Corría el mes de agosto de 2009, fracasado ya el “proceso de paz” de ZP, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba ponía negro sobre blanco los próximos pasos de ETA para conseguir estar presente en los ayuntamientos, importante fuente de financiación y, ante todo, de movilización social: «Lo que van a hacer, como está escrito, es dar paso a una Batasuna que dentro de unos meses saldrá diciendo que ella, Batasuna, se separa de la violencia, que tienen que ser legalizados porque van a convencer a ETA para que lo deje, porque lo que les preocupa de verdad es la ilegalización de Batasuna, es decir, su desaparición de las instituciones y, por tanto, hay que adelantarse a eso y decirles con toda claridad que Batasuna no estará jamás en las instituciones mientras ETA siga viva». Muy bien.

Pero pocos meses después el PSOE cambiaba su discurso. Eguiguren, presidente del PSE y muñidor de los encuentros gobierno-ETA-PSOE de la legislatura 2004-2008, no se cortaba y declaraba al diario “Público” a comienzos de 2010: “Lo que se haga debe ser en las instituciones vascas y entre los partidos vascos. Y para eso Batasuna tiene que resolver antes su problema, porque debe ser legal y estar en las instituciones. Ahí es donde tenemos que ir tomando decisiones. A eso me refería cuando he dicho que Madrid, sin olvidarse de esto, nos tiene que dejar este tema a nosotros. Los socialistas vascos lo podemos resolver. […]Hay que traer el problema al País Vasco porque así ha sido históricamente”. Eguiguren no ha sido desautorizado por su partido y Rubalcaba ha ido modulando su discurso. Loyola vuelve a estar de moda.

Y es que el PSOE, que se ha negado a revocar la infame declaración del Congreso de los Diputados y a expulsar a ANV de los ayuntamientos, lleva desde antes de Navidad -las asociaciones de víctimas enfrentadas entre sí- esperando un comunicado que permita al gobierno volver a engañar a los buenistas. Un comunicado para aceptar inmediatamente y de buen grado la tregua-trampa anunciada por Rubalcaba en verano de 2009. Una tregua-trampa santificada por “observadores internacionales”, que no son más que mercenarios que chapotean en sangre ajena. Todo ello con el único fin de que ETA pueda presentarse a las elecciones y que el gobierno, por su parte, pueda obtener réditos electorales y presumir de haber conseguido que “Batasuna condene la violencia” o incluso “acabar con ETA”. Porque, a diferencia de lo que el gobierno sostenía antaño, para que Batasuna vuelva a las instituciones a llevárselo crudito del bolsillo de sus víctimas ya no es necesaria la desaparición de ETA. Basta, como estaba planeado en su día y avisaba Rubalcaba, con una falsa condena de la violencia.

En este contexto recorría las calles del País Vasco este mismo fin de semana, autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, un aquelarre proetarra. Por supuesto, el dichoso comunicado, que debería llegar antes del 28 de enero, fecha límite para la inscripción de las candidaturas etarras, no apareció por ningún lado. Todo lo contrario: “sin amnistía no hay paz”, amenazaron los indeseables. Nueva decepción en el PSOE porque Batasuna, que es ETA, no se ha condenado a sí misma. Y esto último es lo más grave. Que los del PSOE sigan esperando algo de los asesinos.

A ver si se dejan ya de componendas ideológicas y apaños oscuros y van a por los criminales como deben de ir los demócratas, que no es ni con los GAL ni con la rendición, sino con todas las armas de la democracia, que son la ley, la Justicia y la policía. Y los batasunos, fuera de los ayuntamientos. Ya.