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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

El Tribunal Constitucional se hace el haraquiri

“Han tirado 13 años de trabajo contra ETA”
Miguel Massanet
lunes, 9 de mayo de 2011, 07:14 h (CET)
Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez era, Pablo Pérez Tremps, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, son los miembros del TC que se puede vanagloriar de haberle infundido un nuevo impulso a la banda terrorista ETA, al darle vía libre a la formación BILDU, para que puede concurrir a las próximas elecciones en el País Vasco. Estos mismo señores van a ser los que, de aquí en adelante, tengan que rezar, si son creyentes o implorar a los hados, si no lo son, para que no se vuelva a producir ningún atentado de ETA en este país y para que, los nuevos concejales que puedan ocupar sus puestos en los 60 ayuntamientos en los que se estima pueda conseguir representación la coalición de Bildu, EA y Alternatiba e independientes (escogidos por E. Batasuna) no se conviertan en la quinta columna de la banda terrorista. Sin duda van a conseguir aunar al grueso del independentismo vasco y a situar las finanzas de la banda terrorista en condiciones de volverse a rearmar y reclutar a nuevos adeptos, en unos momentos en que la Guardia Civil y la Policía Nacional habían conseguido limitar al mínimo sus actividades.

La entrega de los censos electorales a Bildu significará darles, a los terroristas, todos los datos de los ciudadanos vascos que les puedan interesar para sus futuras fechorías. Resulta inverosímil que estos miembros del TC que han votado a favor de Bildu sean, posiblemente, los únicos en todo el estado español que no sepan que Bildu es un engendro más de ETA y que, todo este proceso, que empezó con la presentación de SORTU para que sirviera de señuelo y que, luego, ha proseguido con la creación de Bildu para que, a la vez, fuera ilegalizada por el Supremo, sabiendo que los magistrados del TC iban a darle la vuelta a la tortilla para que, el gobierno del señor ZP, se saliera con la suya y pudiera contentar al señor Urkullu, del PNV, que había amenazado al gobierno con retirarle su apoyo en el Parlamento español si Bildu no concurría a las elecciones del 22 de Mayo. ¿Por qué este interés? Porque el PNV sin ETA no es nadie y viceversa.

La Guardia Civil ya ha advertido que, entre el Gobierno y el TC, han conseguido que, con la previsible llegada de Bildu a las instituciones, se perjudique a la lucha antiterrorista, incluso con la posibilidad de que, desde esta coalición electoral, se delate a los agentes que luchan contra ETA. El señor Moya, secretario general de la AUGC, en declaraciones a Servimedia afirmó que, en el Instituto Armado, hay “malestar y máxima preocupación” por la decisión del TC de permitir a Bildu estar en las elecciones. Destacó que, en los informes de las Fuerzas de Seguridad se prueba que hay miembros de esta coalición que tienen o han tenido relaciones con la banda criminal. No se tratan de “presunciones” sino de “pruebas objetivas”. Confirma, el señor Moya, que el fallo de Constitucional significa un “retroceso” en la lucha antiterrorista puesto existían informes policiales “objetivos y profesionales” que señalaban los vínculos de Bildu con Batasuna. La conclusión final que sacan las Fuerzas de Seguridad es que: “Han tirado 13 años de trabajo contra ETA”.

El hecho de que, el señor Rubalcaba, nos ha querido hacer creer que estaba en contra de la legalización de Bildu y que no admitiría un solo etarra en los ayuntamientos y demás instituciones públicas, haya tachado a los que critican el fallo del TC (por cierto que ha aceptado la tesis de los magistrados del TS que apoyaron en su voto particular), se ha quedado en una más de las filfas con las que quiere entretener a los ciudadanos. Porque, el señor ministro de Interior, se ha apresurado, apenas conocida la resolución del TC, a tachar de estar fuera del Estado de Derecho a los críticos con la misma.¡ Quien lo ha visto y quien lo ve! Por lo visto no recuerda como hacía de funambulista, en equilibrio sobre el alambre de la ilegalidad, afirmando que: “el gobierno de F. González no tenía nada que ver con los crímenes de los GAL” ¿Cómo quedó el Estado de Derecho y todo el Gobierno del PSOE cuando, los tribunales y el señor Garzón, demostraron lo contrario?

Lo cierto es que, el señor ZP, que todavía lleva las riendas del PSOE, sigue en su empeño de conseguir negociar con ETA, fuere por medio de intermediarios internacionales, fuere por reuniones secretas o fuere por acuerdos con el señor Urkullo. Un señor que, por cierto, convendría que nos aclarase lo que ha querido decir cuando ha hablado de: “que hay cosas que se pueden decir y otras que se han de ocultar”; aunque es posible que no quiera delatar a alguien que ha tenido un papel primordial en el hecho de que los miembros progresistas del TC hayan decidido cometer la torpeza, para decirlo de una manera menos ofensiva, de permitir a los etarras conseguir información, ayuda económica y fuelle para volverse a reestructurar y proseguir con su lucha contra el Estado español. Puede que esté equivocado, pero todo este asunto huele a podredumbre, a falsedad y a componenda, y hay motivos para que los ciudadanos de a pie juzguemos la actuación de los miembros, afectos al Gobierno, del TC, más encaminada a satisfacer los intereses gubernamentales que a indagar en los aspectos jurídicos y en los temas procesales, los que les competen, naturalmente.

Queda en evidencia que hubo, en los días previos, una reunión entre algunos miembros del Ejecutivo y miembros del TC; resulta más que preocupante que, para resolver sobre el tema del Estatut catalán ( porque así le interesaba a Zapatero y su equipo) tardaran 3 años en tomar una decisión y, aún así, se quedaron a medias, permitiendo que muchos aspectos más que dudosos se salvarán de los recortes y, ahora, en apenas unas horas, hayan refutado una sentencia impecable del Tribunal Supremo, perfectamente fundada y amparada en informes exhaustivos e irrefutables proporcionados por la policía y la Guardia Civil; con argumentos cogidos con alfileres sobre una pretendida preferencia de los derechos electorales de los etarras, dejando de considerar que quienes pretenden ejercer estos derechos no son más que terroristas disfrazados de personas decentes, que intentan acceder al dinero de los contribuyentes ( que, dicho de paso, también les paga el sueldo a los magistrados del TC) para que puedan seguir alimentando a una banda de asesinos que han masacrado a casi mil ciudadanos inocentes, en el tiempo que llevan en su macabra tarea.

Lo que sucede es que, como demuestran las más recientes encuestas, los españoles no estamos contentos con nuestra Justicia, no nos gusta el funcionamiento de nuestro sistema judicial, no nos fiamos de los fiscales y creemos que esta cuarta instancia constituida por el TC (un tribunal formado por miembros de distinta procedencia en el que no todos son jueces) no debería existir, por constituir un elemento que más distorsiona y confunde, en lugar de ser el defensor de la Constitución. Sus actuaciones se cuentan por escándalos y se tiñen de un peligroso tono gubernamental que huele a chamusquina. No. señor Rubalcaba, está usted en un error y se le nota su falta de formación jurídica, porque los españoles que criticamos el fallo de Constitucional, no decimos que no lo acatemos, simplemente, nos adelantamos a pronosticar los efectos de una resolución tomada precipitadamente, bajo presiones gubernamentales y, cuyas consecuencias, pueden ser fatales para el pueblo español que, en definitiva, es quien acaba pagando las consecuencias de los errores de sus instituciones que, por desgracia, en mucha ocasiones, no se muestran a la altura de sus responsabilidades. O esto, señores, es lo que yo opino.

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