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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group  

Consecuencias imprevistas

Ruth Marcus
Ruth Marcus
jueves, 24 de febrero de 2011, 07:54 h (CET)
WASHINGTON - Los legisladores Republicanos votaron a favor de elevar la cifra de abortos, elevar el gasto sanitario federal y engrosar las listas del estado.

No era su intención, por supuesto, y desde luego no es su política pública. Pero es el previsible e inevitable impacto de sus maniobras paralelas encaminadas a cancelar la financiación del programa federal de planificación familiar y privar a Paternidad Responsable de toda subvención federal.

En todo caso, esta evaluación está subestimada. La versión más certera, y todavía más precisa, sería que los Republicanos votaron a favor de dejar que mueran más mujeres de cáncer de mama, cáncer cervical y sida. ¿Quién lo diría? Los programas de planificación familiar también ofrecen exámenes de detección precoz del cáncer y atención primaria a pacientes de sida a millones de personas de renta modesta o que no tienen seguro.

Vamos a ser claros en una cosa. Casi nada de ese dinero iba a los abortos. La única financiación federal del aborto consiste en la cifra afortunadamente reducida de situaciones en las que mujeres pobres solicitan la interrupción del embarazo por causas de violación o incesto, o cuando sus propias vidas corren peligro. En 2006, el último año del que se facilitan cifras, el gobierno federal financió 191 de tales procedimientos, según el colectivo Guttmacher Institute.

Sin embargo, los recortes de la Cámara están destinados a castigar a los profesionales que practican abortos -- en especial al colectivo Paternidad Responsable, que simultáneamente es el mayor receptor de subvenciones federales a la planificación familiar y el mayor practicante del país de procedimientos abortivos.

El reglamento federal obliga a Paternidad Responsable a separar escrupulosamente su gasto en abortos del resto de gasto. En la mayoría de los casos, los abortos se practican en instalaciones diferentes o en una planta distinta, por un personal diferente. Eso no basta para satisfacer a los detractores del aborto, que insisten en que el dinero federal suple otros fondos que se destinan a financiar abortos.

Pero el aborto representa el 3% de los servicios que presta Paternidad Responsable; las medidas anticonceptivas suponen el 35%; las pruebas de enfermedades de transmisión sexual el 34%; la prevención y seguimiento del cáncer, otro 17%.

¿Cómo se diferencian los fondos federales que llegan a Paternidad Responsable con esos fines de, digamos, las compensaciones de Medicare destinadas a los centros hospitalarios que también practican abortos? ¿Esas instalaciones son las próximas?

"Si Paternidad Responsable quiere involucrarse en la prestación de servicios de atención primaria y pruebas del sida, no tendría que participar del oficio de prestar abortos", decía al Politico el legislador Republicano de Indiana Mike Pence, que encabeza la carga a favor de anular las subvenciones. "Mientras aspiren a hacer eso, iremos a por ellos".

Que yo sepa, el aborto es legal en este país.

Pero dejemos aparte a Paternidad Responsable y pasemos a la cuestión más general de los programas de planificación familiar amparados en la Sección X. Al presentar la anulación de las partidas presupuestarias de Paternidad Responsable, Pence se cuidó de marcar la diferencia. "Esta legislación no recorta un centavo de la financiación recogida en la Sección X de planificación familiar", dijo. "Aplaudo gran parte de la importante labor que se desarrolla en las clínicas de la Sección X por todo el país: pruebas de detección precoz del cáncer de mama, medidas contra el sida, educación, atención primaria, pruebas de embarazo".

Aplaudimos, puede que sí, pero no financiamos. Unas semanas más tarde, la ley de gasto de la Cámara reducía a cero los 317 millones de dólares de la partida presupuestaria de la Sección X. Una enmienda de la Demócrata de Nueva York Nita Lowey encaminada a devolver la financiación no recibió un voto porque Lowey no presentó otros recortes para compensar.

Esto es demencial -- como cuestión de prevención del aborto y como disciplina fiscal en la misma medida.

Los programas de la Sección X fueron aprobados en 1970 por Richard Nixon, que proclamó que "a ninguna mujer estadounidense le será negado el acceso a los servicios de planificación familiar a causa de su situación económica". Los dispensarios de la Sección X de la Ley de Salud atienden al año a más de 5 millones de mujeres, de renta modesta la gran mayoría.

El colectivo Guttmacher Institute ha calculado que la Sección X ayuda a evitar casi 1 millón de embarazos no deseados al año. El grupo afirma que estos embarazos acabarían de otra forma en 433.000 nacimientos no deseados y 406.000 abortos.

El resultado inevitable de la cancelación de la financiación recogida en la Sección X no va a ser sólo más abortos -- van a ser facturas más altas para el contribuyente que financia la compensación de Medicaid a los hospitales y el gasto social de los menores en situación de exclusión social. El Guttmacher concluye que cada dólar público invertido en servicios de planificación familiar está ahorrando 3,74 dólares de gasto en mujeres embarazadas y sus bebés durante el primer año. Imagine el ahorro de por vida.

Y luego está la otra "importante labor" que citaba Pence: 2,2 millones de pruebas de detección precoz del cáncer, 2,3 millones de pruebas de detección precoz del cáncer de mama, casi 6 millones de pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

Si los Republicanos creen realmente que no es un uso inteligente de los fondos públicos, es que están peor de lo que pensaba.

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