Finalmente el presidente del gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero (ZP –como le denominaron los suyos-) ha despejado la incógnita de su futuro político anunciando que no se presentará a la reelección.

De esta manera, en la sede de su partido –de donde salió su candidatura-, en la Ejecutiva Federal, ha manifestado su voluntad a los suyos en una litúrgica irreprochable, sobre el fundamento de ser partidario de que los mandatos políticos no duren más de 8 años (dos legislaturas), que aunque sea una explicación oportuna, probablemente no responda a la causa real de su decisión.

Así se cierra una polémica que no le estaba haciendo bien ni al interesado, ni al propio PSOE, porque la pérdida de credibilidad del presidente Zapatero en los últimos tiempos ha sido realmente abrumadora, por sus propias contradicciones, rectificaciones de políticas, negación de la llegada de una crisis económica descomunal, retraso en la adopción de medidas, y su propia imagen de aparente frivolidad en el ámbito exterior. Y en consecuencia ser el propio ZP su principal enemigo de la imagen pública de labilidad política, y mera insustancialidad en su discurso.

Sin embargo, a diferencia de sus enemigos políticos y detractores internos y externos – que los tiene-, hemos de reconocer que ZP tuvo una primera legislatura mucho más atinada, pues habiendo llegado en plena turbación del atentado del 11 m, con una crispación de la vida pública enorme –alentada por sectores de extrema derecha, e incluso algún sector de prensa visceral-, supo acompañarse de un “talante sosegado”, e incluso de diálogo, que ayudó bastante a la convivencia nacional, de igual medida tomó decisiones en el ámbito exterior que dejaron que España tuviera su política más propia y menos seguidista del bloque angloamericano, procurando una acción exterior a la francesa, intentó con suerte desigual el fin del terrorismo etarra propiciándose un nuevo proceso de negociación, impulsó el desarrollo territorial del Estado de las Autonomías –si bien los intereses partidistas y de gobierno a corto plazo, le jugaron la mala pasada del entreguismo a los nacionalistas catalanes y vascos- que llevaron a una peligrosa deriva soberanista, que le ha pasado factura especialmente por su participación en el “tripartito catalán”.

Pero sobre todo, si en algo hubiéramos de calificar el periodo de ZP al frente del gobierno de España sería por su peculiar giro político, en el PSOE y en su acción de gobierno, distinguiéndose por pretender un ensalzamiento de las libertades , tales como la defensa de la igualdad de género, de los matrimonios gays, de la ampliación de la ley del aborto, y de su defensa a ultranza de la “educación para la ciudadanía” –con contenidos doctrinarios propios-, que le han generado la contestación de un amplio sector de la población, disconformes con sus planteamientos; marcando posiciones ideológicas de un “radicalismo liberal”, e incluso “anarquizante”, más que propiamente de una tradición “socialista”, por relegar de su habitual discurso y preferencia política la defensa del trabajador, que en nuestra sociedad se ha encontrado huérfano ante los derroteros de la nueva crisis, con los despidos y el aumento del paro, ante el que su gobierno se ha visto obligado a hacer la política económica ordenada por Bruselas, teniendo que renunciar a la propia. Igualmente se ha distinguido por una defensa del “irredentismo republicano de izquierdas” tras la guerra civil, quizá más simbólico que real, de forma casi innecesaria por ser un capítulo superado en la transición política.

Todo esto ha dado lugar a que ZP haya tenido importantes frentes abiertos, donde ni ha podido hacer la política del PSOE –partido incardinado en una ideología socialdemócrata, que tendría mucho que decir y que oponer al modelo neoliberal que nos tratan de imponer en la globalización-, ni ha aplicado con convicción las recetas económicas neoliberales de Bruselas, además de confundir a sus propios seguidores y votantes en una acción política desnortada, con una caída en las encuestas, y una falta de liderazgo en su partido y en el propio gobierno, donde buscaron la figura del valido Rubalcaba, personaje más correoso y experimentado políticamente que ha puesto algo de orden en el cotarro socialista.

Ahora bien, con este anuncio de retirada –que abre el proceso sucesorio entre los socialistas- no acaba de arreglarse el problema de falta de liderazgo y confianza del electorado en un proyecto que sea capaz de sacar a España de la crisis que padece, sin sacrificar necesariamente el “Estado del Bienestar” como se receta de contrario. En este planteamiento, el PSOE no puede andar con cálculos de reparto de poder entre las facciones internas. ZP fue producto de esas luchas internas, entre los guerristas y los seguidores de Bono, que generaron una salida improvisada por escasa diferencia que ha demostrado un alto grado de improvisación, bisoñez y la falta de liderazgo en un proyecto socialdemócrata claro. Por consiguiente, ahora no valdrían de nuevo apaños, sino que buscaran dentro de su partido un auténtico líder, que represente de verdad al socialismo español del siglo XXI, con alternativas solidarias que conecten con la clase trabajadora, la clase media –autónomos, pequeños empresarios, profesionales, y funcionarios- que son los que están padeciendo verdaderamente la crisis, y se les pueda ilusionar en un proyecto de Estado moderno, soberano, incardinado en la realidad europea e internacional, pero con entidad propia, que apueste por el mantenimiento del “Estado del Bienestar” como forma práctica de justicia social con los menos favorecidos.

Por consiguiente, el PSOE tiene actualmente la obligación histórica de reformular su proyecto de forma clara e inconfundible, difundirlo y defenderlo, poniendo al frente a un líder que sea capaz de llevar a cabo esta importante tarea, tanto para el partido como para España. Y en esa tarea no valen, ni improvisaciones, ni cabildeos, ni ambiciosos proyectos personales. En esa confianza esperemos que acierten, por el bien de todos, pues la democracia requiere de la buena salud democrática y capacidad de respuesta pública de entidad por parte de los grandes partidos políticos.