Los viajes del INSERSO han sido una forma de social de llevar a personas de la tercera edad de viaje, tanto cultural como de ocio, por la geografía española, habiendo conseguido socializar el turismo para un sector de la ciudadanía que tenía poco acceso al mismo, al tiempo que en temporada baja han sido una forma de mantener las economía del sector.

Sin embargo, en la actual situación de crisis económica, donde hay un número desorbitado de parados –que eleva los grandes niveles de gasto público, del “Estado del Bienestar”-, en que la sanidad pública, por ser universal y gratuita, tiene serias dificultades financieras de viabilidad, en que muchos proveedores de las Administraciones Públicas han de esperar para cobrar sus servicios y suministros públicos, e incluso en que a los empleados públicos se les ha recortado las retribuciones, parece lógico –al tiempo que justo- que se cuestione este tipo de servicios para la tercera edad.

Pues las clases pasivas en nuestro país han venido siendo tratados con criterios de auténtica justicia social, tienen su pensión de jubilación indiscutida e indiscutible, tienen su sanidad gratuita –incluso en la prestación de farmacia-, una red de servicios sociales de atención a mayores, de centros de mayores, etc., que si se quiere mantener, deberían de ceder alguno de sus beneficios, como lo han hecho otros sectores sociales mencionados, para solidarizarse con la situación del país, para lo cual, parece que los viajes turísticos sean los más prescindibles de las prestaciones sociales que perciben, ya que si están un par de años sin este tipo de beneficio, tampoco se les perjudica sustancialmente.

Quizá se pueda decir, por otra parte, que es una forma de generar empleo en hoteles y restaurantes en épocas de menor incidencia de clientela en el mercado libre, generando así una especie de apoyo oficial e indirecto a la industria turística. Pero tal como plantean los principios de libre mercado los euroburócratas, según los cuales ningún sector puede estar subsidiado para no incidir en la libre competencia, habremos de asumir en su pura coherencia esas premisas. Además de ser, si así fuera, un agravio comparativo con otros sectores de la economía nacional no subvencionados.

Pero además, según se conoce este tipo de viajes parece que sólo requiere el ser jubilado, y mayor de 65 años, sin discriminación de renta, dándose el caso, que se suman a este beneficio jubilados con rentas elevadas, que les pueden permitirse hacerse cargo del precio de este tipo de viajes en el libre mercado, lo cual, no nos parece que sea tan social, ni tan justo.

Así que, aunque sólo sea por mera solidaridad, deberían de asumir la suspensión de este tipo de servicios públicos, como también deberían de perder el beneficio de la receta roja de gratuidad total en las prestaciones farmacéuticas, pues ese hecho supone una grave carga a la sanidad pública, que requiere urgente financiación, antes que se deteriore el modelo y el perjuicio sea para todos.

Claro que, con las miras electoralistas de nuestros políticos, ante las próximas convocatorias electorales, resulta difícil concebir que ni el PP, ni el PSOE se replanteen nada de lo aquí cuestionado.