no es sino un problema derivado de otro más importante: las muertes de estudiantes desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, a finales de 2006.

Sólo en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, la policía admite más de 60 muertos por balas perdidas durante enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cifra asciende a 40 víctimas.

En Ciudad de México, el director de Comunicación Institucional de la Universidad Panamericana, explicaba: “de forma tradicional hemos contado con un manual de seguridad, pero la realidad nos ha desafiado a proteger aún mas la vida estudiantil. El año pasado compramos una patrulla para hacer rondas en el perímetro del centro universitario”.

Medición difícil
Por las características de este fenómeno, es complicado contar con datos exactos respecto al desplazamiento de alumnos. El director del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruz, Miguel Ángel Casillas Alvarado, lo expone: “Se trata de estudiantes en huida, hostigados o incluso amenazados de muerte. A veces cambian de universidad privada a otra privada, por lo que es difícil conocer los números exactos. Ningún estudiante desea hablar, así que, por lo pronto, es un movimiento lento y silencioso”

También hay voces contrarias al respecto, que restan magnitud al éxodo de alumnos. Tal es la visión del investigador Germán Álvarez Mendiola que, basándose en factores socioeconómicos, argumenta que la movilidad universitaria no es notable en México. “El arraigo, la falta de oportunidades y la carencia de recursos para salir de una región impiden a los estudiantes abandonar los lugares donde decidieron cursar una carrera universitaria”, explica.

Por ahora, “los 176 de Monterrey”, como se les conoce en los medios mexicanos, constituyen el mayor éxodo registrado, y los datos siguen siendo escasos, porque el grupo mantiene un acuerdo común de silencio ante los medios públicos.

La violencia alcanza a las universidades privadas

Durante el pasado semestre 176 alumnos del TEC de Monterrey abandonaron el campus por miedo a ser tiroteados o secuestrados
Rubén  Verdú
martes, 17 de mayo de 2011, 16:08 h (CET)
Este éxodo de estudiantes constituye el desplazamiento más notable registrado en los centros privados de México. Todo comenzó el 19 de marzo de 2010, cuando los alumnos Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo cayeron abatidos durante un enfrentamiento entre militares y delincuentes organizados dentro del recinto del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC).

Los alumnos aseguraban, por su acento, que “el grupo enfrentado al ejército era de sinaloenses o sonorenses”, al tiempo que comenzaba a surgir la amenaza de secuestros.

Desde entonces, ser de Sinaloa o de Sonora supuso un problema en el TEC de Monterrey, por lo que 176 alumnos decidieron abandonar la ciudad y repartirse entre centros del mismo instituto en Sinaloa y Guadalajara.

Para las autoridades mexicanas, la movilidad forzada de universitarios no es sino un problema derivado de otro más importante: las muertes de estudiantes desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, a finales de 2006.

Sólo en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, la policía admite más de 60 muertos por balas perdidas durante enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cifra asciende a 40 víctimas.

En Ciudad de México, el director de Comunicación Institucional de la Universidad Panamericana, explicaba: “de forma tradicional hemos contado con un manual de seguridad, pero la realidad nos ha desafiado a proteger aún mas la vida estudiantil. El año pasado compramos una patrulla para hacer rondas en el perímetro del centro universitario”.

Medición difícil
Por las características de este fenómeno, es complicado contar con datos exactos respecto al desplazamiento de alumnos. El director del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruz, Miguel Ángel Casillas Alvarado, lo expone: “Se trata de estudiantes en huida, hostigados o incluso amenazados de muerte. A veces cambian de universidad privada a otra privada, por lo que es difícil conocer los números exactos. Ningún estudiante desea hablar, así que, por lo pronto, es un movimiento lento y silencioso”

También hay voces contrarias al respecto, que restan magnitud al éxodo de alumnos. Tal es la visión del investigador Germán Álvarez Mendiola que, basándose en factores socioeconómicos, argumenta que la movilidad universitaria no es notable en México. “El arraigo, la falta de oportunidades y la carencia de recursos para salir de una región impiden a los estudiantes abandonar los lugares donde decidieron cursar una carrera universitaria”, explica.

Por ahora, “los 176 de Monterrey”, como se les conoce en los medios mexicanos, constituyen el mayor éxodo registrado, y los datos siguen siendo escasos, porque el grupo mantiene un acuerdo común de silencio ante los medios públicos.

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