Tristeza, preocupación y vergüenza. Es lo que siento después de la aprobación de la ley de persecución de los fumadores. Ley que no es antitabaco porque el tabaco sigue siendo legal, caro y un buen ingreso para las arcas del mayor narcotraficante de nicotina, alquitrán y demás sustancias nocivas y adictivas del pitillo, que es el Estado. Estado totalitario que defienden todos los partidos. Porque todos votaron a favor de esta ley liberticida. La ley de la delación.

Evidentemente, pese a no ser fumadora y porque el tema no es si se fuma o si no se fuma, me opongo radicalmente a una ley injusta que por tanto no es ley, ya que la ley no es justa por ser ley sino que es ley si es justa. Ley que vulnera la propiedad privada y fomenta el chivateo. Por supuesto, no quiero que se legisle para prohibir aquello que me molesta, empezando por los niños y adultos maleducados que se hartan a pegar gritos en los restaurantes. Tampoco quiero prohibir el alcohol, ni el aire acondicionado, ni el tabaco, todos ellos perjudiciales para la salud y con consecuencias para terceros. No, la cuestión no es que yo sea, que soy, abstemia o que un conductor borracho pueda matarme en carretera. O que yo no fume y me moleste el humo. O que el aire acondicionado le siente tan mal a mis vías respiratorias que lo evito siempre que puedo, incluso en verano cuando arrecian los cuarenta grados. La cuestión es la libertad. Libertad para elegir. Responsabilidad individual que no puede dejarse en manos del Estado. Las leyes moralistas que imponen conductas son propias de las dictaduras. Como la franquista.

Lo más preocupante es saber que en España hay cientos de chivatos resentidos dispuestos a fastidiar la vida al vecino. Y no me vengan con el argumento hipócrita y manoseado de que antes eran “obligados a tragar humo”. Lo cierto es que, que yo sepa, a nadie se ha obligado jamás entrar en locales de ocio a sufrir. Si entraban es porque valoraban la situación y decidían que les compensaba entrar. O no entrar. No pretendan, pues, imponer al dueño de un negocio normas que meten la mano en su caja y enfrentan a los ciudadanos.

Decía pocas horas después de entrar en vigor la ley del “divide y vencerás” de la clase política Pérez Reverte en su Twitter: “Este país no necesita que lo hagan todavía más miserable, de puñaladita y denuncia. De "ha sido él" y "yo no he sido". No merecemos ser así”. Efectivamente. Basta con ver la saña con que los nuevos talibanes arremeten en la red de redes contra los fumadores, los nuevos judíos de lo políticamente correcto. O contra José Eugenio Arias, el Howard Roark de Guadalmina, propietario de un asador que se ha negado, haciendo uso del derecho de resistencia frente a una ley injusta, a cumplir con el despojo legal. Y eso que la socialista Junta de Andalucía se ha apresurado a amenazarlo con hasta 600.000 euros de multa. Que es una multa que supera con mucho las indemnizaciones que se imponen a un etarra, perdón, hombre de paz, por asesinar a un inocente por la espalda. Tampoco se indemniza con dicha cantidad a las víctimas de accidentes de tráfico. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Imponer multas que obliguen a cerrar el baro o restaurante a los disidentes?

No extraña ni el apoyo de medio país que está recibiendo el hostelero marbellí, ya secundado por otros en toda España, o que comiencen a aparecer en restaurantes de la capital cercanos a la sede de la soberanía nacional carteles que avisan que, en uso del derecho de admisión, no servirán a políticos.

Debería extenderse tal iniciativa al todo el país. Reservado el derecho de admisión: no se admiten políticos. Otro gallo nos cantaría.

Otrosí. FACUA es una organización que se ha llevado medio millón de euros en subvenciones y que se ha puesto a la cabeza de la política de enfrentar a una parte de consumidores con otros y de la delación, por mucho que tan a la realidad ajustado término moleste a su presidente, Sánchez Legrán. La dirección de FACUA se muestra orgullosa, qué vergüenza, de haber recibido y tramitado mil denuncias en poco menos de 48 horas. Imagino que a estas horas hasta el último socio-fumador se habrá dado de baja de la organización. Hay otras, como la OCU, que no van a ejercer de chivatos. Tomen nota.