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Más de 3 mil de desapariciones forzadas desde 2006

El colapso nacional

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Cada semana se cuentan entre 250 y 300 víctimas mortales de la violencia. El 25% de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas; el primer lugar lo ocupa Ciudad Juárez, en Chihuahua. En 2011, la cifra de extranjeros asesinados asciende a 111. Se contabilizan aproximadamente 40 mil muertos en cuatro años. Y esta cifra sigue aumentando.

Estos son los resultados (o daños colaterales en palabras del Presidente de la República), hasta hoy, de lo que a principios de su administración Felipe Calderón denominó “la guerra contra el narco”, una “estrategia” que según él “vendría a terminar con el narcotráfico en México, convirtiendo al país en un lugar más seguro con mejores condiciones para vivir”. Contrastante el discurso con la realidad que habita en cada ciudad del país. Y es que esa realidad que vivimos y observamos día a día es la peor que pudiera estar presenciando el país. Indiscutiblemente esta es una crisis política y social que está llevando al país a niveles inimaginables de violencia, inseguridad, violación a los derechos humanos y rompimiento del tejido social; de igual forma está conduciendo a una desesperación de la ciudadanía, la cual se siente impotente ante la reacción tibia y mediocre de las autoridades de cualquier nivel. Lo sociedad mexicana no es la misma de hace 10 ó 20 años, hoy en día sienten la ofensa de los discursos cínicos y burlescos del mandatario mexicano que manchan la memoria de todas las víctimas inocentes del crimen organizado; no se olvide el rencor y repudio hacia los políticos que poco o nada hacen por buscar una solución a esta situación, pero que se dedican a fortalecer sus grupos de interés y a crear campañas políticas con miras hacia las elecciones presidenciales del 2012, como si únicamente importara el futuro y no el presente. Desafortunadamente, el gobierno mexicano ha conducido a un colapso político y social que está desmoronando al país, ejerciendo acciones que parecieran condenar a la sociedad a vivir en el miedo y en la frustración; sólo basta hacer referencia a los cientos de desapariciones de periodistas, que en su pleno y libre ejercicio periodístico han sido “callados” de formas poco “democráticas” para un país que se dice serlo. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 se han contabilizado 66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones y 18 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación; por su parte, de 2000 a 2010 el mismo organismo ha recabado 608 quejas por agravios a periodistas. Para el gobierno federal es fácil y cómodo adjudicar estos ataques al crimen organizado, sin embargo no es creíble que la censura a la información y la violación al derecho de ser informados esté al cien por ciento a cargo de los grupos delictivos, toda vez que existen contradicciones entre la información oficial y lo que verdaderamente acontece.

A toda luz, la estrategia de militarización del gobierno de Felipe Calderón ha sido un fracaso generalizado, que sólo ha incrementado la violencia y las transgresiones por parte del Ejército Mexicano a civiles, todo en aras de “combatir el crimen organizado en México para que vivamos mejor”. El no aceptar que es una estrategia fallida elevó la incapacidad del gobierno federal de ejecutar acciones que verdaderamente contribuyeran a desmantelar a los cárteles de la droga, así como todo su sistema operativo y a detener a todos aquellos involucrados que participan en este negocio que se ha vuelto cada vez más lucrativo; el problema radica en que al momento de realizar las investigaciones necesarias y aprehensiones, saldrían a la luz cientos de nombres de políticos, funcionarios públicos y empresarios que cooperan con el narcotráfico, principalmente al tratarse del lavado de dinero. Desde los inicios de la administración de Calderón, éste sea dedicado a encauzar una buena parte del presupuesto federal a las dependencias encargadas de la seguridad nacional: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Tan sólo para este año, se destinaron en conjunto a estas tres dependencias casi 100 mil millones de pesos, lo que contrapesa con lo que se destinó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que apenas logró un incremente de alrededor del 7% con 48 mil millones de pesos. Estas cifras son testigo de que la estrategia no está funcionando, puesto que existen miles de jóvenes que quedan fuera de las escuelas y no tienen oportunidades ni para estudiar ni para trabajar, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad para ser presa fácil del crimen organizado, invitándolos éste a unirse a sus filas como sicarios, secuestradores, repartidores de mercancía o para realizar robos de autos, por dichas actividades pueden recibir un sueldo semanal que oscila entre los 500 y los 2,500 pesos. En un país donde existen casi 55 millones de pobres (4.8 millones por ingreso y 35.2 millones con carencias sociales), y donde el 43% de los jóvenes entre 12 y 29 años viven con carencias y en situaciones de pobreza multidimensional, de acuerdo a los datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), es entendible que busquen cualquier tipo de “trabajo” para obtener ingresos y de esta manera sobrevivir.

Cabe señalar, además, que durante el tiempo que lleva la “guerra contra el narco”, ésta ha provocado el desplazamiento de alrededor de 230,000 personas, según datos del informe “México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga” del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés). Esta migración forzada se dirige hacia estados de la República “más tranquilos” o hacia Estados Unidos, principalmente. Los estados que más gente han desplazado por la violencia son Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. Este fenómeno ha causado estragos especialmente en lo que a economía se refiere, puesto que en muchas ocasiones ciudades o municipios completos se han ido quedando solos, sin gente que trabaje la tierra, pague impuestos o haga consumos de bienes y servicios. Todo esto sucede sin que el gobierno haga algo para proteger a estas personas que buscan un refugio y hogar en otra región.

Los movimientos ciudadanos con lemas como “No más sangre” , “Por un México sin violencia” o “Estamos hasta la madre”, son un signo de reclamo hacia el gobierno federal por su pésima actuación ante la ola de violencia y por estrategia fallida de militarización del país; estos movimientos sociales son un grito desesperado de los mexicanos proclamando un “¡Ya basta!” a los abusos cometidos por el Ejército, a los asesinatos de personas inocentes que se encontraban en medio del fuego cruzado, a los levantones, a los asesinatos de jóvenes y niños cuya única culpa es haber crecido en un sistema político putrefacto; es un llamado para frenar las intransigencias de los políticos que sólo están al servicio del mejor postor, es un grito en altavoz para terminar con esta guerra que, con justa razón, se ha denominado imbécil e inhumana. Toda la ciudadanía pide, en unísono, un cese al fuego y una pacificación del país, porque por controvertido que parezca, México vive en estos momentos una guerra interna y, quizás, la lucha más sangrienta y desgastadora que pudiera estar descrita en la historia nacional. El reclamo de la sociedad apuesta por mejorar la educación y los espacios públicos para la niñez y la juventud, porque aunque exista un presupuesto exuberante para la educación, como el destinado para este año 2011 a la Secretaría de Educación Pública de 230 mil 360 millones de pesos, hace falta más infraestructura, más impulso a la investigación, capacitación, innovación educativa y, por supuesto, más fiscalización de los recursos para que no terminen en manos de las élites educativas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aunque en el gobierno federal recae la mayor parte de la responsabilidad de este colapso político y social nacional, también es necesario repartir esa responsabilidad a todos los grupos del país, llámese clase empresarial, partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto a la propia sociedad. Es cierto que enfrentamos una de las peores crisis como nación, donde el miedo y la desesperación se sienten a cada paso, pero también es cierto que como personas y como sociedad civil tenemos la capacidad de organizarnos, de solidarizarnos con aquellos que han sufrido desgracias, de llevar en la memoria a las miles de personas inocentes que han muerto a causa de los “daños colaterales” de esta guerra infructífera y desgarradora; es necesario que como mexicanos demos un paso adelante y dejemos a un lado el imperativo que nos caracteriza como “sociedad con memoria de corto plazo”, donde fácilmente se nos olvida lo sucedido. Tenemos el deber de participar como ciudadanos en la construcción de la paz de México, y de tal forma, podemos exigir a nuestros gobernantes un respeto y una consolidación del desarrollo que beneficie a todos, puesto que en cada situación de injusticia, de discriminación, de rechazo, impunidad, intransigencia y corrupción deberá estar la palabra y la voz unida de todos los mexicanos y exclamar ¡Ya basta!

El colapso nacional

Más de 3 mil de desapariciones forzadas desde 2006
Omar Salinas García
miércoles, 27 de abril de 2011, 06:48 h (CET)
Cada semana se cuentan entre 250 y 300 víctimas mortales de la violencia. El 25% de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas; el primer lugar lo ocupa Ciudad Juárez, en Chihuahua. En 2011, la cifra de extranjeros asesinados asciende a 111. Se contabilizan aproximadamente 40 mil muertos en cuatro años. Y esta cifra sigue aumentando.

Estos son los resultados (o daños colaterales en palabras del Presidente de la República), hasta hoy, de lo que a principios de su administración Felipe Calderón denominó “la guerra contra el narco”, una “estrategia” que según él “vendría a terminar con el narcotráfico en México, convirtiendo al país en un lugar más seguro con mejores condiciones para vivir”. Contrastante el discurso con la realidad que habita en cada ciudad del país. Y es que esa realidad que vivimos y observamos día a día es la peor que pudiera estar presenciando el país. Indiscutiblemente esta es una crisis política y social que está llevando al país a niveles inimaginables de violencia, inseguridad, violación a los derechos humanos y rompimiento del tejido social; de igual forma está conduciendo a una desesperación de la ciudadanía, la cual se siente impotente ante la reacción tibia y mediocre de las autoridades de cualquier nivel. Lo sociedad mexicana no es la misma de hace 10 ó 20 años, hoy en día sienten la ofensa de los discursos cínicos y burlescos del mandatario mexicano que manchan la memoria de todas las víctimas inocentes del crimen organizado; no se olvide el rencor y repudio hacia los políticos que poco o nada hacen por buscar una solución a esta situación, pero que se dedican a fortalecer sus grupos de interés y a crear campañas políticas con miras hacia las elecciones presidenciales del 2012, como si únicamente importara el futuro y no el presente. Desafortunadamente, el gobierno mexicano ha conducido a un colapso político y social que está desmoronando al país, ejerciendo acciones que parecieran condenar a la sociedad a vivir en el miedo y en la frustración; sólo basta hacer referencia a los cientos de desapariciones de periodistas, que en su pleno y libre ejercicio periodístico han sido “callados” de formas poco “democráticas” para un país que se dice serlo. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 se han contabilizado 66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones y 18 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación; por su parte, de 2000 a 2010 el mismo organismo ha recabado 608 quejas por agravios a periodistas. Para el gobierno federal es fácil y cómodo adjudicar estos ataques al crimen organizado, sin embargo no es creíble que la censura a la información y la violación al derecho de ser informados esté al cien por ciento a cargo de los grupos delictivos, toda vez que existen contradicciones entre la información oficial y lo que verdaderamente acontece.

A toda luz, la estrategia de militarización del gobierno de Felipe Calderón ha sido un fracaso generalizado, que sólo ha incrementado la violencia y las transgresiones por parte del Ejército Mexicano a civiles, todo en aras de “combatir el crimen organizado en México para que vivamos mejor”. El no aceptar que es una estrategia fallida elevó la incapacidad del gobierno federal de ejecutar acciones que verdaderamente contribuyeran a desmantelar a los cárteles de la droga, así como todo su sistema operativo y a detener a todos aquellos involucrados que participan en este negocio que se ha vuelto cada vez más lucrativo; el problema radica en que al momento de realizar las investigaciones necesarias y aprehensiones, saldrían a la luz cientos de nombres de políticos, funcionarios públicos y empresarios que cooperan con el narcotráfico, principalmente al tratarse del lavado de dinero. Desde los inicios de la administración de Calderón, éste sea dedicado a encauzar una buena parte del presupuesto federal a las dependencias encargadas de la seguridad nacional: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Tan sólo para este año, se destinaron en conjunto a estas tres dependencias casi 100 mil millones de pesos, lo que contrapesa con lo que se destinó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que apenas logró un incremente de alrededor del 7% con 48 mil millones de pesos. Estas cifras son testigo de que la estrategia no está funcionando, puesto que existen miles de jóvenes que quedan fuera de las escuelas y no tienen oportunidades ni para estudiar ni para trabajar, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad para ser presa fácil del crimen organizado, invitándolos éste a unirse a sus filas como sicarios, secuestradores, repartidores de mercancía o para realizar robos de autos, por dichas actividades pueden recibir un sueldo semanal que oscila entre los 500 y los 2,500 pesos. En un país donde existen casi 55 millones de pobres (4.8 millones por ingreso y 35.2 millones con carencias sociales), y donde el 43% de los jóvenes entre 12 y 29 años viven con carencias y en situaciones de pobreza multidimensional, de acuerdo a los datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), es entendible que busquen cualquier tipo de “trabajo” para obtener ingresos y de esta manera sobrevivir.

Cabe señalar, además, que durante el tiempo que lleva la “guerra contra el narco”, ésta ha provocado el desplazamiento de alrededor de 230,000 personas, según datos del informe “México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga” del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés). Esta migración forzada se dirige hacia estados de la República “más tranquilos” o hacia Estados Unidos, principalmente. Los estados que más gente han desplazado por la violencia son Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. Este fenómeno ha causado estragos especialmente en lo que a economía se refiere, puesto que en muchas ocasiones ciudades o municipios completos se han ido quedando solos, sin gente que trabaje la tierra, pague impuestos o haga consumos de bienes y servicios. Todo esto sucede sin que el gobierno haga algo para proteger a estas personas que buscan un refugio y hogar en otra región.

Los movimientos ciudadanos con lemas como “No más sangre” , “Por un México sin violencia” o “Estamos hasta la madre”, son un signo de reclamo hacia el gobierno federal por su pésima actuación ante la ola de violencia y por estrategia fallida de militarización del país; estos movimientos sociales son un grito desesperado de los mexicanos proclamando un “¡Ya basta!” a los abusos cometidos por el Ejército, a los asesinatos de personas inocentes que se encontraban en medio del fuego cruzado, a los levantones, a los asesinatos de jóvenes y niños cuya única culpa es haber crecido en un sistema político putrefacto; es un llamado para frenar las intransigencias de los políticos que sólo están al servicio del mejor postor, es un grito en altavoz para terminar con esta guerra que, con justa razón, se ha denominado imbécil e inhumana. Toda la ciudadanía pide, en unísono, un cese al fuego y una pacificación del país, porque por controvertido que parezca, México vive en estos momentos una guerra interna y, quizás, la lucha más sangrienta y desgastadora que pudiera estar descrita en la historia nacional. El reclamo de la sociedad apuesta por mejorar la educación y los espacios públicos para la niñez y la juventud, porque aunque exista un presupuesto exuberante para la educación, como el destinado para este año 2011 a la Secretaría de Educación Pública de 230 mil 360 millones de pesos, hace falta más infraestructura, más impulso a la investigación, capacitación, innovación educativa y, por supuesto, más fiscalización de los recursos para que no terminen en manos de las élites educativas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aunque en el gobierno federal recae la mayor parte de la responsabilidad de este colapso político y social nacional, también es necesario repartir esa responsabilidad a todos los grupos del país, llámese clase empresarial, partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto a la propia sociedad. Es cierto que enfrentamos una de las peores crisis como nación, donde el miedo y la desesperación se sienten a cada paso, pero también es cierto que como personas y como sociedad civil tenemos la capacidad de organizarnos, de solidarizarnos con aquellos que han sufrido desgracias, de llevar en la memoria a las miles de personas inocentes que han muerto a causa de los “daños colaterales” de esta guerra infructífera y desgarradora; es necesario que como mexicanos demos un paso adelante y dejemos a un lado el imperativo que nos caracteriza como “sociedad con memoria de corto plazo”, donde fácilmente se nos olvida lo sucedido. Tenemos el deber de participar como ciudadanos en la construcción de la paz de México, y de tal forma, podemos exigir a nuestros gobernantes un respeto y una consolidación del desarrollo que beneficie a todos, puesto que en cada situación de injusticia, de discriminación, de rechazo, impunidad, intransigencia y corrupción deberá estar la palabra y la voz unida de todos los mexicanos y exclamar ¡Ya basta!

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