WASHINGTON - En una columna reciente, señalé que la seguridad social es a menudo "estado del bienestar para la clase media" que desangra al país. Esto ofendió a muchos lectores. En un correo electrónico, uno gruñía: "La seguridad social no añade ni un centavo a nuestra deuda soberana, idiota". Otros se mostraban más solemnes: "Absténgase en el futuro de insultar a los particulares que han trabajado toda su vida y cotizado durante más de 50 años, insinuando que sus pensiones ganadas son estado del bienestar". Algunos argumentaban que la seguridad social, con un fondo de 2,6 billones de dólares, no afecta a nuestra tesitura presupuestaria.

Error. Por norma, no utilizo una columna para comentar otra. Pero voy a hacer una excepción con esta porque la cuestión es importantísima. Hay que recordar que la seguridad social y los programas Medicare y Medicaid, los principales programas destinados a la tercera edad, superan el 40% del gasto federal. Declararlos exentos de recortes -- como los sondeos indican que preferirían hacer muchos estadounidenses -- abriría déficits masivos, subidas tributarias enormes o reducciones draconianas en el resto de programas. Es una fórmula de futuro desastrosa.

No llamamos "derecho social" a la seguridad social porque es un término peyorativo, y los políticos no quieren ofender. De forma que su retórica clasifica la seguridad social como algo que no es. Así es como defino un programa social. En primer lugar, grava a un colectivo para financiar a otro colectivo, lo que se traduce en un sistema que paga sus deudas a medida que incurre en ellas y no sigue un régimen contributivo en el que los propios ahorros de la gente financian sus pensiones más tarde. Y el segundo, el Congreso puede alterar constantemente las prestaciones, plasmando cambios en las necesidades, la situación económica o la situación política. La seguridad social cumple ambos criterios.

Empecemos por su fondo de 2,6 billones de dólares. ¿No demuestra esto que las retenciones en las nóminas de la gente se fueron ahorrando para financiar futuras pensiones, aislándolas de nuestro problema presupuestario generalizado? Bien, no. La seguridad social lleva siendo un programa que abona sus deudas a medida que incurre en ellas desde la década de los 40. La mayoría de las pensiones se pagan gracias a las retenciones en las nóminas de los trabajadores de hoy; en el año 2010, esas retenciones financiaron el 91% de las pensiones. Los 2,6 billones de dólares del fondo de la seguridad social sólo van a financiar 3,5 años de pensiones, que en total rondaban los 700.000 millones de dólares en el ejercicio 2010.

El fondo sirve principalmente para canalizar las retenciones a los receptores de la prestación, y el enorme superávit actual es un accidente, como demuestra Charles Blahous en su obra "La Seguridad Social: la obra sin rematar". En 1983, cuando el fondo estaba prácticamente agotado, una comisión presidencial propuso una serie de correcciones pero subestimó su impacto. El enorme superávit "se desarrolló simplemente por su cuenta. No estaba planeado", decía más tarde el responsable ejecutivo de la comisión. Incluso de esta forma, el superávit desaparecerá a medida que la cifra de jubilados crezca.

De igual forma, el Congreso ha modificado repetidamente las pensiones. Entre 1950 y 1972 las subió en nueve ocasiones, incluyendo la duplicación de principios de la década de los 50. En 1972, indexó el cálculo de las pensiones a la inflación. La gente no se quejaba de que subieran las pensiones, pero los probables recortes suscitan ahora gritos de que se rompe "un contrato". No es así. En un fallo de 1960 (caso Flemming contra Nestor), el Tribunal Supremo rechazaba expresamente el argumento de que el pueblo tiene un derecho contractual a la seguridad social. Citaba la Ley de la Seguridad Social de 1935: "El derecho a alterar, modificar o derogar cualquier sección de esta Ley queda reservado por la presente al Congreso". El Congreso puede modificar el programa siempre que lo desee.

Todo esto convierte a la seguridad social en "estado del bienestar". Las pensiones cambian; no son estrictamente proporcionales a los salarios sino que se escoran en favor de las rentas más bajas -- un juicio de valor reflejo de los que necesitan ayuda más; y no se pagan a partir de las propias "contribuciones" de los trabajadores. Pero nosotros ignoramos voluntariamente estas realidades y animamos a la gente a creer que "se ganan" sus pensiones y que la seguridad social es algo independiente de los presupuestos en general. Políticos, tertulianos, expertos institucionales y periodistas toman parte de esta charada para ahorrar a los 54 millones de afiliados a la seguridad social la incomodidad de entender que dependen del estado.

Que hubiera una población anciana relativamente pequeña mantuvo en cierto grado estas ficciones. Ahora esto ya no es posible. En contra de la postura de la administración Obama, la seguridad social sí afecta a nuestro problema presupuestario general. Las pensiones anuales ya superan las retenciones de las nóminas. La diferencia crecerá. El fondo posee obligaciones del Tesoro; cuando estos títulos se liquidan, la liquidez necesaria sólo puede recaudarse mediante endeudamiento, impuestos o recortando otros programas. La relación entre la seguridad social y el resto de los presupuestos es brutalmente directa. La misteriosa contabilidad del fondo oculta lo que sucede. Igual de importante es que el trato que dispensemos a la seguridad social va a afectar al trato dispensado al programa Medicare y, en menor medida, al programa Medicaid.

Ello se debe a que estos programas implican medidas sociales de la clase media que los recortes podían eliminar sin provocar dificultades generalizadas. No todos los ancianos son pobres. En el 2008, la cuarta parte de los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años declaró rentas por encima de los 75.000 dólares. Sin duda la gente estará escandalizada. Al haberle contado medias verdades, se sentirá timada. Ellos pagaron sus impuestos, ¿por qué no van a poder recibir la totalidad de las pensiones prometidas? Pero la alternativa es mucho peor: cargar todo el lastre a los contribuyentes más jóvenes y hacer recortes en el resto de programas de la administración. El sacrificio compartido deja de tener significado si excluye a los estadounidenses mayores.