La pérdida de nuestras últimas posesiones de ultramar en 1898 fue considerada durante muchos años como uno de los episodios más dramáticos de nuestra Historia. Sin embargo, tuvo efectos balsámicos para la economía española. Dos especialmente: la repatriación de capitales procedentes de Cuba y Filipinas, y poner fin al oneroso gasto provocado por una larga guerra con los insurrectos en la que ya llevábamos veinte largos años empantanados cuando intervinieron los norteamericanos para ocupar nuestro lugar.

En Cuba sostuvimos una larga guerra para que un puñado de terratenientes y negreros hiciesen su particular negocio. Pero el coste de esa guerra lo pagaron todos los españoles, especialmente los más desfavorecidos, que fueron los que lucharon y murieron en ella.

Actualmente ya no son necesarios los ejércitos coloniales para explotar los recursos de un país, están las multinacionales que actúan de forma mucho más sofisticada, aunque el fin es el mismo: el esfuerzo de muchos sirve para que cuatro granujas se embolsen unas pingües ganancias.

Las empresas españolas que operan en América lo hacen siguiendo el patrón de aquellos terratenientes y negreros del siglo XIX. Nos hacen pagar a todos el coste de sus negocios particulares en el Nuevo Mundo. Si las cosas van bien, los beneficios son para ellos, y si vienen mal dadas, nos va a tocar a todos apechugar con los platos rotos. Y van a ir mal dadas para las empresas españolas de un momento a otro. En Argentina se están dando los primeros avisos.

Desde 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner posee acciones en 42 empresas privadas, varias de ellas con capital español. El pasado jueves el Gobierno argentino aprobó un decreto que le dará al Estado un mayor control sobre esas empresas privadas, lo que ha causado un rechazo generalizado por parte de estos grupos empresariales.

Hasta ahora, una ley prohibía al Estado argentino poseer más del 5% de las acciones en esas compañías. Pero esto cambió el martes tras la firma de un nuevo decreto, que deroga esta limitación, con lo que el Estado puede ahora nombrar a los directores ejecutivos en las empresas en las que tiene un importante porcentaje de acciones, sin el consentimiento de los accionistas privados. Es decir, una nacionalización encubierta y llevada a cabo de forma subrepticia para no provocar una estampida generalizada antes de tiempo.

Una vez más, los empresarios e inversores españoles han hecho el primo invirtiendo en unas empresas extranjeras que, una vez reflotadas, se las apropiará el Estado. En este caso hablamos de Argentina, pero lo mismo sucederá en Ecuador, Bolivia, Venezuela y otros países sudamericanos en los que desembarcaron las empresas españolas esperando hacer las Américas.

Si todas esas empresas se hubiesen quedado en España, invirtiendo en nuestro país, no levándose allí lo que ganaban aquí, ahora no habría aquí 4,7 millones de parados, y tampoco tendríamos a 5 millones de extranjeros girando divisas a sus países de origen por valor de 6.000 millones de euros anuales. Los datos los facilitó el Banco de España a principios de este año, y es casi la misma cantidad de dinero que ahora debemos mendigar en China.

En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, debemos dejarnos de paternalismos y pamplinas, y velar, antes que nada, por nuestros propios intereses. España no se puede permitir semejante sangría de divisas. El trágala de la inmigración masiva de ciudadanos extracomunitarios fue una compensación a los gobiernos de Ecuador y otros países de la zona, para permitir que las empresas españolas desembarcasen allí para hacer su agosto. Ya veremos cómo acaba el asunto. Me temo que mal y que nos tocará a los de siempre acabar pagando los platos rotos.

A los patrióticos discursos decimonónicos, le siguieron las arengas paternalistas de la dictadura, y ahora la pastosa verborrea buenista. El fin siempre es el mismo: unos cuantos harán las Américas a costa del esfuerzo y el sacrificio del resto de los españoles.

Está cantado que cuando las empresas reflotadas y rentabilizadas con capital español empiecen a rendir beneficios, serán nacionalizadas. Esto viene sucediendo en Sudamérica desde siempre. Por eso los norteamericanos se largaron de allí con viento fresco a principios de los años noventa. Se podrá acusar de muchas cosas a los yanquis, pero no se puede decir de ellos que sean unos lerdos en cuestión de negocios.

Viendo el chollo que supone recibir capital español, no es de extrañar que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, haya animado desde TVE a las empresas españolas a invertir allí, especialmente las del sector de las infraestructuras. Ustedes hagan las obras.

¿De cobrar…? ¡Ya hablaremos!

También el presidente chileno, que recientemente visitó España, invito a las empresas de aquí a invertir en su país con el beneplácito de nuestro presidente pedigüeño. Las inversiones españolas en Chile se elevan ya a los 40 mil millones de euros. La mitad de lo que tenemos metido en el pufo portugués, del que aún no sabemos cómo saldremos. Presumo que escaldados.

Cuando Telefónica anuncia que echará a 5.600 empleados españoles a la calle para “externalizar servicios”, se refiere precisamente a llevarse esos servicios a Sudamérica. Luego, encima, fanfarronea diciendo que es allí donde obtiene sus mayores ganancias. Pero lo que no cuentan es que los precios ganga de los locutorios, se financian con las llamadas nacionales a fijos y a móviles, que no son ninguna ganga. Y cuando usted llama para informarse sobre el motivo de tan abultada factura, le atiende una voz lejana y seseante para mantenerle en espera indefinidamente.

Pero no sólo nos toman por tontos en nuestras antiguas colonias. En Estados Unidos la Reserva Federal está planteándose sancionar a Sovereign, la filial norteamericana del grupo Santander, por mala praxis en el negocio de las hipotecas y en la ejecución de las mismas. Por el momento, la medida no conlleva sanciones económicas –por temor a una deserción de capitales extranjeros– si bien esta posibilidad está siendo contemplada.

La Reserva Federal y la Oficina de Supervisión de Bancos de Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés) iniciaron sus indagaciones a finales del pasado año ante el aluvión de denuncias recibidas por supuestas ejecuciones hipotecarias abusivas. Eso de quedarse con la casa y además exigirle al desahuciado que siga abonando la deuda por la hipoteca de una casa que ya no tiene, no acaban de entenderlo allí, aunque aquí, el presidente Zapatero ha defendido la actuación de los bancos en ésta, y en otras abusivas prácticas. Esta mala praxis está condenada en un mercado tan ultraliberal como el norteamericano, y consentida en un país con un gobierno que se dice “socialista” y que alardea de ser el que más defiende a las clases más desfavorecidas. ¡Ironías de la vida!

En su informe, la Reserva Federal indica que se ha detectado “un patrón de mala conducta en las ejecuciones hipotecarias” en 14 entidades, que agrupan el 68% de este mercado en Estados Unidos. Aparte de Sovereign, en la lista de abusadores se encuentran Ally Financial, Bank of America, Citigroup, la división del HSBC para América del Norte, JP Morgan, MetLife, PNC Financial Services Group, SunTrust, U.S. Bancorp, y Wells Fargo.

La investigación ha determinado, entre otras irregularidades, que los bancos no contrataron personal suficiente para el control de las hipotecas, no supervisaron correctamente a los abogados externos, no se aseguraron de obtener documentación adecuada en las ejecuciones hipotecarias, y, lo más grave, que no detuvieron los trámites de desahucio cuando correspondía hacerlo.

Lo que buscaban los bancos descaradamente era quedarse con las casa para subastarla y obtener nuevas ganancias por la venta del inmueble, al tiempo que se embolsaban la cantidad ya pagada por el desahuciado, y le seguían cobrando el crédito hipotecario por la misma casa que el banco le había embargado al desahuciado. ¡Un negocio redondo!
Personalmente, me importa un bledo que mañana expropien a los bancos españoles, o a las empresas que operan en Estados Unidos o en Sudamérica, después de poner de patitas en la calle a sus empleados de aquí. Lo que me aterra es la certidumbre de que seremos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que tengamos que apechugar para compensar las pérdidas de estos nuevos negreros, explotadores y usureros del siglo XXI.

Ahora ya no exigen al Gobierno que nos alisten para luchar en sus guerras coloniales, pero le exigen que nos rebaje el salario, que nos recorte prestaciones sociales, que alargue nuestra edad de jubilación y, en una palabra, que nos devuelva a las condiciones de vida de 1898.