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Etiquetas:   La delgada línea roja   -   Sección:   Opinión

Bildu gana, la democracia pierde

La controvertida decisión del Tribunal Constitucional ha indignado a la mayoría de la ciudadanía española

Una vez más, a los españoles nos toca asistir como convidados de piedra a la lamentable escenificación de un apaño deleznable e indecente
Antonio Pérez Omister
@esapo1
viernes, 6 de mayo de 2011, 10:34 h (CET)
Previsiblemente, la vil componenda incluye una prórroga de la “tregua” que ETA ha proclamado unilateralmente. Un balón de oxígeno para Zapatero cuyo proyecto de gobierno, suponiendo que lo haya tenido alguna vez, está agotado.

Nuevamente, quienes apoyan velada, o abiertamente, el terrorismo, se han salido con la suya y vuelven a aprovecharse del sistema democrático para adulterarlo y subordinarlo a sus pútridos intereses. Unos intereses particulares y sectarios que no son compatibles con los de la Nación española en su conjunto.

Me pregunto si en cualquier otro país occidental se daría semejante circunstancia: el propio Estado consintiendo a quienes lo cuestionan, participar en unas elecciones democráticas en pie de igualdad con los que sí respetan las reglas del juego, y no emplean la violencia, ni la justifican, para imponer sus criterios.

Dado que el TC ha decidido que Bildu tiene derecho a concurrir a las elecciones del próximo día 22, los ciudadanos podríamos demostrar nuestra disconformidad y rebelarnos pacíficamente absteniéndonos de participar en los comicios. Acatar una decisión judicial, no significa respetarla. El respeto se gana, no se impone ni se puede exigir por ley. Y votar es un derecho, no una obligación.

Yo no votaré por muchos motivos. La legalización de Bildu ha sido la gota que ha colmado el vaso. Estoy harto de un sistema en el que se premia a quienes no lo respetan, y se castiga sin miramientos a quienes lo respetan y defienden.

No daré mi voto a ninguno de los partidos que concurren a estas elecciones porque considero que su actuación, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, ha sido mediocre, cobarde y ramplona.

La política ultraliberal que defienden PSOE y PP ha llevado a muchas familias al borde de la bancarrota y la indigencia. La política exterior de unos y otros parece basarse en el sometimiento a lo que decidan unos anónimos burócratas en Bruselas, o una patulea de especuladores desde Washington. Me pregunto qué hace el rey visitando con carácter “privado” al monarca alauita.

Del mismo modo que no puedo apoyar el terrorismo de Estado, tampoco puedo doblegarme ante un fraude de ley como es la legalización de un partido del que todos sabemos que mantiene conexiones con la banda terrorista ETA. Es más, no es que no pueda, es que no quiero.

Pero nada de todo esto, ni de lo que pueda venir más tarde, debe sorprendernos. Hace mucho tiempo que la política española discurre por un tenebroso sendero que conduce a un insondable abismo por el que irremediablemente acabaremos despeñándonos.

Recientemente se celebraron en Cataluña unos ilegales referendos para decidir sobre la posible secesión de esa parte de España. Las “consultas populares” organizadas por los partidos soberanistas catalanes contaron con la aquiescencia del gobierno y la oposición. La grotesca mascarada se consintió con un rictus de frivolidad surcando el pétreo rostro de unos políticos que han demostrado cuán superfluos son sus servicios más allá de cualquier duda razonable.

Una de las excusas, que no razones, para tolerar y justificar estas “consultas” fue que unos y otros precisan puntualmente los apoyos parlamentarios de estas formaciones que hace algún tiempo dejaron de definirse como “nacionalistas”, para travestirse de “soberanistas” sin ningún empacho.

Con total desparpajo el PNV chantajea públicamente al gobierno (siempre con minúscula), y le dice que si Bildu no es legalizada, dejará de prestarle su apoyo parlamentario. Bueno… ¿y qué? Todos los españoles entenderíamos que PSOE y PP llegasen a acuerdos puntuales con tal de neutralizar a unos partidos nacionalistas que no respetan la Constitución española.

Sobre el papel, nuestra Carta Magna garantiza la integridad territorial de la Nación española. Punto. No hay lugar para farisaicas interpretaciones ni torticeras tergiversaciones. La Unidad de España es innegociable, incuestionable e intocable.

Siendo esto así, ¿en qué se basa el Tribunal Constitucional para legalizar a una formación que atenta abiertamente contra la indisoluble unidad de la Nación española?

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