El resultado final de esta última crisis, a lo que ha llegado la prometida refundación del capitalismo, es a la instauración de una sociedad estamental dirigida con mano de hierro por la banca y la anuencia de la clase política que ya, definitivamente, se ha zafado de toda obligación con la ciudadanía a la que ya no representa. El sistema que nos gobierna, aboliendo la soberanía popular, ha consolidado los privilegios seculares del primer orden estamental, constituido hoy en día por aristócratas, banqueros, grandes empresarios, altos directivos, políticos, artistas y deportistas de élite, asegurándoles a todos ellos la opulencia por varias generaciones.

Al segundo orden estamental, constituido por funcionarios de todos los gremios (militares, médicos, profesores, administrativos, etc.), les ha provisto de una existencia segura y austera que les permite vivir sin demasiadas estrecheces, sin mayores expectativas. Al tercer orden estamental, el integrado por trabajadores asalariados por cuenta ajena, nos ha sumido en la precariedad endémica, ajustando el salario medio interprofesional al nivel mínimo de subsistencia y condenando al 20% de la población activa al desempleo, provocando una proletarización brutal de buena parte de la clase media. Considero el paro como un crimen de Estado.

El Estado se basa en el contrato social suscrito, tácita o explícitamente, entre todos los ciudadanos y los organismos del Estado. Este contrato ha de garantizar, por encima de cualquier otra consideración, el empleo, la vivienda, la seguridad y la asistencia sanitaria que procuren a todos y a cada uno de los ciudadanos las condiciones mínimas exigibles para llevar una vida digna. A partir de ahí se podrá discutir si es mejor una cooperativa o una sociedad limitada o la escolanía de niños soprano de Monforte de Lemos.

Pero la condición sine qua non para establecer un contrato social y, consiguientemente, mantener un Estado, es la garantía de un empleo digno para todos y cada uno de los ciudadanos. La situación en la que estamos viviendo actualmente (y desde hace infinidad de años), muy lejos de ser democrática, es de permanente criminalidad institucional.

El crimen de Estado, no sólo reside en los continuos casos de prevaricación y cohecho que saltan a la luz pública a diario (que también), sino , y fundamentalmente, en la asunción de un paro institucional. La primera obligación del Estado es establecer un sistema productivo y el arbitraje necesario que garanticen el pleno empleo a toda la población.

Pero, además, estamos asistiendo a la usurpación de la soberanía popular a manos de la banca. Los gobiernos son meros títeres cuya única función es poner a toda la ciudadanía al servicio de los intereses de unos pocos tiburones financieros. En una situación criminal tan flagrante , el único recurso que le queda a la ciudadanía es su ejército.

La obligación del ejército es defender a la ciudadanía de agresiones internas y externas que sobrepasan la capacidad de los poderes civiles. El ejército ha de ser el garante de las libertades y el derecho a una vida digna de los ciudadanos, imponiendo la legalidad constitucional que hoy ha estallado por los aires. Quiero asistir a una nueva revolución de los claveles, en España.