Sin nocturnidad ni alevosía, y aprovechando estos días de Semana Santa que invitan al recogimiento, se han reunido beatíficamente la patronal CEOE y una piadosa cuadrilla compuesta por 17 grandes empresarios, entre los que se encuentra el máximo dirigente de Telefónica, César Alierta, antiguo compadre del expresidente Aznar. El mismo angloparlante a tiempo parcial que ahora se ha vuelto pacifista y clama contra las bombas de racimo, sin haber explicado todavía dónde ocultaba Sadam Hussein sus armas de destrucción masiva.

El caso es que estos inquietantes sujetos han pedido una reforma “profunda y de calado” del mercado laboral para “dinamizar” el empleo. Si por dinamizar debemos entender echar a más gente a la calle… ¡mensaje recibido!

No sabemos qué más pueden hacer los trabajadores españoles para resultar “competitivos” salvo trabajar por amor al arte, para que así, los sueldos de los ejecutivos y los beneficios de los accionistas de estas empresas sean aún más escandalosos. Recuérdese que España, junto con Grecia y Portugal, es el país de la UE con los salarios más bajos y las peores condiciones laborales. También somos el país donde los empleados trabajan más tiempo extra sin percibir ningún emolumento por ello. Sobre todo en la banca, que hace años que dejó de plantearse aquello de pagar las horas extras.

La idea de crear este auténtico sindicato de empresarios, que tendrá carácter permanente, surgió –en mala hora– a raíz del primer encuentro que mantuvieron en Moncloa a finales de noviembre los cabecillas de las 37 principales empresas españolas con el presidente Zapatero.

Como en las películas de mafiosos, los capos de las principales familias del IBEX se reunieron con el padrino de la patronal, Juan Rosell, y coincidieron en que para poder dinamizar el mercado de trabajo y generar empleo es necesario “flexibilizar” la legislación laboral. Ya hemos visto como “genera” empleo Telefónica: despidiendo a 5.600 trabajadores y endosándole una parte importante de la indemnización al erario público. ¡Gracias por nada, don Corleone!

El Consejo Empresarial para la Competitividad se constituyó en febrero como un “task force” (grupo de trabajo) para aportar ideas que impulsen la competitividad y el crecimiento de la economía española. Hasta no hace mucho tiempo estas reuniones eran secretas y se celebraban en locales llamados logias. Algo hemos avanzado, al menos se hacen públicas y los asistentes no ocultan sus intenciones. Devolvernos a los felices tiempos de la servidumbre y convertir a los asalariados en siervos de los nuevos señores feudales que son estos empresarios del “parte y reparte, y quédate con la mejor parte”.

Unos empresarios de pacotilla cuyo único mérito en muchas ocasiones es el de haber sido amigotes de políticos que les colocaron en puestos clave en antiguas empresas públicas que luego ellos han ido desvalijando a través de sucesivas privatizaciones, o vendiéndolas por parcelas. Como Richard Gere en “Pretty Woman”. Poco más.

Pero estos tipos no son tan guapos y bondadosos como lo era Richard Gere en la película, y la cruda y triste realidad es que este contubernio se empresarios lleva tiempo presionando al Gobierno para que aprueba el despido libre. Aspecto sobre el cual el silente y anodino PP no se ha pronunciado. Cabe pensar que está de acuerdo con los empresarios que, una vez hayan logrado sus propósitos, se desharán de los últimos empleados con contrato laboral indefinido y los substituirán por empleados mal pagados procedentes de ETT y subcontratas. Eso es todo.

Esta caterva de desvergonzados abusadores está formado por los mandamases de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola. Casi todas estas empresas invierten en el extranjero las ganancias que obtienen en España, con lo que aquí no crean ni un solo puesto de trabajo, aunque sobre el papel el grupo reúne a las empresas con una facturación equivalente al 35% del PIB español.

Razón de más para que el Gobierno se plantease la nacionalización de algunas de ellas. Al menos, las del sector energético, bancos y telecomunicaciones.