El PP y el PSOE nos tienen condenados al conjunto de la ciudadanía a vivir en una democracia de bajo perfil con su pacto por la ley electoral y alguna otra que prefiero no recordar. Pero aún han ido más allá y nos han condenado al oprobio de tener que cumplir una ley hipotecaria que no es otra cosa que una licencia de corso para la banca. Ya no es sólo que la negación de la dación en pago sea un insulto a la inteligencia y un auténtico atraco al ciudadano al que en mala hora se le ocurrió firmar una hipoteca, es que la propia hipoteca es ilegal.

Es ilegal porque el banco la concede sin fondos en depósito que la puedan avalar. Es decir, el banco realiza un negocio sin aval, cosa absolutamente insólita en cualquier otra actividad empresarial. Cualquiera sabe que para conseguir un aval se debe acreditar una propiedad por valor igual o superior al crédito. Pues los bancos no lo hacen en la operación que le da más réditos: la hipoteca. La hipoteca, como digo, la concede el banco sin fondos, cargando unos intereses abusivos y con el derecho a ejecutarla recuperando la vivienda, el capital principal del crédito y los intereses.

Si, además, añadimos que, con toda probabilidad, el ciudadano al que se le ejecuta la hipoteca ha llegado a ese extremo por perder su trabajo, y el responsable último de que haya perdido el trabajo es el propio banco, que nos ha llevado a esta crisis especulando con un dinero ficticio y unos productos basura, llegamos a una conclusión verdaderamente aterradora. El PP y el PSOE, al negar la posibilidad de modificar la ley hipotecaria introduciendo la dación en pago, está consintiendo el mayor atraco a la ciudadanía que jamás se haya dado en la historia, permitiendo que cientos de miles de familias pierdan sus viviendas y sigan obligadas a pagar unos intereses abusivos.

Y, para más INRI, se inyecta liquidez a la banca con el dinero de aquellos a los que se les niega cualquier ayuda, se les expropia la vivienda y se les condena a pagar unos intereses que jamás deberían haber existido. Solamente por este motivo, los ciudadanos deberíamos retirarles el voto y buscar un partido político que respete un mínimo la dignidad y los legítimos intereses de la ciudadanía.