El fin de las oposiciones y los concursos, teóricamente, es poder seleccionar al mejor candidato de entre todos los optantes que concurren; pero la realidad desvela que esta práctica no es más que un medio de márquetin para descollar una obra específica sobre un número considerable de ellas –en el caso de los concursos literarios o artísticos- o una maña para dar cobertura legal ad hoc al candidato previsto, en el caso de las oposiciones.

En el primer caso, el de los concursos literarios o artísticos, podría y debería considerarse como un fraude, como una estafa que, no por frecuente, es menos delictiva, y debería intervenir la Justicia para frenar esta práctica aberrante que está inundando nuestra Cultura de frikis y de paja encuadernada, reduciendo a lo mezquino nuestro acervo cultural. Pero es que en el segundo caso, el de las oposiciones, la cosa es tanto o más grave, pues que frecuentemente instala en un pezón de la teta del Estado o de la Administración que sea a quienes, lejos de ser los mejores, están siendo beneficiarios de una estafa perpetrada contra los demás optantes, si es que no contra la sociedad misma en pleno.

Nada más plausible que tal o cual persona se haya alzado con un merecido triunfo en libre y justa competencia contra tantos otros optantes; pero nada más aberrante que, por cuestiones políticas, personales o comerciales, se destaque y premie a una persona en injusta competencia contra quienes, siendo mejores y estando más cualificados, son usados como corifeos u ornamentos de un éxito tramposo, y tanto más si han pagado por tener una oportunidad que finalmente se sabe bribona. Una estafa en toda regla.

En muchas oposiciones a empleos públicos –véase en estos días el escandalazo que hay en Alcalá de Henares, por ejemplo, con los nuevos nombramientos de funcionarios-, no sólo “corrigen” los exámenes personas que no tienen cualificación alguna para ello, sino que curiosamente obtienen ostensibles mejores notas aquellas personas que, curiosamente, o tienen algún pariente (o varios) instalado en esa Administración, o ya llevan algún tiempo trabajando interinamente, o son parientes o conocidos de personas con puestos o influencias notorias en el partido de gobierno o en la Administración. Situación que se replica en todo el ámbito nacional, multiplicándose la cantidad de inútiles u ociosos en todas las Administraciones del Estado y en las locales, de modo y manera que hemos multiplicado por diez en treinta años el número de funcionarios, se han adquirido los más punteros avances tecnológicos (vaya usted a saber para beneficiar a quién), y entretanto la incapacidad de la Administración pública tiende al infinito. Policías, bomberos, funcionarios públicos, sanidad, ayuntamientos, etc., están parasitados de parientes o partidarios de los políticos que van pasando por las distintas administraciones, de modo que el empleo público es poco menos que un chiringuito al servicio de los poderes o los poderosos. Tal vez por eso es tan frecuente que familias en pleno trabajen para el Estado, todos ellos habiendo aprobado sus oposiciones, cual si la capacidad viniera dada en España por castas, como en el Indostán.

Un fraude o estafa a todas luces perseguible, del que no se libran las otras oposiciones, las privadas, sean éstas para optar a un puesto de trabajo o un certamen artístico o literario de cualquier índole. Si es público y abierto, todo concurso debe estar sometido a la ley en su limpieza y en sus resultados, y, de no ser así, deben ser perseguidos estos actos como los delitos que son, y tanto más cuando los optantes pagan de su bolsillo y de su tiempo una expectativa que finalmente resulta ser fraudulenta. Cuando la convocatoria en cuestión es cuantiosa para aquel que teóricamente la gane -como el Planeta, por ejemplo-, no es infrecuente que los medios de comunicación sepan de antemano quién va a ganar -y gana-, sino que incluso hay denuncias públicas de autores que declaran que fueron invitados a participar para ganar el premio y aún de otros personajes que declaran que, siendo jurados, les presentaron la obra que debía alzarse con el triunfo, y se lo dieron, claro. Y no pasa nada, más allá de que tendemos a una Administración inoperante fagocitada por la corrupción y la inutilidad, y una cultura que es un auténtico rebuzno.

Estas prácticas deben no sólo ser proscritas, que ya lo están desde la teoría legal, sino perseguidas y castigadas con severidad; pero la ley, en España, por lo que se ve se está convirtiendo en nada más que una trampa, en un artificio recaudatorio específicamente diseñado para exprimir a Juan Pueblo, y en absoluto aplicable a los poderosos políticos o privados, quienes parecen gozar de total impunidad legal hagan lo que hagan. No es extraño, pues, que incluso una ministra se queje de que “a ver si no va a poder nombrar una a quien le salga de los cojones” (Pajín, dixit) y que aquí no pase nada. Precisamente por esto tenemos la España que tenemos: un Estado corrupto e inoperante infestado de inútiles funcionarios, chorizos, pésimos actores, escritores y artistas. Los capaces, como consecuencia, están en el desempleo o en el olvido.