A los ciudadanos de a pie en ocasiones nos resulta difícil de entender el comportamiento de ciertas personas a las que, por su categoría profesional, por su impronta personal, por la fama que ha conseguido obtener en el ejercicio de un arte o una profesión, por su inteligencia o por sus logros; siempre han sido apreciadas como merecedoras de la máxima consideración, acreedoras del respeto general y dignas de que sus opiniones sean tomadas en cuenta con la máxima consideración. Unos, como recientemente está ocurriendo, por desgracia con demasiada frecuencia, se han caído de su pedestal porque, toda aquella fachada que se había construido alrededor de su persona como aureola de honradez, de credibilidad, de probidad, de ética profesional y bonhomía, de pronto se desmorona cuando se descubre que, detrás de aquellas virtudes y cualidades, se escondía el egoísmo, la avaricia, la deslealtad o incluso la maldad, en esta ocasión triplemente censurable por tratarse de alguien en quien todos creían y confiaban. Otros, sin embargo, simplemente se equivocan cuando expresan sus opiniones.

Si en estos momentos de la política española hay algún problema que destaque por encima del resto de los que afectan al pueblo español es, sin duda alguna, el del nacionalismo catalán en su vertiente más preocupante del extremismo separatista. El punto de ruptura respecto a las leyes españolas y de la propia Constitución española, al que se están aproximando, a pasos agigantados, los políticos separatistas catalanes, su abierto desafío al resto de España, sus acciones encaminadas directamente a la constitución de un nuevo estado independiente y su actitud de rebeldía hacia todos los requerimientos que, desde el gobierno y los tribunales, incluido el TC; hace que, cuando se trate de actuar en temas relacionados con quienes ostentan el caudillaje de dicho movimiento secesionista, ya sea para relacionarse con ellos públicamente, expresar opiniones respecto a dicho tema o actuar de modo que se pueda interpretar como un apoyo a sus posiciones antiespañolas; se debería tener mucha cautela y evitar imprudencias que pudieran ser mal interpretadas y aprovechadas por los políticos catalanes como una muestra de respaldo a sus posiciones nacionalistas.

Es por ello que no hemos podido dejar de echar de menos, en el señor Francisco Pérez de los Cobos, hasta hace unos días presidente del Tribunal Constitucional, una autocrítica y una rectificación respecto a unas declaraciones un tanto extemporáneas y, un mucho, imprudentes, que dejó caer durante su discurso de despedida de su cargo. Para el señor Cobos “Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución” añadiendo que los poderes públicos “y muy especialmente los territoriales” son los que están “llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”.

Lo primero que se nos ocurre, ante dichas palabras, es que el señor Cobos hubiera preferido que el TC no interviniera en un tema que, a los magistrados del ente, les parece incómodo, les obliga a retratarse y a tomar un protagonismo que, posiblemente, les hubiera gustado esquivar y, ya que hablamos de temas incómodos, no hubiera estado de más que, el señor Cobos, explicara a los españoles ¿qué es lo que está sucediendo para que, el recurso del PP sobre la ley del aborto socialista, siga durmiendo el sueño de los justos, después de que hayan pasado unos 7 años desde que fuese admitido a trámite?, ¿cómo se puede entender que un tema tan importante, que le cuesta a España del orden de 100.000 fetos asesinados cada año; por la incuria del alto tribunal, siga siendo una vergüenza pública y un modus vivendi para una serie de clínicas abortistas que viven exclusivamente del tal aberración? No podemos dejar de ver una cierta contradicción en lo que está diciendo este magistrado, si es que queremos seguir considerando, a España, como un Estado de derecho en el que, las leyes, se deben cumplir; los tribunales las deben aplicar y, sólo en el caso de que exista una resolución condenatoria sobre un determinado tema sometido a juicio es cuando los fiscales, las autoridades, las fuerzas del orden público, tienen la misión, en el caso de los fiscales, de pedir su ejecución y en el del resto, poner los medios para que se cumplan en sus propios términos.

Sigue el señor Cobos con sus argumentos. Refiriéndose a la resolución dictada por el TC en marzo del 2014 y a las que la siguieron, en relación con el proceso separatista: “Desde aquel pronunciamiento nuestro la tensión no ha cesado”. Vamos a ver si nos entendemos, señor Del Cobos, con todo el respeto que nos merece su persona, nos cuesta asimilar que sea competencia del TC preocuparse de la tensión que puedan producir sus resoluciones y, todavía nos sorprende más, que quiera usted que los poderes públicos y la Administración del Estado actúen sin tener la certeza de que, aquellas cuestiones sobre las que van a actuar, para intentar recomponer la legalidad presuntamente violada, lo hagan sin asegurarse, en temas de tanta enjundia, de si, aquellos actos y decisiones puestos en cuestión, cumplen o no con nuestra Constitución.

Pero, ya lanzado a la crítica al Gobierno, el señor Cobos no ha dudado en sentenciar: “Diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias lo imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles”. Como párrafo de una conferencia en el aula Magna de una universidad, serían una palabras magníficas pero, tratándose de unos rebeldes, insumisos, que han declarado que les importa un pito la Constitución; que no piensan hacer caso de las leyes españolas y las sentencias de los tribunales, aparte de declarar que están dispuesto a celebrar un referendo que el propio TC ha reiterado que fue ilegal, así como que lo será el que se anuncia para el mes de septiembre; puede que suenen a mucho academicismo pero a poco sentido común y sentido práctico de la realidad.

Creo que, desde todos los estamentos, incluido el Parlamento de la nación, existen funcionarios o políticos interesados en aumentar la presión sobre el gobierno y, de paso, intentar congraciarse con los catalanes, para conseguir su apoyo a sus propias iniciativas legales en el Parlamento. Se está hablando muy frívolamente de diálogo sin tener en cuenta que, para dialogar, es preciso que las dos partes estén interesadas en hacerlo. En realidad, el diálogo sobre el tema independentista, desde que el señor Artur Mas levantó la liebre y anunció la intención de Cataluña de separarse de España, se puede decir que, de una forma u otra, públicamente o en secreto, directamente o a través de intermediarios, con ofrecimientos o con amenazas, no ha dejado de haber contactos entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes. El que, ahora, se vuelva a resucitar el tema sin que, los que lo intentan promocionar de nuevo puedan aportar razones sobre la utilidad de insistir en dialogar, cuando lo que existe es que, una parte, la que está infringiendo la Constitución española, exige como condición exigir una condición, la celebración de una consulta para decidir si Cataluña quiere separarse de España o no, algo que ningún un gobierno de una nación, ninguno en Europa, estaría dispuesto a aceptar, por afectar directamente a la soberanía y unidad del Estado, es un diálogo imposible y sin futuro alguno. El Gobierno prevaricaría, traicionaría al país e incurriría en grave responsabilidad si, de alguna manera, se prestara a darles cancha a semejantes traidores a la patria.

España no puede, de ninguna manera, ceder a un chantaje por mucho que, el señor Cobos o cualesquiera otros intelectuales, quieran dorar la píldora o, de buena fe, algo de lo que no dudamos, intente suavizar una situación que, por desgracia, si ha pecado de algo ha sido de demasiada paciencia, de exceso de concesiones y, perdónenme los que piensan como el señor expresidente del TC, de excesivo diálogo, cuyos resultados han sido que, el número de independentistas haya aumentado de un 25% de los catalanes a un 48%, algo que no hubiera sucedido si no se hubiera dado tanta cancha a los separatistas y se hubiera actuado, desde el principio, sin tantos remilgos ni paños calientes. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable impresión de que España no sólo está amenazada por los comunistas de Podemos, por los separatistas catalanes, sino que también, a la vista de ciertas declaraciones que van apareciendo en los medios de comunicación, por aquellos que, posiblemente sin mal intención, colaboran sin apercibirse de ello, a que llegue un momento en que no solamente no sirva para nada el diálogo, sino que sea preciso acudir a palabras mayores como sucedió en una situación similar, cuando el señor Companys y sus acólitos decidieron, en contra del parecer del gobierno de la República, declara la independencia de la “república catalana” aunque, en aquella ocasión, su pretensión era que fuera dentro de la república española.