No es que la sentencia del TSJC nos haya cogido por sorpresa ni que fuéramos tan inocentes que pudiéramos esperar que, un tribunal situado dentro de la órbita de las presiones del catalanismo separatista, fuera capaz de aplicar, sin ningún tipo de opinión preconcebida, una ley que, al menos a nivel de los ciudadanos, habíamos pensado que la inhabilitación para cargos públicos etc. en el caso que nos ocupa, tenía más que suficientes motivos para ser aplicada con mayor amplitud, con penas más graves, teniendo en cuenta que su recorrido, en cuanto a la sanción aplicable como condena, se extendía de 3 meses hasta 20 años.

Si esta ha sido la respuesta del Estado de Derecho al desafío, claramente llevado a cabo por los independentistas catalanes, cuando, en contra de lo dispuesto por el TC, se atrevieron, utilizando todo tipo de martingalas legales y subterfugios para saltarse, en apariencia, las leyes estatales; convocando un referéndum o consulta pública, sin cumplir ni una de las condiciones para que tal consulta tuviera el más mínimo apoyo en la legalidad vigente; antes al contrario, fue burda, amañada, falta de las más mínimas garantías legales y desvergonzada tomadura de pelo, con visos de constituir una afrenta a la Constitución, al resto de los españoles, al Gobierno y, por supuesto, a las Cortes generales que, con claridad, habían advertido a los organizadores de la payasada, de que no estaban legitimados para convocarla.

Lo que sucede cuando los tribunales se sienten coartados, tienen ideas preconcebidas acerca del tema que deben resolver, están inmersos en un ambiente sumamente politizado ( en este caso por los separatistas de la Generalitat y por una parte de la ciudadanía catalana, tan sumamente mentalizada y convencida de que es preciso independizarse del resto de España, que les es muy difícil hurtarse a la sensación de que su deber está en posicionarse cerca de sus conciudadanos nacionalistas), es que no creo que hayan valorado debidamente las nefastas consecuencias que puede tener el haber despachado, con unas condenas tan simbólicas, un tema en el que se está jugando nada menos que la unidad de la nación española. Vamos a ver, sí la convocatoria de un referéndum para decidir si se quiere seguir siendo español o no, se salda con dos años de inhabilitación especial para cargo público o en los otros casos un año y nueve meses o un año y seis meses ¿cómo, señores, van a impedir que los mismos que ya se manifestaron claramente que no se arrepentían de haber actuado como lo hicieron y que se reafirmaron ante el tribunal que los estaba juzgando, en el sentido de que, si se encontraran en las mismas condiciones del 9 de noviembre, volverían a actuar como lo hicieron, o sea, que no se arrepienten de nada.

Si bien se mira, a unos señores que ya tienen decidido convocar una nueva consulta en el mes de septiembre del corriente año, a la que se le concederá un carácter vinculante si ganan los separatistas y que, a pesar de las advertencias de los tribunales, el TC incluido, siguen cubriendo etapas y avanzando en la creación de infraestructuras paralelas a las instituciones actuales, para tener preparada la transición de autonomía española a país independiente, llegando al extremo de haber empezado a reclutar a los funcionarios que deberán sustituir a los actuales que no se avengan a abrazar a los nuevos administradores nombrados por el país catalán emergente; no es probable que les afecte, ni poco ni mucho, que desde los tribunales del Estado español se los inhabilite por dos años o por cualquier otro tiempo, si es que siguen creyendo que, dentro de unos meses, ya no estarán sujetos a la legislación que, según ellos, forma parte del Estado opresor del que quieren emanciparse.

La reacción de los condenados y de todos aquellos que forman parte de su guardia de corps, ya nos la vemos venir, será tomarse a chirigota la sentencia, acusar de débil al Ejecutivo y reafirmarse en su camino hacia un nuevo referendo, en el que están fijando todas sus esperanzas porque, en realidad, es el único camino, la única vía y la única esperanza de salvación que les queda después de haber quemado las naves del diálogo constructivo con el Gobierno, que les hubiera permitido vender su referendo a cambio de mejoras en la financiación y en la cuestión lingüística, con las que hubieron podido salvar la cara, dejando para otra fecha sin definir, sus aspiraciones nacionalistas.

Choca que, una vez más, los del PP hayan reaccionado de una manera absurda, calificando de sentencia “muy dura” para la actual Convergencia y un “toque de atención” para quienes quisieran todavía convocar un referéndum. ¿De verdad están convencidos de lo que dicen o, simplemente, están magnificando la sentencia para intentar convencer a la ciudadanía de que, el tema del separatismo catalán, está en vías de resolverse? Nadie del partido es capaz de dar una respuesta satisfactoria que pueda explicarnos la actitud tolerante, contemplativa, sumisa y carente de la más mínima efectividad, que han estado observando durante estos últimos años, en los que han gobernado, cuatro de ellos con mayoría absoluta, cuando si hubieran querido, nada más hacerse cargo del gobierno a principios del 2012, hubieran tenido la oportunidad, con el apoyo de la mayoría del resto de formaciones políticas, de zanjar de una vez el problema catalán poniendo los puntos sobre las íes a aquellos primeros rebeldes que iniciaron los primeros escarceos separatistas cuando, este sentimiento, todavía no estaba tan enraizado en el pueblo catalán, como lo está en estos momentos.

Lo malo, lo que el señor Rajoy no lo entendió, cuando se empeñó en no convocar nuevas elecciones, que le hubieran permitido sacar unos resultados mejores de los obtuvo en las últimas elecciones; en unos momentos en los que, el PSOE, estaba completamente desarbolado después de la defenestración de Pedro Sánchez y la constitución de la Comisión gestora, que no se encontraba en condiciones de preparar unas nuevas elecciones cuando, por no disponer, no tenían a ningún líder fiable que proponer. Si no convoca unos nuevos comicios antes de que el PSOE celebre sus primarias, si espera a que pudiera volver a la arena política el señor Pedro Sánchez, esta vez apoyado por los votos de las bases, algo que no está de ninguna manera descartado, es muy posible que un ilusionado, después de tanto tiempo de ir mordiendo el hierro del desencanto, votante socialista pudiera estar en condiciones de aspirar a unos resultados notablemente mejores de los que ha conseguido en las últimas votaciones.

Es evidente que, el partido de Ribera, Ciudadanos, no está conforme con el trato que se le viene dispensando por el PP desde que, en cierta manera, formaron una entente para que fuera elegido presidente del Estado español. No se observa que, entre ambas formaciones, exista entendimiento alguno ni que, los acuerdos que previamente se suscribieran, lleven camino de ser respetados lo que, como está sucediendo en el caso de Murcia, puede acercar a C´s al PSOE, especialmente si su nuevo secretario general fuera el señor Sánchez, con el que ambas formaciones ya llegaron a formar una alianza para apoyarse en la propuesta de presidente, un proyecto que fracasó, pero no por culpa de C´s.

Mucho nos tememos que, en esta ocasión, los tribunales y, en concreto el TSJC, hayan incurrido en un grave error, al darle a un tema de tanta trascendencia, como es la insumisión de los directivos de la Generalitat a las leyes estatales, que estaban obligados a respetar y hacer respetar, un tratamiento de mera desobediencia formal, ni tan siquiera han valorado aparte el delito de prevaricación, que hubiera servido para agravar las condenas. Dios quiera que esta forma tan suave de dejar resuelto el problema del 9N no sea causa de un envalentonamiento de aquellos que están esperando el menor resquicio para que les permita enfrentarse a la Constitución, a la que, por activa y por pasiva, han anunciado que no van a respetar. ¿Qué pasa con el Artº 155? Parece que hay pereza de ejecutarlo para “no agravar la situación” cuando, a criterio de los españoles, es muy probable que se piense que, peor de lo que lo está en la actualidad, es imposible.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, empezamos a tener la poco reconfortante sensación de que, en ese tema y ante los avances del independentismo, nadie o casi nadie de los que pueden intentar remediarlo, está dispuesto a dar el primer paso. Lo malo será si, cuando sea preciso darlo, seguimos hablando de galgos y podencos.