Ahora que parece que la mal llamada “ley Sinde” (en realidad se trata de una especie de apéndice de la Ley de Economía Sostenible) va a salir adelante con el reciente acuerdo entre el PSOE y el PP, hay que preguntarse qué va a pasar con ese “canon digital” que gravaba la adquisición de cualquier objeto que remotamente tuviera que ver con la copia y reproducción de algún bien protegido por los derechos de autor. Nadie, que yo sepa, ha mencionado nada al respecto.

A estas alturas pocos dudarán que este gobierno suele aplicar las medidas más intransigentes por decreto; pero lo curioso es que, en este caso, la oposición se haya prestado al juego en un asunto tan opinable, cuando, por otra parte, se muestra tan cerrada a otros acuerdos que beneficiarían a eso tan pasado de moda, pero tan necesario, que antes llamábamos “el bien común”. Parece como si se empeñaran en convencernos de que lo preferible es no votarles; pero no sólo a estos o a los otros, sino a ninguno.

Para muchos ese marchamo que acaba de obtener el apartado de la LES que afecta directamente a los internautas, es un triunfo de Tedy Bautista, la SGAE y los componentes del conocido como “sindicato de la ceja”, una hermandad de socorros mutuos compuesta, salvo algunas excepciones, por cantantes tronados y actores de segunda, comprometidos con las “ideas de progreso” de ZP.

Para otros –entre los que me encuentro y que somos, creo, una minoría- la medida de cerrar páginas y portales de Internet por la vía judicial, va a ser un rotundo fracaso; amén de suponer, como no podría esperarse menos de este gobierno agonizante, un ataque a la libertad de intercambio. La explicación que justifica nuestra postura es muy simple: si no se va a penalizar a quienes descargan música y películas (como ocurre en Francia, Alemania y el Reino Unido), sino a los propietarios de las páginas que las suministran, enseguida se producirán fuera del ámbito de la jurisdicción española y la “ley Sinde” quedará en agua de borrajas.

Habría sido mucho más inteligente establecer la relación comercial entre el consumidor y el autor o creador a través del vector “página de Internet-distribuidora-productora-autor”, prescindiendo de la SGAE, de tal manera que el consumidor pagara un canon por las descargas. Esto ya ocurre con los servidores que proporcionan descargas rápidas (como Rapidshare) Habría sido cuestión de racionalizarlo.

Es evidente que la anunciada dimisión de Alex de la Iglesia, Presidente de la Academia de Cine, tras la entrega de los Premios Goya, el próximo 13 de febrero, es un apoyo a los internautas, injustamente tildados de “piratas” desde el momento en que se les cobra (a todos se nos cobra) un extra por los DVDs, las grabadoras, los mp3, los pendrives etc., a través del famoso canon.