Al tiempo que ya está en marcha un juicio político propuesto por la Asamblea ecuatoriana por anomalías en la gestión del Consejo de la Judicatura (CJ), esta semana se han hecho públicos un total de 639 reclamos administrativos desde dentro de la estructura judicial.

Estas denuncias han sido interpuestas por jueces, funcionarios judiciales y empleados que han sido afectados por las decisiones unilaterales del Pleno de la Judicatura, presidido por Benjamín Cevallos.

La estructura del Pleno del CJ ecuatoriano está integrada por un grupo de vocales. Los denominados “de mayoría”, encabezados por Cevallos, tienen licencia para emitir sanciones internas. En este sistema, los otros grupos “de minoría” se ven sometidos a los designios de los primeros.

Así, las demandas administrativas contemplan destituciones y suspensiones de jueces, auxiliares, alguaciles, notarios o registradores de propiedad, así como multas y suspensión de pagos.

Por otra parte, se acusa al CJ de acciones de inconstitucionalidad, de reclamos de pagos de subrogación, irregularidades de cohecho y prevaricación.

La mayor parte de las denuncias han sido planteadas en Guayaquil, Quito y Cuenca.

Un ejemplo son las acusaciones públicas de los vocales de minoría Oswaldo Domínguez, Marco Tulio Cordero y Ulpiano Salazar, en las que señalan a Germán Vázquez y Jorge Vaca, del Pleno del CJ, según las cuales éstos habrían presionado a jueces para que fallasen a favor de juicios que manejaban sus hijos, abogados en libre ejercicio. También denuncian a Cevallos por convertir la presidencia de la Judicatura en una “agencia de empleo”, al designar y contratar a dedo a jueces, funcionarios y cargos judiciales.

Otras demandas apuntan a la subida de sueldos a casi 6000 dólares que el Pleno se adjudicó en 2010, según reveló la revista Blanco y Negro.

De prosperar los juicios, la fiscalía pedirá al Estado restitución por daños y perjuicios a los afectados y se prevé la destitución de un buen número de vocales del Pleno del CJ.

Un reestructuración necesaria
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Pozo Montesdeoca señalaba en una entrevista que “estos vocales deberían haberse ido hace tiempo si tenían un tanto de pundonor”, y expresaba la necesidad de una profunda remodelación del sistema judicial.

“A pretexto de hallar transparencia –señalaba- ha habido una flagrante y frecuente intromisión en decisiones judiciales […] Las impugnaciones propuestas rebasan el ámbito de lo contencioso administrativo y rayan en el aspecto penal, por abuso de autoridad y negligencia”

Finalmente, Montesdeoca sentenciaba: “Este CJ debe ser suprimido, eliminado de la Constitución, y esa ley orgánica que lo rige derogada. Hay que volver al modelo anterior”