CARTAGENA, Colombia - El Presidente Obama debería encabezar una delegación de líderes sindicales estadounidenses y defensores de los derechos humanos hasta este paraíso caribeño, no para maravillarse ante las impresionantes fortalezas coloniales sino para adentrarse en los barrios pobres de chabolas y nombres creativos como uno llamado Boston.

Lo que descubriría es que hay varios cientos de miles de desplazados a consecuencia de la longeva guerra de guerrillas de Colombia y muchos más a consecuencia de los tres últimos meses de extraordinarias inundaciones y corrimientos de tierra que arrastraron casas, carreteras, granjas y hasta aldeas enteras consigo en una catástrofe a cámara lenta que los meteorólogos dicen podría prolongarse hasta mayo.

Alrededor de 2,2 millones de colombianos han visto afectadas sus vidas, según el nuevo gobierno popular del Presidente Juan Manuel santos, que ha tenido que laminar sus ambiciosos planes de desarrollo para centrarse en la recuperación que ahora espera que cueste cuatro años como máximo. El estado limítrofe de Bolívar ha sido el más afectado.

Entonces Obama y su séquito estadounidense de gente con buenas intenciones debería bajar su cabeza en gesto de vergüenza. Ellos fomentan las condiciones de miseria.

Lo hacen obstaculizando el trámite de un acuerdo de libre comercio aprobado hace cuatro años y aún pendiente de ratificación en el Senado. Sus acciones tienen poco que ver con los derechos humanos que proclaman practicar a los cuatro vientos y mucho con ideología y política. La ideología va contra todo lo que tenga indicios de intercambio más libre. La política es la oposición a George W. Bush y Álvaro Uribe, los presidentes que cerraron el acuerdo.

Una ironía que alguien verdaderamente benefactor encontrará amarga es que, dentro del programa temporal de lucha contra el tráfico andino de estupefacientes, Colombia ha disfrutado durante casi los últimos 19 años de total acceso al mercado que ofrece el acuerdo comercial. En la práctica, son las empresas estadounidenses y la mano de obra las que se beneficiarán del acceso al mercado colombiano que ahora no tienen.

El interés de Colombia es que el acuerdo comercial haga permanente su acceso al mercado estadounidense, dando confianza a los inversores que el país necesita con urgencia a medida que intenta financiar el realojo de más de 1 millón de personas desplazadas por el conflicto, pagar indemnizaciones a las víctimas de la violencia, financiar sus investigaciones judiciales en permanente crecimiento y cada vez más eficaces y otras medidas parecidas que son capitales para los derechos humanos reales.

La inversión también es necesaria para levantar una infraestructura moderna de autopistas, vías ferroviarias, telecomunicaciones y abastecimiento eléctrico asequible que Colombia necesita con desesperación para ser económicamente competitiva pero que ha sido incapaz de lograr a causa de la guerra, y ahora los desastres naturales. El desarrollo económico que eleva el nivel de vida hasta una cota decente en los barrios urbanos pobres y las aldeas rurales también es un derecho humano.

El derecho que colectivos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, dentro de su alianza con la federación de sindicatos industriales AFL-CIO, dicen estar protegiendo está relacionado con el asesinato de sindicalistas. A fecha del 11 de noviembre, según la principal federación sindical colombiana, 38 sindicalistas perdieron la vida este año. Pero mientras que cifras significativas de casos así han terminado siendo investigados y resueltos con sentencias condenatorias por el sistema judicial de Colombia muy profesional, contados son los asesinatos resueltos que han sido relacionados con la actividad sindical. Lo que es más importante, nada indica que haya una campaña anti-sindical sistemática, y no hablemos de la complicidad del gobierno.

Los asesinatos, en otras palabras, parece ser casos aislados, teniendo normalmente más que ver con crímenes pasionales o delincuencia común en un país cuya cultura de violencia es tal que la tercera parte de todos los crímenes a nivel nacional este año se debieron a rencillas, informaba esta semana la Policía Nacional.

Los grupos de derechos humanos están cumpliendo la voluntad de la federación de sindicatos industriales AFL-CIO, que a su vez no está defendiendo el interés de sus afiliados. Juntos, han intimidado al presidente y a los congresistas Demócratas para que el acuerdo comercial ni siquiera llegue a ser sometido a votación.

Lo que suena hueco es su tentativa de achacar a los Republicanos la culpa, como hizo el presidente interino del grupo Robert Gibbs cuando dijo el 17 de diciembre que Obama no iba a remitir el tratado de Colombia al Senado "porque no tiene los votos".

Colombia ha pagado un considerable precio en sangre librando nuestra guerra contra la droga y las guerrillas, cuyos clientes son sobre todo estadounidenses. Santos encabeza un gobierno de unidad nacional y tiene índices de popularidad de hasta el 90 por ciento. ¿Qué hemos hecho para ayudar? El Congreso prorrogaba la semana pasada el acuerdo colombiano preferente a punto de expirar otras seis semanas más, generando aún más incertidumbre a la economía colombiana.