NUEVA YORK - Es casi un ritual: Mientras va desentrañándose un nuevo período de campaña presidencial, las primarias anticipadas del estado de Carolina del Sur brindan la cuestión definitoria que estadounidenses y candidatos mascullarán.

Se trate de un debate acerca de dónde debería de ondear la Bandera Confederada -- o del "verdadero" significado de la secesión -- el estado más porfiado de la nación puede ser un pantano para el político incauto.

De esta forma casi la misma jornada en que Carolina del Sur conmemoraba el 150 aniversario del primer disparo de la Guerra Civil, el gobierno federal lanzaba un bombazo al llamado Palmetto State poniendo en cuestión el derecho de la industria privada a dirigir sus operaciones allí.

Ahora aguarde el minuto que se tarda en recoger el algodón.

Hablamos de si la empresa Boeing, que tiene previsto abrir una nueva planta este verano en North Charleston y crear 1.000 puestos de trabajo, puede hacerlo de forma legal o no. La Agencia Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) sostiene en un recurso presentado hace poco contra Boeing que la empresa no puede abrir su planta en el estado de Carolina del Sur, que deja en manos de la plantilla la financiación sindical, porque la maniobra está presuntamente motivada por una tentativa de evitar las huelgas, y por tanto de intimidar a la plantilla de Boeing que trabaja en otros lugares.

Incluso si es impecablemente lógico que las empresas prefieran la mano de obra sin sindicalizar, es técnicamente ilegal adoptar decisiones empresariales como represalia contra los empleados afiliados a un sindicato. Trabajadores de las instalaciones de la empresa en Everett, Washington, no pertenecientes a ningún sindicato, se han declarado en huelga varias veces los últimos años.

¿Pero significa esto que la decisión de Boeing de ubicar una segunda línea de producción en un estado diferente constituye una represalia? ¿Intimidación? ¿O se trata simplemente de una buena decisión empresarial apoyada en diversos factores, incluyendo un clima mejor y un clima empresarial fiscalmente más interesante? ¿Se trata de que las mujeres son más atractivas? ¡Es broma, es broma!

Cuando hablamos de cuestiones candentes en torno a las que los conservadores pueden unir fuerzas, no hay otra más idónea que los sindicatos contra el sector privado, sobre todo en la históricamente anti-sindical Carolina del Sur. La Agencia Nacional de Relaciones Laborales acaba de dar sustento para un año al Partido Republicano.

Dejando la historia aparte un momento, este enfrentamiento simplifica y aclara los riesgos del debate sector privado contra público, y podría facilitar elegir bando político a los indecisos. El resto de cuestiones afines han quedado de alguna forma menos claras para todos, excepto los más encorsetados ideológicamente.

En Wisconsin, por ejemplo, donde los sindicatos y el Gobernador Scott Walker han mantenido trifulcas acerca de si los funcionarios públicos deben tener derecho de negociación colectiva más allá de cuestiones salariales, el cálculo justo podría parecer por momentos esquivo. ¿No deben de tener derecho a negociar como equipo los trabajadores? La postura del Gobernador era que el estado no se podía permitir satisfacer las exigencias del sindicato de funcionarios con las pensiones, al imponer al contribuyente una deuda indefinida.

La situación de Carolina del Sur es menos oscura.

Los críticos de la Agencia Nacional de Relaciones Nacionales afirman que la administración Obama está camelándose al voto sindical simplemente. Los críticos de Boeing consideran intimidatoria la decisión de la empresa para el resto de su plantilla, temerosa de que su puesto de trabajo pueda correr peligro y de que su negociación colectiva se vea mermada.

La cuestión clave es si los directivos de Boeing están tratando de evitar huelgas y de maximizar la productividad y los beneficios. Por supuesto que es así. La inquietud más apremiante es si hay que permitir que los sindicatos veten esencialmente las ubicaciones de las empresas y la forma de ellas de hacer negocios.

Tal vez la pregunta deba ser respondida en los tribunales, pero la población de Carolina del Sur, incluyendo a la Gobernadora Nikki Haley y a los Senadores Republicanos Lindsey Graham y Jim DeMint, promete presentar batalla. En el ínterin, vale la pena tener presentes un par de datos: Uno, 2.000 puestos de trabajo se han sumado a la planta de Everett desde que se anunciara el proyecto de Carolina del Sur, de forma que la estabilidad de los trabajadores no parece ser la cuestión. Dos, teniendo en cuenta que la planta de Carolina del Sur lleva construyéndose un par de años, el momento elegido por la Agencia para su recurso plantea dudas de motivación.

El recurso puede ser político, pero no hablamos de simple política. El debate entra de lleno a los fundamentos de cómo se define este país. En palabras de Graham, la denuncia es "uno de los peores ejemplos que he visto de burócratas que no siendo elegidos de forma democrática imponen la voluntad de los grupos de interés".

Mientras tanto, no se puede encontrar una cuestión más personal para agitar las pasiones locales en un estado que utiliza la política como deporte olímpico. ¿Que hay federales y "agitadores de otros estados" diciendo a la población local lo que tiene que hacer y en el proceso robando puestos de trabajo? Ya tenemos montado el episodio del Fuerte Sumter al principio de la Guerra Civil. Evidentemente esta escaramuza no se compara con la esclavitud ni con las leyes segregacionistas de Jim Crow, el final de las cuales sí exigió de la "injerencia" exterior. Pero aún hoy, no hace falta mucho para poner a supurar las heridas gemelas de la invasión y la humillación.

Los candidatos Republicanos no van a tener problema a la hora de elegir el bando derecho de esta polémica, y los Demócratas van a pasar apuros para adoptar una postura tan contraria al sector privado. Cualquier político se llevaría a error de ignorar los riesgos. Se llame como se llame, es una guerra civil.