Estoy de acuerdo con Mariano Rajoy en que hay empresas públicas y servicios que se podrían cerrar y no pasaría nada ni la economía se resentiría, porque duplican o triplican servicios, no aportan nada nuevo a la ciudadanía o simplemente se crearon para ampliar el acordeón de puestos y compromisos políticos.
También hay muchas competencias que pueden ser devueltas al Gobierno central, modificando la Constitución de 1978; se hizo en Alemania y nada sucedió. Pongamos sólo dos ejemplos: Cataluña y País Vasco no han sabido gestionar ni la educación ni la sanidad ni los servicios de Interior ni la representatividad, Hasta el punto de haber arruinado a las instituciones catalanas y tener problemas para el cobro de la mensualidad de febrero. Y lo mismo sucede con otras CC.AA.; hay competencias que nunca debieron salir del Estado, porque las comunidades autónomas las han atropellado, desprestigiado y endeudado. Y posiblemente las dos comunidades citadas sean las que mayor daño han hecho a la descentralización de competencias, por lo que no estaría de más que el Estado las rescatara. Seguramente lo agradecería la ciudadanía.
¿Para qué quiere, por ejemplo, Castilla y León la Consejería de Interior y Justicia? ¿Acaso aporta algo a la ciudadanía? Durante cuatro años se ha mantenido esa Consejería, cuando sus competencias podían haber sido asumidas por otros órganos y servicios, con lo que nos hubiéramos ahorrado mucho dinero y una amplia dosis de ridículo. ¡Qué torpeza la de Herrera Campo y sus `besamanos´!
No solo ha habido que pagar al consejero (71.766 euros), sino que además esa Consejería contaba con un secretario general (66.085 euros anuales), varias direcciones generales (Administración Territorial, Políticas Migratorias, Protección Civil,… con 56.108 euros cada director general). Y por si fuera poco, una Gerente Regional de Justicia con un sueldo de órdago a la grande: 66.085 euros, pero sin competencias, ya que Castilla y León no está interesada en tal asunción, y por eso no las ha asumido a lo largo de la legislatura que ahora acaba. ¿No es suficiente con el gerente de Justicia del Gobierno central? ¿Qué carajos gaiteros ha hecho estos cuatro años la gerente regional de la Junta? ¿A qué se ha dedicado? ¿Quién ha sido el irresponsable que ha creado esa Consejería y todo ese ejército de cargos inútiles, costosos y corregibles? ¡Por Dios, que alguien investigue, y que lo haga ya, porque el ‘pájaro’ se va a Salamanca como alcalde, para coger el relevo del ínclito Julián Lanzarote! Tampoco estaría de más que la Fiscalía Anticorrupción echara un viajecito por Castilla y León, aprovechando la próxima sentencia del Caso Gürtel.
¿Están seguros los políticos de la necesidad de las diputaciones? Miren ustedes, estas últimas instituciones son un pozo sin fondo para colocar afines, mediocres acomplejados de partido y estómagos agradecidos. Alguien tiene que hacer entrar en razón a los políticos: no se necesitan tantas instancias políticas para confundir o putear al ciudadano. Ya está bien, aunque, pensándolo mejor, dejemos que los tontos abran los caminos para que puedan recorrerlos los sabios, como decía Carlo Dossi.
