Ya es un hecho. La coalición internacional lleva varios días bombardeando Libia bajo mandato de la ONU. La resolución, aprobada a instancias de Francia, Reino Unido y EEUU, contó con 5 abstenciones: China, Rusia, Alemania, Brasil e India. Finalmente, las declaraciones favorables de la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de la Conferencia Islámica decidieron a estos países, reticentes a una intervención armada, a no votar en contra de la resolución.

Una vez lograda la supremacía aérea, uno de los puntos clave fue quién debía tomar el mando de la ofensiva. Finalmente se impuso la tesis norteamericana, y será la OTAN quien dirija las operaciones militares y el embargo, mientras que el control político será entregado a un órgano que incluya a miembros de la coalición y a países árabes como Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, son muchas las voces críticas que, desde los países árabes y africanos, pero también desde los propios países “atlantistas”, se han alzado contra la mal llamada “intervención”. Que se trata de una guerra, movida como todo en este mundo, por intereses económicos, es algo que está fuera de toda duda. Pero además, se cuestiona el derecho de estos países a atacar a un estado soberano. Así que, volviendo al tema de la semana pasada, cabe preguntarse: ¿es lícito ampararse en una suerte de Derechos Humanos universales para obligar a que todos los países los respeten y, en el peor de los casos, utilizar la fuerza contra los que se nieguen?

Esto sería lo ideal. Pero para ello debería tratarse de unos derechos realmente universales, no unos impuestos desde la cultura occidental, como son los que hoy en día conocemos como Derechos Humanos. ¿Cómo conseguir este cambio? Estableciendo un foro de diálogo entre todos los países, para llegar a un acuerdo de reglas de convivencia mínimas para todo el mundo. Un foro en el que ningún Estado pudiera imponer su punto de vista al resto, ni vetar propuestas. Porque este es el fracaso de la ONU: un organismo donde 5 países ostentan todo el poder no tiene la legitimidad suficiente para imponer su ley en todo el mundo. No se trata de transformarla en un órgano legislativo a nivel planetario, sino en un foro de naciones que en pie de igualdad acuerdan unos Derechos Humanos básicos de obligado cumplimiento en todo el mundo.

Una vez logrado esto, venciendo las reticencias de las partes interesadas, la Corte Penal Internacional debe ser la encargada de velar por estos derechos acordados por todos, juzgando y persiguiendo a sus infractores en cualquier país, dejando atrás la inmunidad que ciertos países han conseguido para sus ciudadanos. Porque ¿qué legitimidad puede tener un tribunal internacional que sólo juzga los crímenes contra la humanidad en una parte del mundo? La CPI debe tener una jurisdicción universal, sólo así será realmente efectiva y aceptada por todos. Ésta es la única manera de que se respeten los Derechos Humanos en todo el mundo.

Para lograrlo, Europa y los países occidentales en su conjunto debemos aceptar que nuestra forma de entender la realidad es sólo una manera, pero que en otras partes del mundo existen otros valores diferentes, y que de lo que se trata es de tender puentes y encontrar puntos de unión, en lugar de imponer nuestro punto de vista al resto del mundo. ¿Seremos capaces de conseguirlo?