En un país como el nuestro en el que se ejecutan 25.000 hipotecas al mes (300.000 al año), sin que se acepte la dación en pago, con el valor de la vivienda menguado y el de la deuda inflado, no se puede hablar de democracia, de estado de derecho; ni siquiera, de imperio de la ley.

Cerca de 300.000 familias al año quedan desahuciadas y endeudadas para el resto de su vida, uniendo su suerte a la de más de 4.000.000 de trabajadores desempleados. La clase media se va proletarizando a pasos de gigante y la bolsa de la pobreza integra a casi una cuarta parte de la población.

Mientras tanto, y gracias a este formidable sacrificio del conjunto de la mayoría, los bancos consiguen grandes beneficios que permiten a sus dueños y gestores obtener ingresos millonarios.

En este contexto, es inaceptable que un gobierno que se dice socialista exija un mayor esfuerzo a la ciudadanía para garantizar la solvencia de la banca. La paz social de la que disfrutamos debería ser, sin duda, un motivo de alegría para todos nosotros; pero deja un resabio de amargura cuando esta paz parece hija de la impotencia. La banca a destruido la democracia.