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Opinión
· Columna de opinión
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| Ley y Justicia |
| Ángel Ruiz Cediel |
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La ley, teóricamente, no es más que el conjunto de normas que regulan la convivencia entre los ciudadanos; pero el principio de la ley está basado en la Justicia, de ahí el nombre que suele recibir el conjunto de la judicatura y aun el del ministerio que controla la aplicación de las leyes. Sin embargo, queda claro, que en España estamos extremadamente lejos de que Ley y Justicia sean siquiera vecinos del mismo barrio. Por supuesto, no falta quiénes dicen que las leyes españolas son extremadamente garantistas con el acusado, repitiendo ese “in dubio pro reo” que cacarean para respaldar su postura y reafirmarse en lo que de ninguna manera es.
En la ley española todo son atajos injustos, y estos días en que se están liberando presos cuyas manos están tintas de sangre inocente mientras se retiene con condenas infinitamente seviciosas a un hombre que jamás cometió un delito de sangre o violencia contra otro semejante, tenemos la prueba más palpable de que la Justicia y la Ley no sólo están divorciadas, sino que están enfrentadas en un sangriento combate que, como siempre, pierde por goleada la Justicia.
“In dubio pro reo”, sí; pero es mucho más que frecuente que sea el acusado quien tenga demostrar inocencia, que el acusador, aunque haya mentido o manipulado la ley para presentar la querella, se vaya de rositas y con la satisfacción de haber perjudicado severamente una o unas vidas, a veces de forma irreversible, y aun que porque se le ponga en el hígado a un juez, un ciudadano pueda ser condenado por lo que a su parecer o interés sean lo que llama indicios. “In dubio pro reo”, sí; pero que no se le ocurra a una mujer acusar a un hombre de maltrato, siquiera sea por obtener injusta ventaja en un caso de separación, verbigracia, porque ese tipo como que hay Dios que va al trullo de por vida. “In dubio pro reo”, sí; pero que no le pongan a nadie siquiera sea una multa inventada, porque el ayuntamiento, Hacienda o quien sea de las cualesquiera múltiples Administraciones mete la mano en la cuenta por el artículo 33, y hoy paz y mañana gloria, y que proteste al maestro armero.
La ley y la Justicia no tienen nada en común en España, más allá de ese eufemístico nombre con que se denomina al conjunto de la Administración que aplica las leyes. También tenían leyes Calígula, Nerón, Hitler y todos los demás psicópatas de la Historia, y eso no significó en ningún caso que hubiera algunas de ellas que podrían ser consideradas como aceptables por el bien de la convivencia y otras severamente injustas. La cuestión, pues, es: ¿es lícito desobedecer las leyes injustas?... Y en tal caso: ¿quién determina que una ley es injusta?..., ¿puede decretar la propia conciencia la justicia o injusticia de una ley?... Obviamente, no, porque quienes hacen las leyes injustas también se blindan con otras leyes que obligan al cumplimiento de las leyes injustas. Y uno, cuando presencia este desmadre y comprueba por sí mismo cómo un criminal, que ha asesinado con extrema crueldad a una criatura inocente, está apenas unos pocos años después en la calle mientras que su víctima sigue muerta, no puede sino preguntarse, ¿cuánto vale para nuestra Justicia la vida de un ciudadano si no es importante?... Y se responde, claro, a la vista de los casos Troitiño, Chaos, etc., por ejemplo, que poco más de un año de privación de libertad para esos asesinos. Eso es lo que los ciudadanos valemos para le ley en España: nada, porque no somos sino recua, carne contribuyente. Un poquitín más de un año, y listo, a la calle a seguir matando lo que sea.
Hoy basta con leer los titulares de un día cualquiera para comprobar con inenarrable dolor que, aun siendo la misma, no rige la misma ley para poderosos que para ciudadanos, que no se aplican las mismas penas a un asesino terrorista (siempre en ventaja y favor) que a un preso común (siempre con sevicia), a un hombre (siempre en desventaja) que a una mujer (siempre a favor), o que a un poderoso corrupto o ladrón (por lo común impune o con penas ridículas aunque hayan robado, según reza la sentencia, miles de millones), que a un chorizo que haya sustraído un bien mínimo, sobre quien suele caer el peso de la ley con una crueldad inenarrable, tal y como hemos visto que sucede desde hace casi 40 años con Miguel Francisco Montes Neiro. Comparen este último caso y las penas absurdas e injustas con que este hombre ha sido condenado por delitos menores con las penas que recibieron por sus respectivos delitos Luís Roldán, Mario Conde o Mariano Rubio, o con las de cualesquiera de esos terroristas que han asesinado a mansalva y ya han sido liberados, e incluso alguno de ellos tuvo la desfachatez de presidir una comisión de Derechos Humanos. De risa, pero de la de llorar, vaya. Y eso que no considero aquí a quienes, a pesar de haber quebrantado todas las leyes divinas y humanas, tales como los responsables de los casos 11M (nunca investigado en justedad), Faisán, EREs tramposos y tal, ni siquiera han sido formalmente juzgados y gozan de absoluta y total impunidad, caso que se extiende a buena parte de nuestra clase política.
La ley, en España, es un artificio hecho a la medida de algunos intereses, quienes además colocan al frente de ella a sus criaturas más serviles para tener controlada a la sociedad y, como san Pedro, las llaves del Paraíso, que es la impunidad o la injusta condena. La ley y la Justicia en España, en fin, no tienen nada en común, y si uno, siendo un simple ciudadano se ve involucrado en un litigio civil o penal, más que encomendarse a un buen abogado que además le sorba la sangre, mejor le sería confiarse a ese Dios hoy tan perseguido en España por los poderes o a la Virgencita de su pueblo, porque está listo, especialmente si quien le demanda es más poderoso que él. "In dubio pro reo", ¡ay, qué risa!
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