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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El Ayuntamiento de Salobreña condenado de nuevo por la justicia

José Manuel Onieva (Granada)
Redacción
lunes, 21 de febrero de 2011, 12:43 h (CET)
En los últimos días, Salobreña ha estado presente en la prensa escrita local y en Internet por dos hechos muy contradictorios, sobre todo para su alcalde y concejales, pero también para sus habitantes de derecho y de hecho. El primero, refiere a que el pasado miércoles en GRANADA HOY y el viernes en IDEAL, aparecía exultante su alcalde Avelino del PP y otras personas, presentando la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) y la OVAC (versión virtual de la misma). En unas extensas declaraciones no para de ensalzar tan feliz acontecimiento, en particular cuando funcione la OVR (Oficina Virtual de Recaudación) que es lo que más le interesa. Cuenta las excelencias de la famosa y antigua “ventanilla única” que por fin llega a la villa y que, en el colmo de la petulancia, “marcará un antes y un después en la gestión pública municipal en la provincia de Granada”. Sonrisa “profident” suya y de todos, fotos y tan agustito. Pero, saben ustedes que tal ventanilla la crea la Ley 11/2007 de 22 de junio. ¡Tanta alharaca para llegar casi cuatro años tarde, alcalde!

El segundo motivo mediático se relaciona con que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar los gastos de alumbrado público, con los intereses desde el año 2000, de la conocida y antigua urbanización “Monte de los Almendros”. Según el ex Presidente de la Comunidad, don Jesús Díez, existiendo aprobado el plan parcial de esta urbanización desde 1972, se han dado permisos de obras, sin ejecutar por el ayuntamiento los servicios públicos recogidos en la memoria del mismo. ¿Cuántas corporaciones de todo color político, mayoritarias o en coalición (PSOE, PSA, IU, PP, PSI), se han sucedido desde entonces? Cansados de correr con todos los gastos, la Comunidad inicia un contencioso administrativo en 2000 y lo ha ganado. Mis felicitaciones desde aquí.

Casos como este se pueden y, de hecho, se producen, tanto por la tremenda lentitud de la justicia como por la falta de sanción a los políticos implicados. Los alcaldes y concejales, abusando de su autoridad y manejando el consabido principio de “page y luego reclame”, son capaces de imponer medidas injustas, a veces a sabiendas, lo que es prevaricación, a las que judicialmente es difícil y muy lento derrotar. Es el caso de Avelino y Pérez Cobos que el año pasado aplicaron un injusta y xenófoba subida del IBI de casi el 90% a las segundas residencias, devolviendo luego, vía subvención, dicha cuantía a los vecinos, votantes en el municipio. Sabían previamente que ese mecanismo había sido declarado ilegal por el TSJA en el caso del Ayuntamiento de Torremolinos, pero se han empeñado, contra las masivas protestas y escritos, y han “supuestamente” prevaricado. Se han presentado miles de recursos y ahora a esperar el amparo de la justicia. Llegada la sentencia, no debiera sólo condenar al Ayuntamiento, sino exigir responsabilidad personal a todos los que votaron afirmativamente en el Pleno.

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