Una de las noticias más importantes de la semana política española, que concluye, ha sido la visita que ha girado a nuestro país la presidenta alemana Angela Merkel, al frente de parte de su gobierno, en un viaje que ha supuesto más bien una “inspección”. “auditoría”, o “pase de revista” para verificar el estado de cumplimiento de los compromisos económicos con la UE, y apremiar los que quedan por realizar para salvar una difícil situación económica que compromete la estabilidad de la UE, y muy especialmente de la economía alemana cuya banca es la gran acreedora española.

Más allá de los datos que ambos gobiernos han dejado traslucir, que por razones diplomáticas, no eran de esperar que fueran necesariamente negativos para el gobierno español; hay que leer entre líneas en los acontecimientos del evento, para poder llegar a una sensación de mayor realismo que la que se ha transmitido oficialmente. Tal es el caso del repaso que nos dio en las vísperas del viaje, el ministro alemán de finanzas que vino a dejar claro que nuestro país aún tenía reformas estructurales pendientes que no debía de demorar, tal como ha sido el caso de la reforma del sistema de pensiones, acometido casi por la fuerza esta semana, donde se queda patente que habrá que trabajar más tiempo para cobrar menos cantidad de pensión. Hecho que supone un nuevo recorte a los trabajadores españoles en activo que pretendamos acceder el día de mañana al cobro de una pensión del sector público, y que por consiguiente no es una noticia feliz para estos. Si bien, hemos de felicitarnos por el complicado acuerdo alcanzado, ya que era uno de los ajustes necesarios, con el que podemos recobrar la esperanza en la sostenibilidad del sistema público de pensiones español.

Aunque no es menos cierto, que otro elemento importantísimo para conseguir ese logro del sistema, lo representa también la necesidad de garantizar una constante de ingresos, que en lo posible sea creciente, compensando el número creciente de jubilados –conforme a los datos demográficos del país-, para lo cual habrá de arreglarse el dramático y difícil tema del inmenso paro que padece España, si se quiere culminar con éxito la operación iniciada con este acuerdo de ajuste de pensiones.

Pero al propio tiempo, dados los críticos datos económicos que sigue padeciendo nuestro país, necesitamos un incremento de la productividad para poder arreglar el problema del desempleo y con ello el despegue económico, que a su vez es imprescindible para poder cumplir nuestros compromisos de pago con los acreedores externos; para lo cual, se ha sugerido, y se empieza a debatir sobre la corrección de los incrementos salariales en función del incremento del IPC, para pasar a hacerlos depender del rendimiento de las empresas, algo sumamente discutible, pues aunque sea razonable, no responde a criterios de justicia social, y habría que compensar esa medida –si finalmente se toma en consideración- con sus complementarias medidas de mejora salarial en caso de beneficios empresariales, no necesariamente en el mantenimiento de mínimos salariales, pues si hay movilidad a la baja, habría de haberla también al alza cuando las condiciones económicas fueran buenas.

Igualmente quedan pendientes temas estructurales que quiten rigidez al sistema de concertación laboral como es el caso de dar mayor relevancia jurídica y social a los convenios de empresa respecto de los de sector, para acercar la negociación a las necesidades de cada empresa y de su colectivo social; algo que parece también lógico, aunque esto represente cierta pérdida de influencia de agentes negociadores (sindicatos y asociaciones de la patronal), a favor de los actores directos en cada empresa; también supone una interesante corrección del déficit representativo de legitimación que se achaca a los sindicatos y asociaciones de la patronal, que en algunos casos se señala en niveles de afiliación del 6% en el caso sindical.

Naturalmente que habrá que profundizar en la reforma laboral habida que se ha quedado corta, a todas luces, mostrando su ineficacia en los resultados de empleo obtenidos.

Por otra parte, queda pendiente también la reforma del sector financiero concerniente a las Cajas de Ahorro, que viene desarrollándose con extraordinaria lentitud –salvo algunos casos, que ya han hecho sus deberes de las reagrupaciones inducidas por la autoridad financiera-, pero que dada su evolución con sus importantes connotaciones políticas en sus respectivos territorios, parece ser que no ha convencido a nuestros acreedores europeos, pues se está tomando en consideración un giro copernicano en el sector, cual es el caso de su transformación en banca comercial con su salida accionarial a bolsa. Si bien en algunos casos habrían de ser previamente saneadas, con el consiguiente temor de su venta a “precio de saldo”. ¿Acaso sea ese el interés de nuestros acreedores alemanes?. Si así fuera, habría que tratar con la mayor delicadeza el tema, pues no se puede molestar a quien te presta ayuda dineraria, aunque tampoco se puede haber dejación de la defensa de los propios intereses españoles.

Con todo, se presenta un difícil devenir en el curso del presente año, en el que nuestros gobernantes –hipotecados por los procesos electorales a la vista- no se atreven a realizar movimientos de ajuste económico que necesariamente traerán malestar social y desgaste político que no quieren asumir ninguno; pero al propio tiempo, nuestros acreedores nos apremian a corregir el rumbo para no verse negativamente afectados por los perniciosos efectos de una economía española que no acaba de salir del bache, y en esa tensión aún hemos de debatirnos, con la natural pérdida de confianza política y económica en el ámbito exterior, y especialmente de nuestros socios de la UE. Algo así, parece ser “producto del guión” político interno fijado.