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El bufete de abogasos King & Spalding desata las críticas por dejar de representar a la Ley de Defensa del Matrimonio

Uso de la violencia contra Bufestes

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WASHINGTON - Verter críticas a un gran bufete especializado por actuar de forma cobarde en su propio interés económico es fácil. En el caso de King & Spalding, el bufete de Atlanta que dejó de representar a la Ley de Defensa del Matrimonio, el bombardeo de críticas está totalmente merecido. Pero el mayor culpable es la Campaña de los Derechos Humanos, el colectivo de derechos de los homosexuales que orquestó las desagradables tácticas de presión contra King & Spalding.

Permita que me apresure a dejar claras un par de cosas. La Ley de Defensa del Matrimonio, que prohíbe al estado aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo reconocidos por las leyes estatales, es repugnante y, estoy segura, inconstitucional. El Departamento de Justicia Obama hizo lo correcto y lo valiente al decidir que ya no podía defender la práctica del código.

Pero valerse de tácticas de violencia para que la defensa abandone la representación del, o evite al, cliente impopular no es una táctica aceptable. Esto no es, o no debería ser, un debate entre izquierda y derecha. Es cierto tanto la defensa represente a un asesino en el corredor de la muerte como si representa a detenidos de Guantánamo o a un reglamento federal -- una ley, hay que señalar, aprobada por aplastantes mayorías legislativas y por un presidente Demócrata. La Campaña de los Derechos Humanos y sus aliados tendrían que acordarse: no hace tanto tiempo, los bufetes eran reacios a aceptar clientes o causas homosexuales.

El fiscal general Eric Holder comparaba correctamente las críticas vertidas contra King & Spalding con los ataques lanzados a los letrados de oficio del Departamento de Justicia que con anterioridad habían llevado casos de presuntos terroristas. "Las personas que criticaron a nuestros abogados de oficio en el Departamento de Defensa se equivocaron entonces, tanto como se equivoca la gente que critica a Paul Clemente por aceptar la representación de un caso que no va a continuar", decía Holder aludiendo al asistente del fiscal en la administración George W. Bush que abandonó encomiablemente King
& Spalding en lugar de dejar de representar a la Ley de Defensa del
Matrimonio.
La acusación se fundamenta en la noción de que las dos partes que comparecen ante el tribunal merecen una defensa eficaz y vigorosa. Esto acarrea el mayor de los énfasis cuando un individuo acusado de un delito, por repugnante que sea, se enfrenta al poder fiscal del estado, pero es cierto también en el ámbito civil. De hecho, uno de los fundamentos de la retirada del caso por parte del Departamento de Justicia era la garantía de que los legisladores que apoyan la ley podrían garantizar que disfruta de una defensa capaz. La acusación contra la Ley de Defensa del Matrimonio habría de ganarse por méritos -- no impidiendo la actuación, ni intimidando, a los abogados de la otra parte.

La Campaña de los Derechos Humanos discrepa orgullosamente. Fred Sainz, director de comunicaciones del colectivo, decía que tenía la obligación de castigar al bufete por "colaborar y posibilitar la defensa de la discriminación de millones de personas". Contactó con clientes de King & Spalding para avisarles de la representación del bufete y el conflicto con su compromiso anunciado para con los derechos de los homosexuales. Se estaba preparando para hacer campaña contra King & Spalding entre los estudiantes de Derecho de centros elitistas que eligen los cargos de pasante entre los bufetes especializados.

Sainz apuntaba que el bufete solicitó con anterioridad el equivalente homosexual al sello de aprobación Buenas Prácticas que concede la Campaña de los Derechos Humanos, logrando una calificación del 95% en el índice de paridad en los puestos de dirección. "Representar o defender un código que es el equivalente a una declaración de guerra contra gays y lesbianas no es consistente con venderte como algo bueno para las familias gays y lésbicas", me decía Sainz.

El argumento más firme en favor de la Campaña consiste en sustituir raza por orientación sexual y plantear: ¿Hay que demonizar a los abogados que llevaron la defensa de los centros escolares segregados o de las leyes contra las relaciones interraciales? ¿No es una representación legal que va más allá de los límites? "Si fuera un caso sobre raza o sexo, ningún bufete del país lo habría aceptado", decía Sainz. "¿Por qué es apropiado entonces convertir en daños colaterales a las familias gays y lésbicas?"

Pero la implicación lógica del argumento de Sainz es que los casos de discriminación como Brown contra la Junta de Educación o Loving contra Virginia (el fallo que tumbó las prohibiciones de los matrimonios interraciales) se fallan por defecto - literalmente. No hay abogado, en el mundo que más le guste, que esté dispuesto a llevar la defensa.

"Entiendo del todo que a la gente no le guste esto", decía Sainz. "Pero le puedo garantizar que hay un montón de bufetes y empresas que tomaron nota de lo sucedido y van a pensarlo dos veces en el futuro antes de seguir adelante con una cuestión tan claramente nociva para las familias estadounidenses".

Sainz acoge con satisfacción el efecto de censura que tiene el miedo. A mí me parece, bueno, censurable. Yo quiero ver tumbada la Ley de Defensa del Matrimonio -- después de que la justicia escuche el mejor de los alegatos en su defensa.

Uso de la violencia contra Bufestes

El bufete de abogasos King & Spalding desata las críticas por dejar de representar a la Ley de Defensa del Matrimonio
Ruth Marcus
viernes, 29 de abril de 2011, 07:07 h (CET)
WASHINGTON - Verter críticas a un gran bufete especializado por actuar de forma cobarde en su propio interés económico es fácil. En el caso de King & Spalding, el bufete de Atlanta que dejó de representar a la Ley de Defensa del Matrimonio, el bombardeo de críticas está totalmente merecido. Pero el mayor culpable es la Campaña de los Derechos Humanos, el colectivo de derechos de los homosexuales que orquestó las desagradables tácticas de presión contra King & Spalding.

Permita que me apresure a dejar claras un par de cosas. La Ley de Defensa del Matrimonio, que prohíbe al estado aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo reconocidos por las leyes estatales, es repugnante y, estoy segura, inconstitucional. El Departamento de Justicia Obama hizo lo correcto y lo valiente al decidir que ya no podía defender la práctica del código.

Pero valerse de tácticas de violencia para que la defensa abandone la representación del, o evite al, cliente impopular no es una táctica aceptable. Esto no es, o no debería ser, un debate entre izquierda y derecha. Es cierto tanto la defensa represente a un asesino en el corredor de la muerte como si representa a detenidos de Guantánamo o a un reglamento federal -- una ley, hay que señalar, aprobada por aplastantes mayorías legislativas y por un presidente Demócrata. La Campaña de los Derechos Humanos y sus aliados tendrían que acordarse: no hace tanto tiempo, los bufetes eran reacios a aceptar clientes o causas homosexuales.

El fiscal general Eric Holder comparaba correctamente las críticas vertidas contra King & Spalding con los ataques lanzados a los letrados de oficio del Departamento de Justicia que con anterioridad habían llevado casos de presuntos terroristas. "Las personas que criticaron a nuestros abogados de oficio en el Departamento de Defensa se equivocaron entonces, tanto como se equivoca la gente que critica a Paul Clemente por aceptar la representación de un caso que no va a continuar", decía Holder aludiendo al asistente del fiscal en la administración George W. Bush que abandonó encomiablemente King
& Spalding en lugar de dejar de representar a la Ley de Defensa del
Matrimonio.
La acusación se fundamenta en la noción de que las dos partes que comparecen ante el tribunal merecen una defensa eficaz y vigorosa. Esto acarrea el mayor de los énfasis cuando un individuo acusado de un delito, por repugnante que sea, se enfrenta al poder fiscal del estado, pero es cierto también en el ámbito civil. De hecho, uno de los fundamentos de la retirada del caso por parte del Departamento de Justicia era la garantía de que los legisladores que apoyan la ley podrían garantizar que disfruta de una defensa capaz. La acusación contra la Ley de Defensa del Matrimonio habría de ganarse por méritos -- no impidiendo la actuación, ni intimidando, a los abogados de la otra parte.

La Campaña de los Derechos Humanos discrepa orgullosamente. Fred Sainz, director de comunicaciones del colectivo, decía que tenía la obligación de castigar al bufete por "colaborar y posibilitar la defensa de la discriminación de millones de personas". Contactó con clientes de King & Spalding para avisarles de la representación del bufete y el conflicto con su compromiso anunciado para con los derechos de los homosexuales. Se estaba preparando para hacer campaña contra King & Spalding entre los estudiantes de Derecho de centros elitistas que eligen los cargos de pasante entre los bufetes especializados.

Sainz apuntaba que el bufete solicitó con anterioridad el equivalente homosexual al sello de aprobación Buenas Prácticas que concede la Campaña de los Derechos Humanos, logrando una calificación del 95% en el índice de paridad en los puestos de dirección. "Representar o defender un código que es el equivalente a una declaración de guerra contra gays y lesbianas no es consistente con venderte como algo bueno para las familias gays y lésbicas", me decía Sainz.

El argumento más firme en favor de la Campaña consiste en sustituir raza por orientación sexual y plantear: ¿Hay que demonizar a los abogados que llevaron la defensa de los centros escolares segregados o de las leyes contra las relaciones interraciales? ¿No es una representación legal que va más allá de los límites? "Si fuera un caso sobre raza o sexo, ningún bufete del país lo habría aceptado", decía Sainz. "¿Por qué es apropiado entonces convertir en daños colaterales a las familias gays y lésbicas?"

Pero la implicación lógica del argumento de Sainz es que los casos de discriminación como Brown contra la Junta de Educación o Loving contra Virginia (el fallo que tumbó las prohibiciones de los matrimonios interraciales) se fallan por defecto - literalmente. No hay abogado, en el mundo que más le guste, que esté dispuesto a llevar la defensa.

"Entiendo del todo que a la gente no le guste esto", decía Sainz. "Pero le puedo garantizar que hay un montón de bufetes y empresas que tomaron nota de lo sucedido y van a pensarlo dos veces en el futuro antes de seguir adelante con una cuestión tan claramente nociva para las familias estadounidenses".

Sainz acoge con satisfacción el efecto de censura que tiene el miedo. A mí me parece, bueno, censurable. Yo quiero ver tumbada la Ley de Defensa del Matrimonio -- después de que la justicia escuche el mejor de los alegatos en su defensa.

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