BOSTON - El derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense no tiene nada de sagrado. Pero tampoco hay ninguna razón fundamental de peso para cambiar más de un siglo de jurisprudencia constitucional.

La rebelión encabezada por los Republicanos que abandona las Legislaturas estatales para redefinir la Decimocuarta Enmienda y poner fin a la garantía de ciudadanía a cualquiera nacido en territorio nacional es una artimaña de proporciones épicas. Cuestiona de forma imprudente las competencias de la administración nacional para decidir quién es estadounidense, y al propio sistema federalista.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento no revestiría ninguna polémica real si tuviéramos una reforma integral que pusiera fin al actual nivel elevado de inmigración ilegal. Las noticias de turistas que vienen hasta aquí expresamente para tener un hijo estadounidense pueden ser irritantes, pero son anecdóticas y las cifras son demasiado escasas incluso para dar cuenta de ello.

El verdadero motivo de inquietud práctica son los alrededor de 4 millones de menores estadounidenses por nacimiento con uno o dos progenitores en situación irregular, y ellos nacieron en territorio de los Estados Unidos porque sus padres vinieron a este país a trabajar.

El concepto de "bebé ancla" que los nativistas dicen eleva la inmigración ilegal se equivoca. Un menor nacido aquí de padres que no son ciudadanos tiene que llegar a la madurez antes de poder solicitar la regularización del padre o de la madre, que aún van a tardar muchos años hasta recibir el permiso de residencia. En el caso de los adultos de México, China u otros lados que piensan en llegar ilegalmente a Estados Unidos, es un beneficio muy lejano para hacer grandes cálculos. Ellos vienen aquí en busca de necesarios puestos de trabajo.

Los legisladores estatales y los votantes tienen motivos para estar frustrados con la falta de acción de Washington a la hora de reparar nuestro sistema de inmigración, pero "Washington" son los congresistas y los senadores que nosotros enviamos allí. Tenemos que obligarles a hacer su trabajo.

Los sondeos muestran repetidamente que la mayoría de los estadounidenses conviene en la forma básica de la reforma de la inmigración. Incluiría un sistema legal de trabajo temporal que reemplazaría al programa ilegal oficioso que tenemos en vigor ahora. Ofrecería además una vía a la regularización o la ciudadanía a los alrededor de 11 millones de inmigrantes en situación irregular que ya residen aquí dentro de ese sistema oficioso. Y seguiría estrechando el cerco de nuestro sistema de orden público ya muy estrecho.

La combinación de un programa laboral legal y de medidas estrictas de control satisfaría las exigencias de los granjeros, los constructores, los fabricantes tecnológicos y el resto de empresas estadounidenses al tiempo que impediría a los inmigrantes en situación irregular llegar aquí.

Este arreglo lleva tiempo al alcance de la mano, a falta tan sólo de que Republicanos y Demócratas en el Congreso se puedan distanciar de sus electorados radicales respectivos y responder a lo que quiere la mayoría de los estadounidenses.

En lugar de eso, se nos conduce ahora a un innecesario circo político en torno al derecho a la ciudadanía por nacimiento interpretado por conservadores equivocados en nuestras Legislaturas estatales, que en su mayor parte van a buscar las cosquillas al Presidente Obama y los Demócratas.

Limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento tiene sentido a primera vista. ¿Por qué debe un menor nacido de un turista en suelo estadounidense ser ciudadano estadounidense automáticamente en un mundo moderno de transporte fluido, por ejemplo? La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, se desprende de garantizar la ciudadanía de los esclavos liberados tras la Guerra Civil y los hijos de los inmigrantes cuando la nación todavía estaba abierta al asentamiento. Pocos países son tan generosos en la actualidad.

Es el Tribunal Supremo el que con regularidad ha dado una interpretación abierta al requisito de la Enmienda de que la ciudadanía se aplique a "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos".

En la medida que los defensores de los inmigrantes se oponen a ceder, el presidente hará bien en no resignarse a aceptar las consecuencias de los errores defendiendo la interpretación del Supremo. En lugar de eso, debería de exponer argumentos constitucionales racionales que adviertan de proceder con cautela, y dialogar con un senador Republicano que viene haciendo lo mismo: Lindsey Graham, de Carolina del Sur. Graham convocaba el año pasado vistas para explorar la posibilidad y la forma de proceder a alterar el derecho a la ciudadanía, incluyendo la presentación de enmiendas a la constitución, un proceso a largo plazo.

Las leyes de ciudadanía estatales "modelo" que crean distintos tipos de partidas de nacimiento difundidas esta semana por legisladores Republicanos de Arizona, Pennsylvania, Oklahoma, Carolina del Sur y Georgia - rumoreándose que legisladores de hasta 40 estados las respaldan -- carecen de precedentes en su ataque estatal coordinado contra las competencias federales. Serán repelidos casi con total seguridad por los tribunales por motivos federalistas, sin tan siquiera abordar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Por eso es aún más irresponsable.