Si de algo sirvió el fracaso de la polémica Ley Sinde, fue para poner sobre la mesa la necesidad de definir un nuevo modelo en lo que se refiere a las descargas. Da la impresión de que, durante mucho tiempo, las autoridades se han sentado a observar, impasibles, como la industria del entretenimiento se desmoronaba sin saber muy bien qué hacer. Ahora parece que, tímidamente, las cosas comienzan a moverse en este ámbito y, por vez primera, se atisba una voluntad real por tratar de adaptarse a los nuevos tiempos.

Tal y como se planteó, la Ley Sinde estaba condenada al fracaso ¿De verdad pensaron que todas las miles de personas que disfrutan de infinidad de contenidos gratuitos con sólo apretar un botón iban a permitir que saliera adelante? El verdadero problema es que los usuarios, esgrimiendo su libertad por derecho, siguen identificándose a sí mismos como las víctimas de esta persecución, mientras que el Gobierno y, sobre todo, la SGAE están considerados como el enemigo a abatir. Y no debería ser así, porque detrás de todo esto están los autores, que son los que no tienen culpa de nada. Estoy seguro de que cualquier persona del mundo es capaz de comprender que todo artista que pone en la calle un disco o una película merece ser retribuido por su trabajo. El problema es que los métodos empleados para hacer efectiva esta retribución no están siendo los más acertados, por no decir que son un auténtico abuso en la mayoría de los casos. Por otra parte, y este es el argumento favorito de los que descargan sin miramientos, existe la creencia popular de que casi todo lo que recauda la SGAE va a parar a sus propios bolsillos, ya que no hay manera de demostrar que el dinero se destinará siempre al autor que le corresponde.

Si existe una institución en este país que necesite un lavado de cara para que la definición de un nuevo modelo pueda llegar a buen puerto algún día, esa es la SGAE, y parece ser que la entidad ya está empezando a dar los primeros pasos hacia el cambio. Su director general, Teddy Bautista, así lo hizo saber ayer en un desayuno del Foro de la Nueva Cultura, donde expuso una especie de nuevo decálogo de intenciones. Entre los puntos más interesantes se encuentra el que afirma que, a partir de ahora, se proporcionará toda la información necesaria para demostrar que el dinero recaudado va a parar efectivamente a sus legítimos dueños, lo que, de una vez por todas, pondría fin al mito antes mencionado. También declaró, en un claro intento por atenuar los odios de sus principales detractores, que ya no se perseguirá a particulares, sino únicamente a empresas. Y he aquí el quid de la cuestión: la delimitación de un nuevo enemigo. Si los usuarios ya no se sienten amenazados por el que consideraban como el malo de esta película, quizá sea el primer paso para hacerles comprender, desde las instituciones, la gravedad de la situación y la necesidad del cambio. De cualquier otra manera, con la aplicación directa de medidas restrictivas, siempre conseguirían un “no” rotundo. El principio del camino se encuentra en identificar a ese nuevo villano (como, por ejemplo, los que se lucran a partir de la explotación de contenido ajeno) y en conseguir que la mayoría de usuarios también lo reconozcan como tal, en vez de alinearse en contra de las instituciones.

El presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, vio clara esta necesidad de acercamiento con los internautas y, en un movimiento muy acertado, decidió reunirse a finales del año pasado con representantes de la industria cultural y de Internet para charlar sobre la Ley Sinde y acercar posturas. En un sentido práctico, no está claro si las conclusiones a las que se llegaron tendrán alguna utilidad pero, desde un punto de vista simbólico, esta reunión ha sido de gran importancia porque ha permitido que dos bandos supuestamente enfrentados se vean las caras y descubran que tienen más en común de lo que pensaban. Según De la Iglesia, la intención es llevar a cabo más reuniones, por lo que, quién sabe, tal vez puedan encontrar esa solución definitiva y consensuada que todos anhelan.

Mientras tanto, la industria discográfica va de mal en peor. La semana pasada se supo que Universal Music Spain, la primera compañía española en cuota de mercado, tiene intención de despedir al 40% de su plantilla a causa de la crisis en las ventas de discos y al aumento de las descargas ilegales. Las empresas, desesperadas, todavía están intentando encontrar un nuevo modelo de negocio, pero el hecho de que las redes P2P no estén consideradas ilegales en nuestro país no se lo pone nada fácil. La respuesta podría estar en los servicios de “streaming” como Spotify, que incluso han conseguido que determinados usuarios dejen a un lado las descargas, aunque los beneficios que reportan son bastante más reducidos, por lo que veo difícil que una multinacional se atreva a abrazar plenamente esta forma de explotación y olvidarse de todas las demás. Sin embargo, para una pequeña compañía independiente, esta opción podría ser del todo viable.

De todos modos, y como decía, todavía tendremos que esperar unos meses para ver si estos ligeros vientos de cambio se convertirán en un huracán que lo cambie todo a su paso o si, por el contrario, el paisaje será tan desolador como de costumbre. En verdad no es nada sencillo, pero si el Gobierno y las instituciones no pierden de vista el diálogo con los internautas, no veo por qué no podría establecerse un marco al gusto de todos.